“No hubo ni un juez, ni un fiscal, ni nadie que haya escuchado que mi hija no estaba perdida sino que estaba desaparecida”, expresó Marta Ramallo en una conferencia de prensa brindada este mediodía. Denunciaron la falta de recursos de la Policía Aeroportuaria aportada para la búsqueda de la joven
Pasaron 22 meses de movilizaciones, radios abiertas, pintadas de murales y decenas de actividades que exigían la aparición con vida de la joven Johana Ramallo, quien fue vista por última vez en la estación de servicio de calle 1 y 63, sin embargo, la investigación de la justicia federal se desenvolvió de la peor manera. Marta confirmó durante la última marcha del domingo 26 de mayo que los restos hallados en agosto de 2018 en la zona de Palo Blanco (Berisso) coinciden con el ADN de Johana.
Durante una colmada conferencia de prensa, Marta y su abogado Víctor Hortel denunciaron el paso lento de la justicia, los pocos recursos aportados por el gobierno para la búsqueda de Johana, la participación de una entramada red de trata de nuestra ciudad y la responsabilidad del Estado.
“La justicia federal todavía no tiene la capacidad de buscar a chicas como Johana. Hay un déficit en el sistema”, manifestó el letrado. Al tiempo que describió: “en la causa no solamente está Marta, la querella, también hay una fiscalía, una Protex, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, un montón de organismos, y nadie pudo hacer nada”. “Ninguna estructura del estado”.
Marta contó con su inmenso dolor que todos los días desde que se levantaba reclaba por su hija: “se la reclame durante 21 meses, al juez y al fiscal, que la encuentren con vida. Que investiguen la zona, cada uno que estaba nombrado como testigo, lo aporte yo”. “No hubo ni un juez, ni un fiscal, ni nadie que haya escuchado que Johana no estaba perdida sino que estaba desaparecida”.
¿Será por ineficacia de la justicia? ¿O bien, las redes de trata tienen complicidades con los organismos estatales? Cabe recordar que a los dos meses la causa que estaba en manos de la Fiscal de la UFI 2, Betina Lacki, menguó a la competencia de los Tribunales Federales, en un primer momento a cargo del juez subrogante Ernesto Kreplak, y en abril de este año el magistrado Adolfo Ziulu tomó el caso.
En cuanto al tiempo perdido desde que se hallaron los restos en Palo Blanco, agosto de 2018, hasta hace unos días que las pesquisas dieron positivo, el abogado afirmó que “hubo descoordinación entre el juzgado federal y la UFI que estaba a cargo del hallazgo de los restos todo eso hizo que se demorara”.
El letrado apuntó contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien debía aportar recursos y realizar el seguimiento de la investigación y búsqueda de la joven. No hubo “colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación. El juzgado pidió ese trabajo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria quien dijo que no tenia los recursos humanos para hacerlos durante tantos días”, aseguró Hortel. Y agregó que vio los oficios del juzgado federal exigiéndole a Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, esos recursos pero nunca hubo respuestas a lo solicitado.
“Nuestras pibas no desaparecen, a nuestras pibas las desaparecen un poder judicial patriarcal. El Estado responsable, pero la mayor responsabilidad la tiene un juez o un fiscal por no sacar las medidas de carácter urgente que muchas veces le hemos pedido”, sentenció Marta. “Las comisarías también son responsables”.
Actualmente, la causa no tiene a ningún funcionario involucrado por encubrimiento o mal desempeño de su función. Sin embargo, el letrado de la querella aseguró: “nosotros entendemos que nada de esto no pudo haber ocurrido si no hay participación policial, siempre están vinculados de alguna manera a la red de trata, a las zonas rojas, a los negocios y comercios que esta alrededor de la explotación de la mujer”. Aclaró que no hay una línea de investigación solida en ese sentido, “hay alguna referencia, que trataremos de profundizar”.
“La hipótesis más fuerte para nosotros es el funcionamiento de una red de trata. Están investigando una participación de una red de trata pero no han encontrado pruebas suficientes”, aseveró Hortel.
“Yoa”, como le decía su mamá, tenía 23 años cuando fue vista por última vez en la estación de servicios. Hacía un mes se había separado de su marido y con quien tuvo una hija, Mailen, de 7 años. “Era la alegría de la casa, le gustaba tomar mate, escuchar música y jugar a las cartas. Le gustaba disfrutar la vida, la libertad, nunca se quedaba encerrada”, dijo Marta en una entrevista exclusiva con Pulso Noticias a un año de la desaparición.
“Mi hija no necesitaba morir como murió. No necesitaba estar secuestrada por una red de trata durante un año y después que la descuarticen, y sacarles sus sueños y sus metas”, expresó Marta durante la conferencia. Y dejo bien en claro que “Johana no se perdió, la desaparecieron. Johana no murió, la mataron”.
En una mesa acompañada por familiares y víctimas de la represión estatal y de femicidios, Marta aseguró que la lucha continua hasta que se encuentren a cada uno de los culpables del femicidio de Johana, “no voy a parar hasta que paguen los culpables”.
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