A 43 años del Golpe: el Mapa regional del Genocidio

Entre La Plata y Ensenada funcionaron al menos 25 Centros Clandestinos de Detención, en los que se desarrollaron detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, asesinatos y sepulturas ilegales. Todavía hay mucha información sobre ellos que permanece oculta. Uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de apertura de los archivos de las fuerzas armadas

Por David Barresi

En Argentina hubo alrededor de 750 Centros Clandestinos de Detención (CCD) en un período que no sólo abarca a la última Dictadura, sino que comenzó antes. Según consta en el Archivo Nacional de la Memoria, en 1973 ya se registraban desapariciones forzadas de personas, en el marco de lo que luego se conocerá como el último Plan Sistemático de Exterminio o Genocidio llevado a cabo en el país (el primero había sido el de los pueblos originarios).

A 43 años del inicio del Golpe Cívico-Militar-Eclesiástico, todavía es difícil describir con exactitud qué fue lo que pasó en cada uno de esos lugares, cuántas personas pasaron por los mismos, el rol concreto que tuvieron de acuerdo al momento en que se lo analice, entre otro conjunto de datos que permitirían construir memoria y verdad con mayor exactitud y profundidad.

Si se mira el plano nacional de los CCD, se puede observar que la mayor concentración de los mismos recorrió Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Zárate, Campana, Escobar, la zona norte del conurbano bonaerense, Tigre, la zona oeste, hasta llegar a La Plata y Ensenada. A este trazado los militares lo denominaron “la serpiente roja”, y tiene una lógica: los centros se diseminaron alrededor de las fábricas y los establecimientos universitarios. El Golpe tuvo entre sus objetivos exterminar la organización que habían alcanzado la clase trabajadora y el movimiento estudiantil, para imponer una transformación estructural del modelo económico, cultural, político y social.

En la región, el Mapa del Genocidio se compuso por 25 Centros Clandestinos de Detención distribuidos entre La Plata y Ensenada. Formaban parte de lo que se conoce como el Circuito Camps, dado que los Comandos de Operaciones Tácticas que operaban en la zona estaban al mando del general Ramón Camps, jefe militar de la Policía Bonaerense.

Los CCD cumplieron un rol específico en la estructura represiva que se caracterizó por la clandestinidad y el secreto del uso de sus instalaciones, que fueron especialmente constituidas o adaptadas para alojar prisioneros en gran número y por períodos prolongados (en algunos casos también acondicionadas para la realización de partos clandestinos), en los que se realizaron interrogatorios sistemáticos acompañados de torturas, y la aplicación desde o en sus dependencias del “destino final” de los prisioneros (con ese nombre los militares se referían a la ejecución de personas, la desaparición de sus cuerpos, las inhumaciones clandestinas o administrativas como cuerpos NN, la incineración o destrucción de sus restos).

A su vez, estos lugares se pueden clasificar según la función que tuvieron: algunos fueron sólo de detención, otros fueron utilizados específicamente para llevar a cabo violentos interrogatorios acompañados de tormentos, otros funcionaron como depósitos de detenidos, otros con la finalidad de exterminio, había algunos meramente de tránsito, otros que eran maternidades clandestinas, otros formaban parte del Plan Cóndor, y otros fueron puntos de apoyo sanitario (que alojaron ocasionalmente personas secuestradas o donde se realizaron también partos clandestinos). En sí, la clasificación depende del momento en que se lo analice y el Comando de Operaciones que lo habitó en un determinado momento.

Las dificultades de la reconstrucción

De los 25 que hubo en la región, sólo ocho fueron hasta el momento señalizados en el marco de la Ley 26.691 de Sitios de Memoria (uno de ellos ayer, la Brigada de Investigaciones), y de éstos, apenas tres fueron declarados Espacios de Memoria. “Esto permite que se investigue fuertemente un lugar, sus diferentes temporalidades, patotas que lo habitaron, ampliar el grupo de detenidos que pasaron por ahí y poder poner en relación los datos y los listados que tienen cada uno de estos lugares, para poder pensar qué circuitos eran sistemáticos, cuáles eventuales, y qué otras situaciones contextuales estaban pasando alrededor de ese lugar”, explicó Julia Araneta, trabajadora del Área Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia,
a Pulso Noticias.

Una de las grandes dificultades para reconstruir los datos de cada uno de estos sitios es que los militares jamás rompieron su pacto de silencio, y ningún gobierno hasta ahora se animó a abrir los archivos de las Fuerzas Armadas. La mayor cantidad de información para poder dar cuenta de lo que sucedió en los CCD fue aportada -y lo sigue siendo en cada juicio por delitos de lesa humanidad- por ex detenidos desaparecidos, sobrevivientes, familiares, y el invalorable trabajo realizado por los organismos de Derechos Humanos.

“Lo tarde que empezaron los juicios, lo lento que van, la falta de recursos que hay puestos en los juzgados y tribunales para que los juicios se puedan hacer más rápido, la falta de coordinación entre el estamento estatal judicial y el resto de los órganos del Estado que investigan, incluyendo la Universidad, son factores que juegan en contra para construir la verdad. Sucede a veces que entre distintos organismos por ahí manejamos las mismas hipótesis pero no hay entrecruzamiento”, señaló Gisela Di Matteo, otra trabajadora del mencionado organismo.

De hecho, en ese Área comenzaron en 2008 a realizar un nuevo relevamiento de los CCD que hubo en territorio bonaerense y lograron ampliar la cantidad de los que había certificados hasta ese momento, que eran apenas 120. De ese trabajo surgió que en realidad, en la Provincia hubo al menos 239, con la hipótesis de otros tantos que todavía resta corroborar.

Recién ahora, en base a los espacios que fueron declarados Sitios de Memoria, se está empezando a trabajar sobre la particularidad de cada uno de esos lugares. En algunos casos como la Comisaría Quinta, el Pozo de Arana o la Brigada de Investigaciones, la sistematización de la información está más avanzada, pero en otros, como el ex-BIM III (donde actualmente se encuentran funcionando las Facultades de Humanidades y Psicología de la UNLP), no hay prácticamente ningún trabajo iniciado.

Dentro de los 25 CCD que hubo en la región, la mayoría eran dependencias de la Policía Bonaerense. Pero también había otras del Ejército (como el Batallón 601 o el Regimiento Nº 6), la Armada (BIM III o la Escuela Naval Militar), Prefectura, espacios pertenecientes al Estado provincial (como el caso de la Estancia “La Armonía” o el Astillero Río Santiago) e incluso un lugar que era propiedad de un símbolo de la pata civil de la dictadura: Propulsora, la empresa del Grupo Techint.

En algunos casos se pudo comprobar la existencia de sepulturas clandestinas como en el Destacamento de Arana, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró en 2008 restos óseos pertenecientes a 14 personas. En otros, como la Brigada de Investigaciones, Comisaría Quinta y la Unidad Penal 8, está probado que funcionaron como maternidades clandestinas. También se estableció en los respectivos juicios que La Cacha y la Comisaría Quinta funcionaron como espacios de detención y tortura, al igual que otros de los lugares del listado.

Sin embargo, todavía falta mucha información por conocer, analizar y sistematizar. No sólo los archivos de las fuerzas armadas continúan bajo llave, también lo están los de la Curia local, en cuyos registros habría información valiosa según lo han indicado distintos testimonios. Tampoco existe a nivel nacional ningún registro de los lugares en donde funcionaron las oficinas de inteligencia, otra de las estructuras claves en el andamiaje del terrorismo de Estado. En cada uno de estos sitios que forman el Mapa del Genocidio, y que los organismos de Derechos Humanos siguen dando batalla por preservar, la verdad sobre el período más oscuro de nuestra historia sigue latiendo a la espera de ser develada.

En la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, hay áreas que se encargan de hurgar en archivos, analizar los datos que se arrojan en cada juicio por delitos de lesa humanidad, vincular la información que existe en distintas dependencias estatales o recibir testimonios de testigos o vecinos. Allí, sus trabajadoras afirman que los datos sobre los CCD que existieron en el país fueron recopilados en primera instancia por el denominado “Juicio madre”, que fue el Juicio a las Juntas a mediados de los ‘80, a través del trabajo de la Conadep. Luego a fines de los ‘90 la información se amplió con los Juicios por la Verdad, instancias que si bien no producían condenas (ya que estaban vigentes la Ley de Obediencia Debida y Punto Final) sí arrojaron más información sobre el desarrollo del terrorismo del Estado.

En aquellos momentos se contabilizaron 500 CCD en todo el país, de los cuáles 120 estaban ubicados en la Provincia de Buenos Aires. El “Juicio madre” en territorio provincial había sido la denominada “Causa Camps”, que permitió recabar esos datos. Sin embargo, todavía falta reunir mucha información.

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