Un informe publicado por HIJOS La Plata grafica el estado de situación de las causas judiciales por los crímenes de la última dictadura cívico militar. Afirman que los procesos están asediados por distintos factores como “el estiramiento indefinido a favor de la impunidad biológica de los genocidas” o “las medidas ilegítimas como el 2×1” o “las domiciliarias”. También analizan las consecuencias de la llegada de Carlos Rosenkrantz a la Presidencia de la Corte
Un informe publicado por HIJOS La Plata en la última semana del 2018, a modo de balance anual, alerta por el estancamiento general de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en base a varios problemas que ya se venían evidenciando durante los años anteriores y que ahora se agudizaron.
“El estado actual de los juicios a los genocidas, que hace 6 años viene languideciendo por falta de impulso y consolidación, se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella que significa el proceso judicial y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva”, señalan y afirman: “Mauricio Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, está enterrando la posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida”.
A la hora de analizar las estadísticas, el informe indica que desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 10 de diciembre de 2018 “el Estado argentino efectivizó 213 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 214 juicios hubo 1.416 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.233 condenas sobre 897 represores y hubo 162 absoluciones por un universo de 7.231 víctimas”.
En ese sentido, explican: “Esto quiere decir que en 12 años de juicios alrededor del 47% del total de los 3.081 imputados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 29% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los más de 530 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año”.
Además, remarcan que “tomando como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.081 imputados siguen representando una investigación sobre el 1,5% del total de los responsables y los 897 condenados menos de 1,5 represor por cada CCD”.
A su vez, agregan el dato insoslayable de que un porcentaje altísimo de represores andan sueltos: más del 50% de los que están detenidos “goza del beneficio de la prisión domiciliaria, es decir más de 641 genocidas. Se suma a ello el dato de que unos 1.300 represores imputados en estas causas están en total y completa libertad”.
En tanto, remarcan que “con un pico de actividad en 2012 los juicios a los genocidas vienen decreciendo desde entonces tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido incrementar aquel tope de dos decenas y media de juicios cada año, ya que de 25 juicios en 2012, pasamos a 24 en 2013, 20 en 2014, 21 en 2015, 19 en 2016, 25 en 2017 y 17 en 2018”.
Por otro lado, analizan también la llegada de Carlos Rosenkrantz a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual afirman que marca “un nuevo escenario” que tiene “ribetes especiales en las causas de lesa humanidad”. El magistrado fue el mentor del fallo que intentó aplicar la figura del 2×1 para los genocidas, “con una ley sancionada mucho después de que se cometieron los crímenes de la dictadura genocida y derogada antes de que el represor que la invocó fuera privado de su libertad”.
“Sólo el rechazo total a la medida desde sectores judiciales, académicos, políticos, sociales y de los organismos de DDHH, pero esencialmente la multitudinaria movilización (…), logró echar atrás la decisión con una ley del Congreso que impidió su aplicación. Sin embargo el hecho se propagó como un reguero de impunidad porque decenas de represores pidieron su aplicación en todo el país, y alertó sobre la posibilidad cierta de que más de 270 genocidas quedaran libres si se daba curso al pedido”, señalan.
En esa línea, alertan por “otro fallo de la justicia platense” con fundamentos ampliamente cuestionables, en referencia a la determinación del juez Germán Castelli al analizar la situación del genocida Miguel Etchecolatz afirmando que “se encuentra cercano a cumplir 21 años en detención y le resta poco más de 4 años para agotar su pena y el presente proceso no añadirá otros tiempos de detención. A esta altura, debemos preguntarnos qué interés puede tener el nombrado en eludir la justicia, frente a dicho favorable panorama penal y, en último caso, constitucional. El suscripto no aprecia ninguno y ello coadyuva a la concesión de la prisión domiciliaria”.
Ante ese argumento, los integrantes de HIJOS La Plata, contestan: “¡21 años de detención! ¡Y a cuatro de agotar su pena! A rigor de verdad, el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de 23 años del juicio de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990. Luego fue detenido en abril de 2001 por la causa Gallo-Sanz y, tras recibir más procesos y condenas, nunca recuperó la libertad total. Ahora pensar que lo de Castelli es sólo un dislate matemático que ni siquiera cierra tomando la fecha inicial de detención de 2001, ya que los 21 años se cumplirían en 2022, nos impide pensar que aquí lo que se juega es el sentido amplio de los procesos contra los genocidas de la última dictadura”.
En este complejo escenario, desde la agrupación concluyen que “va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio”.
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