La Comisión Provincial por la Memoria aseguró que el caso “muestra con total crudeza la brutalidad y discrecionalidad de las policías en el uso de sus armas”, y que el hecho “debe pensarse en un marco de profundización de los operativos policiales violentos y persecutorios contra cuidacoches y vendedores ambulantes”
El jueves por la madrugada el oficial del Comando de Patrulla de La Plata Arturo Salazar asesinó de dos disparos a quemarropa a un cuidacoche en la esquina de 4 y 50. El agente rápidamente comenzó a montar el escenario para argumentar que lo había hecho en su “legítima defensa”, pero su versión no tiene ningún sustento probatorio. Fue desafectado de la fuerza, está detenido y acusado de “homicidio agravado”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que tuvo acceso al expediente, calificó el hecho como “un nuevo caso de gatillo fácil”.
Los disparos de Salazar fueron realizados a corta distacia con su escopeta de postas de goma, fueron tres y dos impactaron en el pecho de la víctima, que falleció horas después en el hospital San Martín.
“La versión policial señaló que el oficial Arturo Salazar y su compañera de fuerza, Belén López, llegaron a bordo de un móvil del Comando de Patrullas de La Plata para atender un llamado al 911, que alertaba sobre una pelea callejera entre dos cuidacoches. Según los policías, cuando arribaron a 4 y 50, uno de los cuidacoches se escapó corriendo, el otro quiso enfrentarlos con un cuchillo y Salazar disparó para persuadir. Las primeras pruebas que constan en la causa desmienten esta versión”, señala un comunicado de la CPM.
En ese sentido, agrega: “No hay prueba en el expediente que acrediten que el joven asesinado tenía un cuchillo, mucho menos un arma que pueda poner en riesgo la vida de los policías o de terceros. Tampoco está acreditado que esa pelea haya existido, el llamado al 911 habría sido luego del ataque policial y no antes, y la víctima sólo tenía las heridas por los disparos de bala de goma”.
Para el organismo, se trata de “un nuevo caso de gatillo fácil” que “muestra con total crudeza la brutalidad y discrecionalidad de las policías en el uso de sus armas. Este asesinato, además, debe pensarse en un marco de profundización de los operativos policiales violentos y persecutorios contra cuidacoches y vendedores ambulantes en la capital provincial. Y debe agregarse a esto, que los discursos del gobierno nacional promoviendo el uso ilegal de la fuerza por parte de las policías generan condiciones que propician estos resultados”.
A su vez, señala que durante las primeras horas posteriores al asesinato, la misma policía bonaerense tuvo control de la escena del crimen. Recién cuando interviene la Unidad Fiscal Nº17, a cargo de María Di Lorenzo, se ordena aplicar la resolución 1390, que indica que debe apartarse a la fuerza policial involucrada de la investigación del hecho.
“Los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima realizada por Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia y las pericias a las armas reglamentarias a cargo de Gendarmería Nacional parecen confirmar que Salazar actuó con intención homicida”, señala la CPM, que realizó una presentación en Asuntos Internos y se acercó a la fiscalía interviniente para pedir informe circunstanciado de la causa, los hechos y los imputados, y solicitar el estricto cumplimiento de la resolución 1390 y la ley 14.687 para desligar a la Policía Bonaerense de la investigación.
“La brutalidad del hecho obliga a actuar de manera rápida, sin dilaciones que entorpezcan la investigación. Al mismo tiempo, la CPM vuelve a manifestar preocupación por la creciente violencia que la policía despliega en los territorios contra los sectores más vulnerables, entre ellos las y los trabajadores de la economía informal”, remarcó el organismo.
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