Por José Luis Carretero Miramar* para Pulso Noticias
La fiscalía española ha presentado una petición de 25 años de cárcel para el líder independentista catalán Oriol Junqueras, así como de 17 y 11 años para el resto de acusados de organizar el referéndum y la declaración política de independencia de Cataluña de octubre de 2017. Según la fiscalía, los acusados habrían cometido un delito de rebelión, incluido en el artículo 472 del Código Penal, que persigue a quienes “se alzaren violenta y públicamente” para determinados fines, entre los que se encuentran “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” o “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”.
Podría parecer la aséptica calificación jurídica de unos hechos presuntamente delictivos por parte del organismo público encargado de la acusación en nombre de toda la sociedad. Pero hay dos circunstancias que llaman poderosamente la atención. En primer lugar, la abogacía del Estado, dependiente del gobierno, no ha presentado acusación por rebelión frente a los mismos hechos, sino por sedición, un tipo penal menos agravado que excluye la violencia; en segundo lugar, el autor principal del presunto delito (el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Puigdemont) no va a ser juzgado en este juicio, por encontrarse en rebeldía, pero en una especialísima situación de rebeldía: todo el mundo sabe dónde se encuentra, y la Justicia española obtuvo su detención, para retirar después la orden de entrega que había pedido a las autoridades alemanas. Es decir, Puigdemont no es, en estos momentos, un prófugo de la justicia, ya que la Justicia española no pretende su detención y entrega, conociendo su domicilio actual.
Mucho tiene que ver con todo esto la evidente sobreactuación de la Justicia española ante unos hechos que bien pudieran entenderse como una simple declaración parlamentaria que nunca tuvo intención de derivar en efectividad jurídica alguna. La acusación de rebelión no se sostuvo ante la Justicia alemana, cuando se pidió la entrega de Puigdemont, ya que el elemento de la violencia ha estado absolutamente ausente en las reclamaciones independentistas, que, en ruptura o no con el orden constitucional, se han mantenido siempre dentro de los cauces marcados por una clase política, hegemónicamente burguesa, que ha sido una parte nuclear del propio régimen español hasta muy recientemente.
No es este el único asunto que llama la atención en el desempeño de la Justicia española en las últimas semanas. El día 5 de noviembre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en reunión de urgencia, deberá pronunciarse sobre quien ha de pagar un importante impuesto en los contratos hipotecarios. Parece algo normal, pero no lo es: esta reunión ha sido convocada de manera enormemente extraña, es más, escandalosa. El pasado 18 de octubre, una sentencia de esta misma sala indicaba que dicho impuesto debía ser pagado por los bancos. En menos de 24 horas, el presidente de la sala imponía una reunión para reescribir una sentencia ya firme, “dada la repercusión económica y social” de la misma. Sin apoyo legal claro, ante una masiva caída en Bolsa de las entidades bancarias, la Justicia se levantaba la venda para ver quién era el afectado por sus decisiones y decidía sentarse a ver si podía cambiarlas.
Estas polémicas decisiones no llamarían tanto la atención si no contrastaran con antecedentes curiosos. Las peticiones de penas para los políticos y activistas catalanes, que se encuentran en prisión provisional, son inferiores a las penas en su día solicitadas e impuestas a los autores del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles armados ocuparon el edificio del Congreso y retuvieron a los diputados mientras disparaban, y otros militares sublevados sacaban los tanques a las calles. La sensibilidad de la sala tercera del Supremo ante la “repercusión social” de sus decisiones cuando son desfavorables a las entidades financieras contrasta fuertemente con los cientos de miles de desahucios que una Justicia impertérrita ha ejecutado en tiempos de crisis, y que han venido acompañados de miseria, suicidios y violencia y detenciones policiales.
Parece, pues, que en España hay una Justicia para unos y otra para otros. La Diosa de ojos vendados se muestra muy atenta a quienes son los destinatarios de sus acciones. No es de extrañar, en todo caso. La llamada Transición española, que dio origen a la Constitución vigente, no vino acompañada de depuración democrática alguna en los cuerpos policiales ni en la judicatura. El corporativismo de una profesión elitista donde abundan las familias de abolengo y las sectas ligadas al poder como el Opus Dei, hicieron el resto. La práctica ausencia de mecanismos de separación de poderes efectivos en una Constitución pacata, que liga los más altos puestos del gobierno judicial al partido del gobierno, terminó de decorar el pastel, con la inestimable ayuda de la situación de excepción jurídica autoinfligida con la excusa de la lucha contra el terrorismo, que permitió ensayar diversos mecanismos de limitación de los derechos civiles.
En tres días, tras la sentencia del 18 de octubre que imponía el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados a la banca, las entidades financieras perdieron 8.196 millones en la Bolsa. Una razón poderosa para activar todas alarmas de una casta judicial ahíta de privilegios y muy vinculada con la oligarquía patria. Téngase en cuenta cuando se analiza el por qué de sus decisiones. Incluyendo, por supuesto, la dureza desplegada en la aplicación de la legislación aprobada durante la crisis para amordazar a los movimientos sociales. Un tuit a destiempo, es hoy más caro, en términos penales, en España, que la apología abierta de la dictadura franquista o que haber pertenecido al cuerpo de torturadores de la misma.
Reclamaba Eduardo Barriobero, abogado español de sindicalistas, republicano federal y escritor prolífico y transgresor, a principios del siglo XX, “que los tribunales no vuelvan a ser como los perros de cortijo, que sólo ladran a quien va mal vestido”. Hemos de reconocer que en España la mayoría vestimos muy mal y que los mejores togados, los que debían de defendernos de la injusticia, no han dejado de corretear alrededor de la casa del amo.
Quizá por decir cosas como esas mataron a Barriobero, a la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, en 1939. Quizás la Diosa de ojos vendados siga ciega y muda ante la suerte de las barridas de colada y ropa tendida. Quizás en los despachos más lujosos ladran lobos que pronto empezarán a aullar. Pero el pueblo español se merece otra cosa.
Reclamar, organizarse, pelear por un mañana. Los abogados, los ciudadanos, los trabajadores, los jueces conscientes (que también los hay) sólo encontrarán a la Justicia tras los velos que hoy la ciegan, tras los intereses espurios que la encadenan, en el movimiento real que abole el actual estado de las cosas. En la lucha cotidiana por una justicia material y real, viva y gozosa.
*Escritor y docente español. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).
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