Se aprobó en el Concejo Deliberante la puesta en marcha de un predio en Altos de San Lorenzo en el que la Municipalidad busca reubicar a manteros y vendedores ambulantes. Algunos bloques opositores e incluso una concejal oficialista rechazaron el proyecto afirmando que se trata de “un negocio privado” y que no hay garantías de que los feriantes puedan acceder al mismo
Por David Barresi
El Concejo Deliberante dio luz verde al proyecto que crea un nuevo Paseo de Compras en Altos de San Lorenzo, y que además establece criterios para regular los otros que existen en la ciudad y los que puedan instalarse a futuro. La intención principal de la Municipalidad es llevar ahí a los manteros y vendedores ambulantes que trabajan en las calles céntricas de la ciudad, bajo un marco regulatorio y un registro específico.
El proyecto apareció luego del crecimiento de los operativos policiales que intentaron desplazar a quienes trabajan vendiendo distinto tipo de productos en la vía pública, labor que se ha multiplicado al ser una salida de muchas familias a la crisis económica. Los comerciantes callejeros y las organizaciones que los representan han opuesto resistencia, señalando la falta de otras posibilidades para subsistir y centrándose en la defensa del derecho al trabajo.
Según se indica en el expediente, para poder instalarse en un puesto del predio que se ubicará en el terreno delimitado por las calles 79 a 80, y 132 a 134, los vendedores deberán abonar la tasa de seguridad e higiene, además de un canon mensual y estar inscriptos en el monotributo social. A su vez, tendrán que inscribirse en un registro de puesteros, obteniendo un permiso que tendrá una duración semestral, cuya renovación estará sujeta al cumplimiento de la norma. Se les exigirá también comprobantes de origen de la mercadería, y no podrán incorporar en su stand objetos diferentes a los que consignen como su rubro de venta.
El proyecto tuvo el rechazo de dos bloques opositores (FPV-Unidad Ciudadana y FPV-PJ) y también de la edil oficialista Florencia Rollié, quienes señalaron que se trata de un emprendimiento privado y que no hay garantías de que sea un beneficio para los vendedores ambulantes, por las dificultades que puedan tener en acceder al mismo. De hecho, no se trata de una iniciativa del ejecutivo comunal si no de un convenio entre el Municipio y una denominada “Asociación Civil Unión Vendedores Ambulantes Platenses”, que será la que estará a cargo de manejar el lugar.
En ese sentido, la concejal Victoria Tolosa Paz (FPV-UC), afirmó que si bien se dio a conocer el nombre y apellido de los 12 integrantes de dicha asociación, no hay ninguna documentación que detalle si son representativos de los vendedores ambulantes de la región. “Se supone que representan más de 300 vendedores ambulantes que irían a ese predio, pero eso no está en el expediente”, remarcó. A su vez, señaló que no hubo relevamiento alguno que detalle cuántas personas que realizan venta callejera estarían en condiciones de ir a realizar su trabajo a esa feria, pagando el canon correspondiente y las exigencias que tiene la normativa.
En la misma línea, la díscola edil oficialista Rollié señaló que “no se escuchó en ningún momento la voz de los vendedores ambulantes”. Y también hizo hincapié en el negocio privado que se estaba habilitando: “Siendo benévolos, supongamos que el canon que se cobre será de 2.000 pesos, son 800 puestos, tenemos una renta de 1.600.000 pesos por mes. Es un beneficio enorme que tendrán algunas personas. Es una rentabilidad mayor que un shopping con una inversión cercana a cero. No todos los emprendedores de la ciudad de La Plata tienen la posibilidad de hacer esto”.
Por otro lado, la iniciativa regula el resto de los paseos de compras que tiene la ciudad y los que vaya a instalar a futuro. Entre los mismos, se mencionan las ferias ya existentes en 96 y 118; 45 entre 150 y 151; 511 entre 26 y 27; y 32 entre 133 y 134. Estos establecimientos tendrán un plazo de 180 días para adecuarse a la ordenanza.
La norma estipula que estas ferias deberán tener una superficie no menor a 450 metros cuadrados, informe habilitante de bomberos, seguro de responsabilidad civil contra terceros, servicio y sala para emergencias médicas, no menos de doce baños (cinco para hombres y cinco para mujeres) incluyendo dos para personas discapacitadas, pasillos o lugares de paso de al menos 1,50 metros, pisos de mampostería, y estar dentro de un predio cercado.
Además se pide que contengan un espacio no menor a 50 metros cuadrados para el dictado de talleres de reciclaje u otros oficios, y otro sector que pueda estar afectado a actividades culturales y recreativas. A su vez, se le exige que cuenten con una playa de estacionamiento acorde a la magnitud del predio.
El concejal Pedro Borghini (FPV-PJ) justificó su negativa, además de las razones mencionadas por las otras ediles, en el hecho de que los paseos ya existentes difícilmente puedan adecuar sus instalaciones a lo que ahora se exige, y por esta razón recordó su pedido de que se mantuviera la ordenanza anterior (10.710) y que la nueva sólo tratara sobre el nuevo predio y los que en el futuro se instalen. “En la práctica no lo podrían cumplir. Tienen puestos de 4 metros cuadrados y esta norma nueva exige 6 metros cuadrados. Si les obligamos a contar con estacionamiento propio y otras exigencias, algunos deberán cesar su actividad o reducir notoriamente lo destinado a los puestos”, afirmó.
Por su parte, el oficialista Javier Mor Roig buscó rebatir algunos de los argumentos opositores señalando que ya habían dialogado con los representantes de las ferias existentes y que había apoyo a la normativa, y que por otro lado el Municipio garantizará como parte del acuerdo con el emprendimiento privado que 300 de los 800 puestos tengan un tratamiento diferenciado a fin de que puedan ingresar feriantes que no puedan cumplir estrictamente con todas las condiciones. En tanto, la normativa fue acompañada por los ediles opositores Gastón Crespo (GEN), Luciano Sanguinetti (FR) y Fabian Lugli (PJ).
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