El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas emitieron un comunicado alertando sobre las afectaciones socioambientales contenidas en el DNU emitido por el gobierno. Además afirmaron que es “manifiestamente inconstitucional”
El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), formularon un comunicado público en el que expresaron una “profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023”, por considerarlo “manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ”.
Desde estas organizaciones señalaron que el DNU no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia” a la vez que “ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa”. En la misma línea subrayaron que el decreto “se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas”.
En relación a los aspectos socioambientales del DNU, se hace referencia a las afectaciones sobre la Ley de Tierras Rurales, las leyes de minería, el impacto en el sector energético, la modificación de la ley de manejo del fuego y el riesgo alimentario.
Con respecto a la Ley de Tierras se informa que la misma “busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros”, resaltando que en su articulado “prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera”.
“La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera”, alertan.
Sobre la legislación minera se subraya que “la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto”.
En cuanto al sector energético, los referentes ambientales afirman que “se abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas)”, lo cual “representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática”
Asimismo “establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales”. También se remarca que “la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y la afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial”.
“Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación”, aseguraron en el texto titulado “Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental”.
En relación a la modificación de la Ley del Fuego, se sostiene que “si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria”.
Por último, advierten que “la derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría”.
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