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domingo 03-03-2024

Abuelas alertó sobre el protocolo antipiquetes: “Las peores tragedias fueron por políticas represivas”

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“A poco de cumplir 40 años de la democracia más larga de nuestra historia, pedimos a nuestros gobernantes el respeto a los derechos y garantías de nuestra Carta Magna”, pidieron en un comunicado

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo manifestó hoy “preocupación” por el nuevo “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” presentado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtió que “las peores tragedias” de la historia argentina “han llegado de la mano de las políticas represivas”.

“Abuelas de Plaza de Mayo se suma a las manifestaciones de preocupación ante el anuncio de un nuevo ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’ comunicado, ayer, por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, expresó hoy la Asociación en un comunicado.

Asimismo, señaló que el anuncio “no respeta derechos y garantías elementales” previstos por la Constitución y los estándares internacionales para “los ciudadanos que deseen manifestar su descontento con las medidas de cada gobierno de turno”. También remarcó que la protesta social “es un derecho pero también una garantía para el diálogo democrático entre el pueblo y sus representantes”.

“Las peores tragedias de nuestra historia han llegado de la mano de las políticas represivas”, sostuvo la histórica organización de derechos humanos. Y solicitó: “A poco de cumplir 40 años de la democracia más larga de nuestra historia, pedimos a nuestros gobernantes el respeto a los derechos y garantías de nuestra Carta Magna”.

Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo

De esta manera, Abuelas de Plaza de Mayo se sumó al repudio manifestado por otras organizaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron al protocolo anunciado ayer por Bullrich para asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, como una medida “inconstitucional” y una “amenaza” ante una posible conflictividad social en respuesta a las políticas de ajuste del Gobierno.

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