A raíz de la explosión sucedida en la Escuela Nº 49 de Moreno, desde el espacio denominado “Basta de asesinatos laborales” alertaron que “lo ocurrido no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro del actual ajuste que cada año se cobra la vida de unos 400 trabajadores”
“Si puede ser evitado, no es un accidente: lo que ocurrió en la Escuela N° 49 es un asesinato laboral”, aseguraron los integrantes del espacio llamado “Basta de Asesinatos Laborales (BAL)” a través de un comunicado de prensa. Dicho espacio se conformó en 2016, luego de que el 9 de septiembre de ese año murieran en sus puestos de trabajo: David Ramallo, mecánico de la Línea 60 de Capital Federal; Richard Alcaráz, obrero de la construcción; y Diego Soraire, operario del INTA Castelar; y está integrado por familiares, amigos y compañeros que exigen justicia sumado a mejores condiciones laborales. Por ello, rápidamente se solidarizaron “con la comunidad educativa por el crimen del auxiliar y la vicedirectora de la escuela primaria de Moreno”.
Según el informe anual accidentabilidad laboral de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, durante 2016 en la Argentina hubo 389 accidentes mortales en ocasión del trabajo lo que equivale a la muerte de un trabajador cada 22 horas. Estos datos incorporan solamente a los trabajadores registrados.
Por su parte, el sociólogo, coordinador del Taller de Estudios Laborales (TEL) e integrante de BAL, Oscar Martínez, en diálogo con Anred se refirió a las cifras oficiales de “accidentes mortales en ocasión del trabajo” señalando que “estas muertes no son, como dicen la definición oficial, un accidente que es un hecho súbito y violento. La mayoría son un hecho violento, pero son todas crónicas de una muerte anunciada, como pasó con estos compañeros de Moreno, como pasó con la muerte de la Línea 60, Inta, se trata de lugares que se saben que están mal y que tienen equipamientos que están mal”.
“No se conoce el momento, pero se sabe que va a pasar”, aseguró Martínez refiriéndose a los “asesinatos laborales”. Al tiempo que agregó: “Este es el resultado concreto de políticas criminales de empresas y gobierno, la vida del trabajador no cuenta, los edificios no están en buenas condiciones y sólo se invierte para tener más ganancias en el caso del sector privado”, mientras que en el estatal “se invierte para represión y propaganda, y se destruye la educación y la salud pública. Esto es negligencia, es un desprecio absoluto por la vida de los trabajadores”.
Asimismo, los integrantes de BAL resaltaron que “la comunidad educativa viene denunciando la desinversión y las pésimas condiciones laborales a las que son expuestos las y los docentes y el estudiantado. Frente a la inoperancia de las autoridades, hay que resaltar que este crimen tiene responsables y que deben pagar por ello quienes permitieron que esto suceda: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny”.
Cabe recordar que en el caso de David Ramallo, el cuerpo de delegados y los trabajadores de la Línea 60 venían denunciando constantemente que la nueva cabecera de Barracas no cumplía las garantías mínimas de seguridad. A la empresa no le importó: prefirió reducir sus costos y maximizar sus ganancias poniendo en riesgo la vida del mecánico a quien se le cayó un colectivo encima debido a que el autoelevador venía fallando. La muerte de Diego Soraire fue provocada por la explosión de un biodigestor en el INTA de Castelar, también, los delegados gremiales exigían mejoras en las condiciones de seguridad e higiene en el lugar. El mismo día se sumó la muerte de Richard Alcaráz, atrapado por el derrumbe de una pared de la obra en la que trabajaba.
En tanto, Néstor Marcolín miembro del cuerpo de delegados de la Línea 60 afirmó a Pulso Noticias que luego de la muerte de su compañero David, que se podría haber evitado, los mecánicos de la cabecera de Barracas siguen sin tener fosas . Aunque, con medidas de fuerza, consiguieron ampliar los factores de riesgo que reconocía la empresa y la ART, es decir, “la empresa le denunciaba a la ART que los trabajadores de técnica estaban expuestos a cuatro riesgos, mientras que los choferes no estaban expuestos a ningún riesgo. Después del conflicto por el asesinato de David nos tuvieron que reconocer 33 agentes de riesgos a lo que estamos expuestos tanto los choferes como los compañeros de técnica”, resaltó el delegado.
A su vez, relató que “si bien se reconocieron los 33 agentes de riesgo día a día hay que pelear para que se lleve a cabo en la práctica”. Por ejemplo, enumeró algunos factores de riesgos que incorporaron: “Para los compañeros de pintura y de carrocería hicimos reconocer que estaban expuestos al benceno; reconocimos la vibración del cuerpo, ya que hay muchos compañeros con hernias de disco; entre otros”.
Por último, el coordinador del TEL subrayó que “nos están enfermando y nos están matando, es una lucha por la vida, tenemos que denunciarlo y actuar con toda la fuerza”.
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