Atienden a más de 500 mujeres por año pero afirman que la demanda es aún mayor. Denuncian falta de insumos, resistencias dentro de las instituciones hospitalarias, desconocimiento de protocolos y trabas constantes tanto en la implementación de los abortos permitidos por ley como en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos
El debate histórico que está teniendo lugar en el Congreso de la Nación con respecto a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo destapa también las realidades que ya se viven en los hospitales con respecto a la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, como así también a las múltiples trabas que existen en todo el sistema de salud para garantizar los abortos en los casos que la ley actual ya permite.
Esta mañana la Red de Consejerías en Salud Sexual Integral de La Plata, Berisso y Ensenada presentó una carta a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia para solicitar el urgente tratamiento y la resolución de una serie de obstáculos a los que se tienen que enfrentar en la tarea cotidiana de atender a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo o acceder a un método anticonceptivo.
La nota dirigida, a la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva María Julia Bruno Dapuetto y al ministro de Salud Andrés Scarsi, destaca que estas Consejerías atendieron en la región durante 2017 a más de 500 mujeres, pero que la demanda es aún mayor. Las profesionales denuncian la existencia “de obstaculizaciones y resistencias por parte de los efectores de salud y de las autoridades hospitalarias” al desempeño de estos espacios dentro de las instituciones, entre las que enumeran la falta de respuesta a las intervenciones cuya competencia y responsabilidad recae sobre los servicios de toco-ginecología, anestesiología, imágenes, laboratorio o administración. “El no respeto por la legislación actual, normas y protocolos atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres”, afirman.
El artículo 68 del Código Penal es el que señala cuáles son los casos en los que los abortos en Argentina no son punibles: si provienen de una violación, o si el embarazo implica un peligro para la vida o la salud de la madre. Las Consejerías existen en los hospitales de la región en algunos casos desde hace diez años y se han extendido en la mayoría de los organismos de atención a la salud. Sin embargo, las profesionales que lo integran batallan a diario contra los obstáculos que no permiten que esta legislación mencionada pueda ser llevada adelante.
Cada proceso de asesoramiento en un caso de interrupción legal del embarazo lleva por lo menos tres encuentros, con sus respectivos informes, llenado de historia clínica, seguimiento telefónico, reuniones de equipo, entre otras tareas. Debido a la complejidad de la atención de estos casos y a la falta de exclusividad de agentes de salud de las consejerías (que no tienen nombramientos específicos para esas áreas) muchas personas no logran acceder a la atención, poniendo en riesgo su vida y su salud.
Sin embargo, las mujeres que sí logran ser atendidas sufren junto a las profesionales las dificultades para acceder a estas prácticas. “Por ejemplo, cuando según el protocolo la interrupción debería resolverse en un hospital, muchas veces resulta que casi todos los hospitales tienen profesionales que son objetores de conciencia. Nadie se quiere hacer cargo de resolver la situación. Esto nos excede pero buscamos la manera de acompañar a la mujer y resolver la situación”, remarcó Bruno Sade, psicólogo de la Consejería que funciona en el Centro de Salud nº 44 de Berisso.
Otro de los escollos es la falta de provisión de misoprostol, medicamento a través del cual se puede realizar un aborto, y que para conseguirlo a los trabajadores de la salud les implica llenar de una multiplicidad de informes, demorando la intervención. En ese sentido, Sade enfatizó que muchas mujeres no puede acceder al mismo si no es a través del hospital público, ya que “en una farmacia sale aproximadamente 4.000 pesos”.
Pero el problema no es sólo el acceso a la salud en casos de abortos no punibles, sino también la ausencia de políticas de salud sexual integral. En ese sentido, Pilar Martín, profesional del Centro de Salud n° 41 de Altos de San Lorenzo, afirmó: “Hoy en día ni los preservativos se pueden garantizar en los centros de salud. Es una situación muy crítica”.
Los profesionales de las Consejerías advirtieron además que la jerarquía del Programa de Salud Sexual y Reproductiva dentro del Ministerio, cuya oficina funciona en el estacionamiento, es cada vez más baja, “tanto en financiamiento como en ejecución de políticas públicas”. En este marco, en la nota que ingresaron les presentaron a las autoridades ministeriales nueve propuestas para revertir la situación.
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