De las 21 denuncias que tiene en su contra, Luis Arias aseguró que ninguna es por “irregularidades” y que le están imputando “los contenidos de las sentencias”. Reiteró que se trata de “persecución” por haber tocado intereses “políticos y económicos”. En la primera audiencia, el presidente de la Suprema Corte Julio Pettigiani negó el acceso a la prensa
Por David Barresi
Rodeado de representantes de organismos de Derechos Humanos, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, el juez Luis Arias enfrentó hoy la primera de las diez audiencias del jury de enjuiciamiento al que está siendo sometido. En ese marco volvió a reiterar que el proceso es producto de una “persecución política”, ya que sus fallos han tocado intereses de los poderes de turno.
En total son 21 denuncias las que pesan sobre el magistrado por presunto mal desempeño en sus funciones, irregularidades administrativas, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Desde noviembre fue suspendido de su cargo al frente del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, y se le aplicó un embargo sobre el 40% de su salario.
A la hora de analizar los argumentos de las acusaciones en su contra, Arias fue contundente: “Yo no tengo denuncias de abogados ni de particulares, no tengo cuestiones patrimoniales de ningún tipo. Estas son denuncias de otros jueces o de funcionarios políticos, todas referidas a sentencias, a criterios judiciales que no pueden ser sometidos a juzgamiento. A mí no me están imputando irregularidades, me están imputando por los contenidos de las sentencias. Y eso es realmente grave, porque forma parte de la garantía de independencia de los jueces”.
El juez ha sido reconocido más allá de la frontera de la ciudad por haber fallado en contra de los aumentos de las tarifas de luz y de agua en la Provincia; por haber dictado una sentencia que frenaba los descuentos salariales ante las medidas de fuerza de los docentes; por haber investigado el ocultamiento de la cifra real de fallecidos en la trágica inundación de la ciudad de abril de 2013; por haber resguardado los derechos de las familias que habían ocupado tierras improductivas en Abasto en 2015, o por haber suspendido los efectos del decreto de necesidad y urgencia que eliminó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (organismo creado por la Ley de Medios, anulada en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri).
En todos los casos, los intereses que protege están vinculados a derechos ciudadanos. Y los que afecta, son las razones que explican el jury. “Mi decisión de suspender el aumento tarifario en la provincia de Buenos Aires fue una sentencia que molestó muchísimo, perjudicó intereses económicos concretos. Sobre todo los del empresario Rogelio Pagano, quien controla las cuatro distribuidoras eléctricas de la Provincia, y ha obtenido una ganancia de entre 2.300 y 2.800 millones de pesos durante 2017”.
El tribunal que lo enjuicia está encabezado por el presidente de la Suprema Corte bonaerense Julio Pettigiani, quien hoy le impidió el acceso a la prensa (apenas habilitó a que se pudieran tomar imágenes, pero no permitió que hubiera presencia de periodistas durante la audiencia). Lo completan cinco legisladores provinciales (Walter Carusso y Roberto Costa de Cambiemos; Pablo Garate y Jorge D’onofrio del Frente Renovador; y Santiago Révora de Unidad Ciudadana) y cinco conjueces de distintos Colegios de Abogados (Fabián Gonzalez de Morón, Osvaldo Pisani de San Isidro, José Apaz de San Martín, Ambrosio Bottarini de Pergamino y Diego Molea de Lomas de Zamora).
“La sociedad debe tomar intervención”
“Cuando yo suspendí el aumento tarifario en la Provincia había 50 jueces en el país que estábamos decidiendo lo mismo respecto del aumento de las tarifas provinciales y nacionales e incluso la cuestión llegó a la Corte Suprema de la Nación donde se revocó un aumento parcialmente. Hoy no existe un sólo juez que suspenda un aumento de tarifas. Estamos en un contexto de un gobierno cuyo sesgo es autoritario, y ante cada medida de un juez, o investigación de un periodista, que significa un escollo para el cumplimiento de sus objetivos políticos y económicos, inmediatamente se reciben represalias como esta”, remarcó Arias esta mañana en la previa de la audiencia.
Ante las posibles consecuencias que tenga este jury sobre el desempeño de la Justicia, el magistrado instó a la población a involucrarse. “Es un momento donde la opinión pública debe tomar intervención, no solamente en estos casos si no en todos los supuestos donde los sectores más desaventajados sufren las consecuencias. Hoy la sociedad se está quedando prácticamente sin Poder Judicial. Ya casi no existen jueces que puedan decidir frente a la afectación de derechos”, lamentó.
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