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lunes 22-04-2024

Preocupante: la mitad del país redujo la inversión en educación

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En 12 de las 24 jurisdicciones argentinas cayó la participación de la educación dentro del presupuesto entre 2004 y 2021. Buenos Aires y Mendoza son las que menos invirtieron

En 12 de las 24 jurisdicciones argentinas cayó la participación de la educación dentro del presupuesto entre 2004 y 2021 de acuerdo a un informe del “Financiamiento educativo provincial” del Observatorio de Argentinos por la Educación, cuyo documento también revela que la meta de invertir el 6% del PBI en esta área, sólo se cumplió en tres oportunidades en ese plazo.

El documento destaca que, entre 2004 y 2021, la mitad de los distritos del país disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos. En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza fueron las que más redujeron el financiamiento como porcentaje del gasto total, con una disminución de 8,8 y 7,3 puntos porcentuales, respectivamente. Mientras que en territorio bonaerense la caída fue del 0,4%.

Por otro lado, Salta y Neuquén fueron las provincias que más incrementaron su esfuerzo presupuestario para la educación, con un aumento de 8,1 y 6,6 puntos porcentuales, respectivamente.

Es importante destacar que las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo en Argentina. Por ello, el informe del Observatorio analiza cómo evolucionó el gasto educativo en las distintas jurisdicciones, en qué gastaron y qué esfuerzo presupuestario hicieron a lo largo de los años. Todas las cifras se presentan actualizadas a valores constantes de marzo de 2023.

Salta, además, se destaca como la segunda provincia que más porcentaje de sus recursos totales destinó a gastos para enseñanza en 2021, detrás de la provincia de Buenos Aires, con 28,8% y 30,8%, respectivamente. CABA, por su lado, no sólo presentó una variación negativa entre 2004 y 2021, sino que también destacó como la jurisdicción que menor proporción de su presupuesto asignó a educación con un 16,7%. Le sigue Santa Cruz que invirtió en esta área el 17,6% de sus recursos provinciales.

“La descentralización educativa dispuesta en el país requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional. Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, afirmó Javier Curcio, coautor del informe.

El peso de los salarios

El informe expone, además, que la mayor parte del dinero asignado a educación es destinado al pago de sueldos. Para el 2021, a nivel nacional, el 90% del gasto se utilizó para financiar al personal docente y no docente de los establecimientos educativos: 78% corresponde a salarios del sector público, mientras que el 12% restante fue dirigido al sector privado.

Sin embargo, a nivel subnacional, pese a que en todos los casos supera el 65%, la inversión en salarios exhibe mayores brechas. Chubut y Neuquén son las dos provincias con proporción del presupuesto destinada al financiamiento de personal más elevada: el porcentaje asciende al 91% y 86% respectivamente. En el extremo contrario, se destacan San Luis ─con inversión del 66%─ y Formosa y CABA ─ambas con 69%.

En cuanto al gasto por alumno del sector estatal, el informe destaca que Salta ha sido la provincia que más ha aumentado su inversión en el nivel inicial y primario, con un incremento del 174,7% entre 2004 y 2021. Por otro lado, Santa Cruz es la jurisdicción donde más cayó este indicador en el mismo período, con una disminución del 33,5%. En el nivel secundario, la provincia que más aumentó su gasto por alumno fue La Pampa (309,7%), mientras que este indicador solo se redujo en la provincia de Chubut (-4,0%) durante el período analizado.

Cabe recordar que la Ley de Educación Nacional, aprobada en 2006, establece que la inversión en esta área no puede ser menor al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, hasta el 2021, esta meta sólo se alcanzó en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2015.

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