Política del litio en Argentina: “Hay una continuidad, no se ve una transformación”

Los principales funcionarios del país están hablando del potencial del litio, un elemento clave para la transición energética. Pese a ello, no hay un proyecto litifero a nivel nacional y un puñado de empresas transnacionales sigue extrayendo los recursos naturales, dañando el ambiente y exportando la materia prima casi sin agregar valor, dejando escasas regalías. Sobre el actual contexto político y la necesidad de declarar al litio como “recurso estratégico” dialogamos con Martina Gamba, Doctora en Química de la UNLP e investigadora del Conicet

“El litio ya no es la energía del futuro, es la energía del presente. Nuestro país tiene la segunda reserva de este mineral a nivel mundial y no podemos conformarnos solamente con extraerlo, sino que tenemos que desarrollar la capacidad para industrializarlo, porque de eso se trata la verdadera soberanía sobre nuestros recursos naturales”, dijo el presidente Alberto Fernández el pasado 16 de agosto, al visitar las obras de la primera planta de baterías de litio en el país, a cargo de Y-TEC (YPF y Conicet), en el vecino partido de Berisso.

Allí mismo remarcó las “enormes posibilidades” económicas y tecnológicas que genera para la Argentina la industrialización del litio, el cual es considerado por los especialistas como el “oro del siglo XXI”, al constituirse en la alternativa para almacenar energía de fuentes renovables y reemplazar a los combustibles fósiles.

En ese contexto, el presidente de Y-TEC, Roberto Salvarezza, señaló que en diciembre se pondrá en marcha la producción de “celdas” para baterías de litio en el país, en un proyecto iniciado desde YPF, en instalaciones pertenecientes a la Universidad de La Plata.

“YPF está desplegando un proyecto, a través de YPF Litio, creada el año pasado por el presidente de la empresa, Pablo González, que se va a dedicar a la extracción en salares y a la producción de carbonato de litio”, manifestó el ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese proyecto, según indicó, apunta a una producción completa “desde el salar hasta las baterías”, con una “mirada de cuidado del ambiente y articulación social”.

Unos días antes, al ponerse el traje de “súper ministro” de Economía, Sergio Massa también se refirió al potencial del litio, resaltando que “nuestro país cuenta, junto a Bolivia, con una de las principales reservas mundiales”.

Palabras más, palabras menos

Ahora bien, pese a las diferentes declaraciones públicas respecto del litio, de su potencial y del rol clave de este mineral en el proceso de transición energética, en Argentina no existe un proyecto litifero nacional (a diferencia de lo que ocurre en Chile y Bolivia). 

Por el contrario, un puñado de empresas extranjeras regidas por el Código de Minería del menemismo, se dedican a la exportación de la materia prima dejando escasas regalías tanto a las provincias del NOA (donde se ubica el recurso) como al Estado nacional.

Desde el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio (un grupo integrado por 28 líneas de investigación de nuestro país, que reúne a más de 300 científicos) se viene señalando desde hace algunos años la necesidad de que el litio sea declarado como “recurso estratégico” y reclamaron la urgencia de convocar a todos los actores de la cadena para generar un desarrollo con valor agregado, participación federal y democrática.

LEER MÁS: “Es fundamental que podamos ejercer soberanía sobre el litio”

Buena parte de esa resistencia a que el litio sea considerado “recurso estratégico” parte de las élites de las provincias que poseen el mineral. En consonancia con ello, el 5 de octubre de 2021, se conformó la Región Minera del Litio, un tratado interprovincial firmado por los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil y de Jujuy, Gerardo Morales. En los primeros días del mes de septiembre de este 2022 ese convenio fue comunicado formalmente en el Congreso de la nación.

Según se indica entre sus objetivos, el acuerdo busca desarrollar conjuntamente los aspectos económico y social derivados de la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del recurso y sus productos y derivados.

La iniciativa fue promovida originalmente por el salteño Sáenz, hombre que responde a Sergio Massa. Y fue precisamente el líder del Frente Renovador quien designó a la ex secretaria de Minería de Salta, Flavia Royón, como secretaria de Energía en el ámbito del actual “superministerio” de Economía.

En este marco, dialogamos con Martina Gamba, Doctora en Química y docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, investigadora del CONICET e integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (IEALC-UBA) con quienes ha publicado el libro “Litio en Sudamérica. Geopolítica, Energía, Territorios”.

-¿Cómo observás el actual contexto político, en el cual las principales autoridades del país están poniendo al litio en el centro de la escena?

“Lo que se ve es una continuidad, no se ven cambios o una transformación. En todo caso hay una profundización en esta avidez de los capitales vinculados a las mineras, vinculados a las automotrices, a grandes jugadores mundiales, de hacerse del litio argentino. Hay informes publicados en Estados Unidos donde se dice claramente que las condiciones más ventajosas para la minería del litio en Sudamérica están en Argentina por la flexibilidad del marco regulatorio. Entonces, más allá de que el litio está siendo mencionado por diversos actores de la política, no se están viendo grandes novedades y es preocupante. No hay un avance en una estrategia nacional, no hay mayor control. Claramente las provincias están viendo sus intereses, que además ni siquiera son los óptimos. Es decir, se podrían optimizar aún más las ganancias de las provincias mejorando el marco normativo. Una política nacional no tiene por qué ir en contra de los intereses de las provincias. Al contrario, podría beneficiarlas porque, por ejemplo, la Ley de Inversiones Mineras pone un tope del 3% a las regalías provinciales, cuando las regalías que dejan las empresas en Chile son del 40%. Y eso se podría obtener si hubiera un cambio del marco normativo”.

Respecto al interés de Estados Unidos, Martina Gamba hace referencia a un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, que dio a conocer el diario Página/12, en el que se refleja a nuestro país como un enclave fundamental en la disputa Geopolítica con China y al que se lo señala como el mejor lugar para desembarcar porque es el menos regulado de la región. 

“Argentina tiene las segundas reservas de litio más grandes del mundo y es el cuarto mayor productor de carbonato de litio, detrás de Australia, Chile y China, y contribuyó el 6 por ciento a la oferta mundial con 33.000 toneladas métricas en 2021”, detalla el documento. 

“De los países latinoamericanos que poseen reservas de litio, Argentina opera en el mercado más abierto a la inversión del sector privado” indica el texto, y afirma con contundencia: “El gobierno federal no ha impuesto ninguna regulación a la inversión extranjera en el sector del litio y permite que el mercado dicte el desarrollo de la industria”. 

-El presidente de Y-TEC, Roberto Salvarezza, habló de un proyecto que apunta a una producción completa “desde el salar hasta las baterías”. ¿Crees que se puede generar ese proceso sin que la legislación cambie?

“Hay un anuncio de que YPF va a empezar explorar litio en Catamarca, lo hemos observado con colegas y la verdad que es empezar a explorar donde tiene todo el terreno pedimentado. Es decir, donde ya hay empresas explorando y más de 50 proyectos en diferentes etapas, de prefactibilidad, de factibilidad, de exploración. Si YPF recién ahora empieza a explorar, bueno, quizás dentro de 20 años esté produciendo algo de litio. Una estrategia más interesante sería que YPF entrara como socia de los proyectos que actualmente ya están funcionando o de la planta que se está construyendo por parte de la Minera Exar. Si eso es posible o no cuando ya se han concedido los salares, bueno, ahí quizás tengas que modificar algo del marco normativo. El marco normativo argentino te permite que haya toda una suerte de especulación inmobiliaria en relación a estos territorios. Entonces son empresas privadas las que hacen las primeras exploraciones y luego las venden a empresas más grandes, a grandes jugadores”.

–¿Cómo estás viendo la situación en términos de investigación científica?

“Argentina cuenta con un sistema científico – tecnológico importante para la región, con investigaciones que abarcan los impactos ambientales, sociales y económicos de la minería, nuevas técnicas de extracción, materiales para baterías, nuevas tecnologías de almacenamiento basadas en litio, energía nuclear, etc. Si bien los avances científicos son importantes, lo que vemos con preocupación es que ese avance científico sigue desvinculado de la producción, que en este momento es netamente minera. Y-TEC está pronta a inaugurar una planta de baterías con una escala mayor a la que ya tiene, que es una planta piloto, la idea es sacar batería al mercado que inclusive tengan usos vinculados a la Defensa, porque participa el Ministerio de Defensa nacional. Uno podría pensar ahí que es un proyecto interesante, un proyecto productivo, pero el litio sigue siendo comprado a precio dólar, sigue siendo importado. Es imperioso que eso se modifique, inclusive para que aumenten los beneficios económicos, aunque sea para mejorar la balanza comercial entre las divisas que entran y las que se van”.

-Lo más importante en términos de decisiones políticas parece ser el acuerdo  de cooperación científico-tecnológica para la producción de celdas y baterías de litio, firmado en julio pasado entre el Ministerio de Ciencia y la Empresa Pública de Yacimientos de Litio Bolivianos. ¿Puede ser un primer paso en un proceso de integración que le permita a la región competir con otros grandes jugadores mundiales?

“Puede ser un avance en el intercambio científico, en generar proyectos, en mejorar el proceso productivo boliviano. Sería hermoso que los argentinos con nuestra ciencia podamos aprender y aportar también en relación a lo que ellos vienen haciendo, que es muy importante. Ellos realmente están industrializando el litio, y nosotros podemos aprender y aportar en eso. De ahí a que se pueda hacer una especie de OPEP del litio o algo que pueda incidir más en el mercado del litio, ahí yo ya no estoy tan segura. Mientras en Bolivia el litio y los salares son controlados por el Estado Plurinacional, en Argentina, el recurso está en manos de empresas trasnacionales. Por lo tanto, es difícil alcanzar un acuerdo en relación a la producción del litio aunque sería deseable y es bienvenida toda iniciativa que vaya en ese sentido”.

-Bruno Fornillo (compilador del libro “Litio en Sudamérica”) plantea que deberíamos mutar y apuntar a un proyecto a mucho menor escala, enfocado en las necesidades y el bienestar de la población más que en la acumulación. ¿Cómo ves vos ese aspecto, en función de la demanda de litio que hay a nivel mundial?

“Sería deseable que Argentina pueda producir solo el litio que necesita Sudamérica, por dar o establecer una escala, pero no creo que ello vaya a ocurrir. Me parece más factible que haya una empresa nacional, que se modifique algo del marco normativo, que nos asociemos con Bolivia o con Chile”.

–¿Es posible que se pueda ir abandonando el método de extracción evaporítico?

“Eso tampoco lo veo muy factible, menos con los proyectos que ya están en curso. Creo que la única manera de que eso ocurra sería que se les exija a las empresas nuevos estándares ambientales, nuevas exigencias y que deban cumplirlo”.

Transición energética ¿a cualquier “precio”?

El Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC – UBA), colectivo de trabajo conformado por integrantes de diversas trayectorias y disciplinas científicas, explica (en un artículo titulado Del norte al sur global. ¿Transición energética corporativa o transición energética justa?) que “hoy se ha vuelto dominante el ‘Capitalismo verde’, que monetiza toda ‘oportunidad verde’ y se vuelca sobre los bienes comunes: ya el aire que se respira no es gratis porque es la razón de las cosechas eólicas, ya el sol no sale para todxs porque se valoriza de manera privada en las millones de granjas solares repletas de paneles. Se emplaza entonces una transición energética corporativa: la apropiación de las críticas sobre el mundo fósil asumidas ahora por el capital, que vira sus negocios”.

“El nuevo eco-imperialismo supone mantener el intercambio desigual pero ahora ofreciendo los recursos básicos que posibilitan que el norte global lleve adelante sus transiciones, y en escenario de colapso energético los costos también se reparten de manera desigual”, indican desde el GYBC. 

Asimismo, en relación a la posición que tienen Argentina, Bolivia y Chile, con el 68% de las reservas de litio en salares, advierten que “nuestra región se convierte así en la zona de sacrificio que garantiza la transición del centro global, que externaliza hacia la periferia los costos ambientales y estructura una neodependencia en el patrón tecnológico naciente”.

“En términos de disputa política, la puja por controlar el ‘excedente futuro’ que ofrece el nuevo armazón de la energía no-fósil en la región será central: o bien quedará fuera de nuestra órbita o bien podrán tallar las fuerzas público-sociales locales de producción y gestión de la nueva tecnología renovable. O bien se democratizará, descentralizará y desconcentrará y despatriarcalizará el sistema energético, promoviendo la generación pública, comunitaria y social de la energía, o bien se emplazará un nuevo formato de acumulación neoconcentrado en la estela de la debacle de la combustión fósil”, desarrollan.

En ese sentido indican que “la transición energética popular es un concepto operativo capaz de disponer en un suelo proyectivo común la necesidad de abandonar el perfil extractivista de nuestra región, junto con la paralela necesidad de crear bases industriales, tecnológicas y sociales de un nuevo tipo de desarrollo, sumado a la exigencia de desmercantilizar la economía, los lazos sociales y la biosfera”. 

Siguiendo esta línea argumentativa, Martina Gamba señala a Pulso Noticias: “Creo que esta discusión sobre si avanzamos en una transición energética corporativa o una popular, latinoamericana, es una discusión que nos tenemos que dar en Argentina, en Sudámerica. En Argentina el porcentaje de energía traccionada por fuentes renovables es todavía muy pequeño, entonces tenemos la oportunidad de pensar algún esquema que mejore esos índices para disminuir emisiones y que, al mismo tiempo, la producción y distribución de la energía esté en manos de pequeñas y medianas empresas o empresas estatales. Es decir, algún esquema que involucre industria nacional, tecnología y producción popular para dar respuesta a la necesidades del pueblo y evitar la concentración que sólo beneficia a un puñado de empresas en detrimento de las grandes mayorías”.