El pedido de Enjuiciamiento es por “mal desempeño de sus funciones en el marco de la persecución a funcionarios judiciales de Lomas de Zamora”. “La persecución y el espionaje ilegal con fines políticos resultan inaceptables en la justicia bonaerense”, expresó Pablo Abramovich, secretario general del gremio
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó ayer ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios el pedido de jury contra el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Sebastián Scalera; Pablo Rossi, titular de la UFIJ N° 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional; y Sebastián Bisquert, titular de la UFIJ N° 1; por mal desempeño de sus funciones en el marco de la persecución a funcionarios judiciales de Lomas de Zamora.
Según consta en la denuncia realizada por la AJB –que se suma a otros pedido de jury impulsados por la Comisión Provincial de la Memoria y AJUS-, los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora para presionar a magistrados y lograr resultados en causas de interés político y mediático durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.
Entre los hechos denunciados se cuestiona la actuación simultánea de Scalera como Fiscal General Adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, esquema del que se habría valido para direccionar ciertas causas de relevancia política para sí o hacia las unidades de Rossi y Bisquert.
De acuerdo a lo que se detalla por el gremio, excediéndose en sus funciones y sin la existencia previa de una investigación penal en trámite, el fiscal Scalera instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Vitale -quien intervenía en causas de interés para el poder político como la denuncia contra Hugo Moyano por asociación ilícita en la barra brava en el Club Atlético Independiente- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho.
También se señala que esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert. Este último fue quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el Juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de garantías. La misma persecución ilegal padecieron otros integrantes del juzgado.
El accionar de los fiscales motivó que el juez de la Suprema Corte, Eduardo De Lazzari, denunciara, el 10 de diciembre de 2020, “la inadmisible persecución” contra el juez Gabriel Vitale.
“Avalando la conducta persecutoria e ilegal de los fiscales de Lomas de Zamora, el Procurador General Julio Conte Grand promovió juicio político contra Vitale, trámite que se encuentra en su etapa inicial”, indicaron desde la AJB, remarcando que “la causa para presionar al Juez Vitale tuvo como trasfondo una clara intención política, arremeter contra Hugo Moyano por su rechazo a las reformas laborales y previsionales”.
“Vitale, en salvaguarda de las garantías procesales no cedió a las presiones políticas, y eso desató una feroz persecución ilegal en su contra, como ocurrió con el juez Luis Carzoglio”, manifestaron.
“En todo este entramado, la Procuración General bonaerense no fue indiferente y jugó su partida. En los hechos señalados fue la propia Procuración quien habilitó los registros informáticos para realizar las actividades de espionaje contra Vitale”, agregaron.
“Para consolidar el respeto de la independencia de las y los magistrados y su efectiva protección para intervenir en los procesos judiciales sin presiones del poder político, resulta necesario exponer estos hechos gravísimos al conocimiento del conjunto de la sociedad. En el mismo sentido, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá en sus manos la oportunidad inigualable de brindar una señal clara de que la persecución y el espionaje ilegal con fines políticos resultan inaceptables en la justicia bonaerense”, expresó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
“Como vemos, la modalidad de ‘lawfare’ bonaerense nada tiene que envidiarle a la de la Justicia federal y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuyo entramado investigaba el Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y de la que la AJB ha sido una de tantas víctimas. Ahora es el Jurado de Enjuiciamiento quien deberá decidir si da curso al jury contra Scalera, Rossi y Bisquert y desarticula este ‘modus operandi’ de armado de causas y presión de los fiscales de Lomas de Zamora”, concluyeron en un comunicado.
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
Sin laburo y con la intención de mantener nuestros puestos de trabajo, un grupo de periodistas, correctorxs, fotógrafes, locutorxs, productorxs audiovisuales y diseñadorxs decidimos organizarnos de forma colectiva.
