Es la cifra relevada mediante fiscalizaciones satelitales y presenciales en lo que va del año. En toda la Provincia el número asciende a 1.518.892 m², lo que significa una suba de $53 millones anuales en la recaudación
En lo que va de 2018, mediante fiscalizaciones satelitales y presenciales la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó en inmuebles de todo el partido de La Plata 108.369 metros cuadrados construidos que los propietarios nunca habían declarado ante el fisco.
La cifra, en todo el territorio bonaerense asciende a 1.518.892 m². En ese sentido, según informó el organismo, luego de los procedimientos de verificación y notificación correspondientes, esas construcciones y mejoras fueron regularizadas e incorporadas a los registros catastrales, lo que significará un incremento de $53 millones anuales en la recaudación del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado.
El director de ARBA, Gastón Fossati, destacó que “a través de herramientas tecnológicas y operativos de campo pudimos terminar con esta situación de incumplimiento en el Impuesto Inmobiliario”, y aseguró que “ahora estos propietarios van a pagar en función de su verdadera capacidad contributiva”.
Las infracciones catastrales fueron detectadas en alrededor de 6.000 inmuebles de distinto tipo, ya sea edificios, countries, casas, establecimientos comerciales e industriales, complejos recreativos, etc. En ciertos casos, se trataba de construcciones que estaban declaradas como baldíos; en otros, ampliaciones o mejoras que los dueños habían evitado inscribir ante el fisco para pagar menos impuestos.
La Plata se encuentra cuarta en el ranking de distritos bonaerenses con metros cuadrados construidos sin declarar, debajo de Pilar (188.330 m²), Bahía Blanca (117.932 m²) y General Pueyrredón (111.777 m²). Luego siguen Tigre (99.230 m²) y Moreno (91.913 m²), teniendo en cuenta los primeros seis del listado.
Según la normativa vigente, los propietarios están obligados a comunicar cualquier cambio edilicio ante la agencia de recaudación dentro de un término máximo de 30 días, a partir de que la modificación se encuentre en condiciones de habitabilidad. Si no se declara la verdadera situación del inmueble en el plazo estipulado, el organismo provincial tiene la posibilidad de incorporar las mejoras de oficio y aplicar las multas correspondientes.
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