El reclamo fue realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, sustentado “en el respeto al principio de igualdad ante la ley”. Remarcaron que tiene que realizarse “con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad”
“La política sanitaria dictada por los gobiernos Nacional y Provincial no llega a los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires”, afirmaron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en base a los relevamientos que realizó el organismo en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
“Como ya se reconoció el año pasado, las inhumanas condiciones de detención, sobrepoblación y hacinamiento extremo convierten a cárceles y comisarías en espacios propicios para la diseminación del virus. Hoy las condiciones de vida son las mismas, los protocolos sanitarios no se cumplen de manera adecuada, los testeos casi inexistentes, el acceso a la salud es nulo o deficiente porque falta personal e insumos, y la vacunación de la población de riesgo en los lugares de encierro no se realizó”, indicaron.
El organismo constató esta situación en las 32 inspecciones realizadas en el año a 27 unidades penitenciarias y pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Salud y a la Suprema Corte provincial que se adopten medidas urgentes para mitigar el impacto de la segunda ola de Covid-19 en el encierro, entre ellas la vacunación de las personas detenidas. En ese sentido, informaron: “28 de las 178 personas fallecidas en cárceles durante el 2020 fueron por Covid19”.
A su vez, explicaron que “la situación de contagio en las cárceles bonaerenses es bastante difícil de calcular porque la información no ha sido ni rigurosa ni completa: hasta el 12 de marzo de este año, se habían realizado sólo 345 hisopados en las unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense. En una población de más de 44 mil detenidos, ese número de testeo representa una tasa de 9 hisopados cada 1.000 personas; cifra notablemente más baja que las tasas provincial (131), nacional (164), del Servicio Penitenciario Federal (103) y de las comisarías bonaerenses (418)”.
El organismo además puntualizó que teniendo en cuenta la situación actual de emergencia de una segunda ola del virus -con cepas que tienen mayores índices de transmisibilidad y que muestran cuadros clínicos más graves en pacientes jóvenes- “se hace indispensable tomar medidas para garantizar no sólo la salud de las personas detenidas sino también para evitar que una situación de contagio en las cárceles se disemine extramuros”.
Foto: Télam
La situación de superpoblación y hacinamiento que existen dentro de las cárceles bonaerenses, con la consecuente violación a los derechos humanos que esto implica, agudiza el problema sanitario en este contexto de pandemia.
En ese sentido, la CPM solicitó a la Corte bonaerense que “instruya a los jueces para revisen la situación de detención y controlen la condición de las personas que se encuentran detenidas a su cargo y son grupos de riesgo según las disposiciones de Ministerio de Salud, para las mujeres con hijos/as alojados/as con ellas y embarazadas y para personas mayores de 60 años en unidades penitenciarias, alcaidías o dependencias policiales. Máxime cuando se encuentra acreditada la nula capacidad de la Dirección de Salud Penitenciaria para dar respuesta a esta crítica situación”.
También solicitó que “instruya a los magistrados para revisar de oficio las prisiones preventivas por delitos leves y no violentos, y evaluar el otorgamiento de libertadas o medidas morigeratorias para las personas condenadas por estos mismos delitos y para aquellas que se encuentran en condición de acceder a los regímenes de libertades asistidas y condicionales”.
En lo referente a este contexto, en las notas remitidas a los Ministerios de Justicia y Salud, el organismo pidió que “se garantice la provisión a las personas detenidas, de manera regular y periódica, de los elementos necesarios para prevenir los contagios: barbijos, jabón de tocador, alcohol en gel y lavandina o lejía. Asimismo, pidió que se controle el cumplimiento de los protocolos: el correcto uso del barbijo por parte del personal penitenciario, y la toma de temperatura y sanitización de las personas que ingresan”.
Además, la CPM denunció que los hospitales modulares para las cárceles, inaugurados entre diciembre y enero, no están aún funcionando “por falta de personal e insumos, una constante evaluada en cada inspección y que será difícil de resolver: un médico de guardia en el SPB cobra la mitad de lo que se cobra una guardia en el sistema público”.
“En este contexto de crisis sanitaria, debe incluirse a las personas detenidas en los planes de vacunación dispuestos por la autoridad sanitaria y priorizar, con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad, a las personas con factores de riesgo y edad avanzada. Este pedido de la CPM se sustenta en el respeto al principio de igualdad ante la ley”, concluye la comunicación pública realizada por el organismo.
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