Lanzaron los 12 puntos para democratizar y federalizar la pauta publicitaria

Sindicatos de prensa junto a medios cooperativos y autogestivos presentaron una propuesta en el Congreso nacional para legislar la asignación de los recursos públicos publicitarios que hoy se distribuyen de manera discrecional. Una iniciativa que promueve transparencia, equitatividad, pluralidad y diversidad

Promover la pluralidad en la producción de la información y diversificar las maneras en que nos informamos son elementos claves para promover una democracia sólida y participativa. Sin embargo, a poco más de once años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la propiedad de los medios de comunicación en nuestro país sigue aún concentrada y centralizada en pocas manos.

Para modificar esto, son necesarias reformas en las políticas de comunicación de los Estados nacional, provinciales y municipales. La más urgente es la federalización y la democratización de la pauta publicitaria pública. Su distribución se ha convertido en otro “sótano” de la democracia, donde las grandes corporaciones se llevan la mayor parte de estos recursos económicos destinados a difundir las políticas de Estado.

Tal como había adelantado Pulso Noticias, desde el año pasado la Federación Argentina de Trabajadores/as de Prensa (FATPREN), la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia), la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), junto a redes de medios cooperativos y autogestivos como el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), se encontraban debatiendo una propuesta para legislar la asignación de los recursos públicos publicitarios.

La iniciativa maduró con el correr de los meses y este martes fue presentada oficialmente fuera del Congreso Nacional con una transmisión en vivo. Se trata de 12 puntos clave para construir un proyecto de ley que permita transparentar y promover equidad en la distribución de la pauta publicitaria.

“Se trata de dineros públicos, por lo que proponemos que se establezcan criterios claros de asignación de esos recursos. Consideramos importante también que la ciudadanía conozca la distribución de esos fondos”, señalan en el texto de la propuesta.

En se sentido, remarcan que “la Pauta Publicitaria Oficial debería promover la diversidad y pluralidad para llegar a toda la población asegurando la libertad de expresión y el derecho a la información. Es obligación del Estado evitar el creciente proceso de concentración de la información y la comunicación. Tal concentración que se da en la propiedad de los medios, en la asignación de recursos públicos y privados y en su localización geográfica”.

“Resulta evidente que el Estado al pautar anuncios y mensajes dirigidos a la población no puede utilizar criterios de Mercado. Al sector publicitario privado, le interesa la franja demográfica denominada ABC, que representa el 80% del consumo, pero sólo el 52% de la población”, explicaron.

Por solo poner un ejemplo de la discrecionalidad con la que se distribuyen estos recursos, basta mencionar que a la Cooperativa de Trabajo Pulso Noticias, editora de este portal, la Municipalidad de La Plata le debe 6 meses de pauta publicitaria. Esto atenta directamente contra la sustentabilidad del medio de comunicación, mientras otras empresas mediáticas y monopólicas de la región reciben cuantiosas cifras sin interrupciones ni demora alguna. Esta situación fue denunciada por el Sindicato de Prensa Bonaerense e  incluso fue planteada en el Concejo Deliberante a través de un proyecto de resolución, pero sigue todavía sin resolverse.

A continuación, reproducimos los 12 puntos elaborados y presentados ayer como base para un futuro proyecto de Ley:


1. Entendemos por “Publicidad Oficial” a toda comunicación, información, anuncio o campaña comunicacional que realice cualquier organismo o empresa con participación mayoritaria del Estado Nacional en forma paga en cualquier tipo de medio de comunicación.

2. Los objetivos de la Publicidad Oficial son garantizar el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública, promover el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas y promover la participación ciudadana, los Derechos Humanos, la diversidad de culturas locales y regionales, la cultura nacional y los valores democráticos. Por tanto, la Publicidad Oficial, será distribuida en forma transparente, justa y equitativa, entre los diferentes medios garantizando la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo.

3. Por lo antes expuesto señalamos que la distribución de Publicidad Oficial no puede regirse por criterios de mercado. No se trata de vender un producto o servicio a clientes o consumidores. La publicidad comercial tiene un objetivo muy concreto: promover el consumo de un bien o servicio. Sus mensajes se dirigen a un consumidor al que se trata de convencer. La lógica es comercial y se buscan beneficios puramente mercantiles. En el caso de la Publicidad Oficial la perspectiva es distinta: el Estado no se dirige a un consumidor, sino a un ciudadano. El gobierno no vende un producto o un servicio, busca informar y educar a ciudadanos. En otras palabras: La comunicación gubernamental en las sociedades democráticas se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber del Gobierno de informar, transparentar su acción y rendir cuentas.

4. De igual forma entendemos que la Publicidad Oficial no debe promocionar directa o indirectamente la gestión personal de funcionarios, ni de ningún partido político.

5. El órgano de aplicación de la Ley debería ser la Agencia Estatal TELAM S.E. (como establecía la Ley de creación de la Agencia) y por tanto que toda la publicidad de los diversos organismos y empresas del Estado, se realice a través de la Agencia estatal TELAM. Dicha Agencia debería mantener un Registro Único y público de proveedores de publicidad en el que se inscriban los medios que aspiran a recibir publicidad. En ese Registro estarán incluidos los titulares de medios. Sólo podría ser rechazada la inscripción o eliminado del Registro el medio que falseara datos en su inscripción, incumpliera obligaciones fiscales o la legislación laboral en forma reiterada.

6. La Publicidad Oficial debe ser contratada directamente y solamente a los titulares de cada uno de los medios. Esto resulta indispensable para evitar la duplicación o multiplicación de facturación de un medio a través de distintas figuras jurídicas, “productoras” o agencias de publicidad.

7. A fin de promover y garantizar la pluralidad de medios de comunicación proponemos que la Ley establezca que un medio o los medios de un mismo grupo económico podrán recibir un máximo de 3% del monto total de la publicidad oficial.

8. En igual sentido y a fin de asegurar la distribución equitativa de publicidad en los medios de todo el territorio nacional con un criterio federal proponemos que la Ley establezca cupos por provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguiendo los mismos criterios con los que se asigna la coparticipación federal de impuestos.

9. Con igual criterio proponemos que la ley establezca un cupo de no menos del 33 % de la Publicidad Oficial a ser adjudicada a medios de titularidad de entidades sin fines de lucro.

10. Para hacer posible la transparencia y el control ciudadano sobre las contrataciones de publicidad de organismos del Estado entendemos necesario que la Ley establezca la obligación de publicar en un sitio público en internet todos los contratos publicitarios, indicando medio, empresa titular del medio, tipo de anuncio (espacio, cantidad de menciones y tiempo de emisión según sea el caso) y monto de la contratación.

11. Compartimos la idea de crear un Consejo Federal asesor en materia de publicidad y de invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a legislar en el mismo sentido.

12. Finalmente establecer como criterio excluyente para el otorgamiento de pauta publicitaria estatal que el medio privado comercial que la perciba cumpla con las normativas convencionales y los salarios acordados en paritaria con los sindicatos de actividad, en consonancia con el Art. Nº 64 de la Ley 12.908 (Estatuto del Periodista Profesional).

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