Fin del congelamiento de alquileres y desalojos: ¿Qué pasará?

El DNU 320/20, que congeló las rentas y prohibió desalojos en el contexto de la pandemia de coronavirus, deja de regir este miércoles. Desde mañana los contratos podrán actualizarse y los locatarios que tengan deuda podrán pagarla en cuotas o enfrentar juicios

El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos 320/2020, que estuvo vigente durante un año en medio de la emergencia económica por la pandemia de coronavirus, concluye este miércoles 31 de marzo. Cuando se conoció la noticia de que esto ocurriría, a principios de mes, hubo un fuerte impacto entre inquilinos -que reclamaban la extensión de la medida, y protagonizaron una protesta al respecto este lunes 29- e inmobiliarias. Es que a partir de mañana los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas o enfrentar juicios de desalojo.

A toda esta situación el Gobierno nacional respondió con el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, cuya elaboración y aprobación se instruyeron con la Resolución 88/2021.

El protocolo marca que, por un lado, se recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Mientras que por el otro, se arbitrarán los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública. Para ello, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

En tanto, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, insistió días pasados que los propietarios que no declaren a la AFIP sus contratos de locación no podrán desalojar a sus inquilinos. Además, Ferraresi precisó que de acuerdo a la nueva normativa vigente “no habrá posibilidad que un juez haga un desalojo si no tiene previamente determinada la mediación. No me imagino al sistema judicial generando cosas en contra de la ley de alquileres”.

Habrá que ver a partir de mañana, entonces, cómo se vuelve a acomodar el mercado inmobiliario, y cuánto de razón tenían inmobiliarias y locatarios en sus respectivos reclamos.

Comentarios

- Advertisement -