FASACAL: la Justicia solicitó intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense

Tras la denuncia penal en junio de 2019, avanza la causa por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979 en la ex fábrica de cal, FASACAL, ubicada en Hernández. El fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira pidió que se archivara la causa, aun así el juzgado solicitó la intervención del EAAF y ahora pidieron un amplio informe a la Municipalidad de La Plata 

Por Estefanía Velo
Edición: Julia Varela

En nuestra ciudad una ex fábrica que está denunciada por haber funcionado como un centro clandestino de detención y tortura durante los años 1974 y 1979. Se trata de FASACAL, una empresa ubicada en 25 y 511 -Hernández- la cual pertenece a la familia platense Larran. En los últimos meses el juzgado avanzó en la investigación y dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“En los operativos del predio de la FASACAL se ingresaba a personas detenidas, se las torturaba e incineraba en los hornos del establecimiento fabril, después  se fabricaba cal con esos restos o se los enterraba en el lugar”, relató Juan Carlos Guillermet en su denuncia penal.

Juan Carlos se crió en los campos de Hernández, es vecino de la ex fábrica y también fue un detenido desaparecido en 1976. En junio de 2019 se presentó ante la justicia federal, bajo el patrocinio del Colectivo de Abogadxs La Maza, para denunciar lo que vio durante muchos años en FASACAL. “Acá se mató a gente”, resaltó Guillermet a Pulso Noticias, que insiste en que hay mucha gente que sabe también qué pasó en FASACAL desde 1973 en adelante, “pero son pocos los que se animan a hablar”. 

En su narración judicial, comparable con alguno de los múltiples relatos de sobrevivientes de Auschwitz, aseguró: “los traslados se realizaban en camiones oficiales a veces, pero en su mayoría a través del tren de carga que ingresaba a la fábrica. Las personas eran llevadas tanto vivas como muertas, en este caso personal armado descargaban y los tiraban directamente a los hornos que estaban prendidos y a donde la vía tenía descarga directa”.

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Asimismo, señaló que los operativos se realizaban los fines de semanas cuando la fábrica no tenía actividad. “Se podía distinguir la quema de cuerpos humanos porque el olor nauseabundo que generaba era muy distinto al que provocaba el funcionamiento normal de la fábrica. Al tiempo los represores empezaron a usar incienso para disimular el olor”, continuó su relato. 

Pasaron casi 50 años de ese hecho denunciado. Esta historia es una de las tantas marcas que dejó el genocidio llevado a cabo en nuestro país desde 1976 a 1983, aunque con denuncias de secuestro, torturas y desapariciones en los años previos al golpe militar.

A paso lento, avanza

En la denuncia solicitaron -entre otras medidas de prueba- la prohibición de adulterar el predio, principalmente ante los diversos intentos de demoliciones y deforestaciones por parte de la familia Larran. A su vez, pidieron que se le dé intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que realice un estudio exhaustivo a fin de determinar la presencia de restos humanos. 

Luego de un año de la denuncia y de pedidos de informes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia para obtener más información del tema, en junio de 2020 el Juzgado Federal N° 3 de La Plata ofició al EAAF para que informara sobre la posibilidad de realizar una intervención sobre el predio lo cual fue contestado en los primeros días de marzo de este año. 

Allí, dejan explícitas sus responsabilidades periciales, principalmente previendo minimizar las angustias de los familiares de las victimas del terrorismo de Estado. Para llegar a la culminación de su investigación necesitan mayor información del terreno para luego con mucha precaución evaluar la realización de la excavación de inhumaciones clandestinas. Por ello, solicitaron todos los datos registrados de la propiedad: tanto a nivel municipal, en el Registro Catastral de la propiedad, como también a nivel provincial en la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, el registro de dominio, señalización y mapas del lugar. 

El Juzgado Federal N°3 encabezado por Ernesto Kreplak libró un oficio a la Municipalidad de La Plata para requerir un amplio informe sobre toda la documentación que posea de la empresa FASACAL. “En particular habilitación, dimensiones de parcela que ocupa la propiedad, planos edilicios, fotos aéreas de entre 1975 y 1983, a fin de establecer si la propiedad ocupaba una dimensión mayor a la actual, modificaciones edilicias, evolución de la forestación, etc.”, según se manifiesta en el oficio judicial al cual tuvo acceso este medio.

En tanto, desde la querella de los organismos de DDHH, el espacio Justicia Ya La Plata, manifestaron que aportarán un completo relevamiento del predio realizado en tres años de trabajo y seguirán  exigiendo “que se pongan todos los recursos adecuados para esclarecer los hechos denunciados y las responsabilidades que le quepan a los dueños de la empresa y a autoridades policiales y militares responsables del genocidio ocurrido durante la última dictadura”. 

Recorrido judicial

En el caso interviene la Unidad Fiscal para delitos de lesa humanidad, compuesta por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira. Este último, a los tres meses de iniciada la causa, pidió el archivo de la misma por “haberse agotado las medidas de prueba y no haber otras que proponer”.

La abogada Carolina Vilchez (integrante de La Maza) explicó a Pulso Noticias, que el fiscal pidió el archivo luego de algunas contestaciones: en agosto de 2019 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señaló que en el Archivo Nacional de la Memoria no había registros, salvo una mención a la fábrica del periódico Palabra Obrera pero de la década del ’60 y sólo una mención a Fasacal en Causa Almeyda 2955, o sea en el juicio “Circuito Camps” de 2012. “El problema es que no especificó de quién, ni mandó copia”. 

Luego, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia contestó que no tienen registros del tema. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dijo que, en el archivo de la ex DIPPBA, sólo hay una ficha de Larrán Jorge Mario que lo ubica como integrante del Colegio de Abogados de La Plata, pero en los ’60. 

Tras casi dos años de iniciada la causa en los Tribunales  Federales de La Plata, se encuentran a la espera de la respuesta oficial de la Municipalidad de La Plata sobre el terreno, planos y demarcación de la zona de interés para que avance el EAAF. Asimismo, la querella también había solicitado la declaración indagatoria de Jorge Mario Larrán y otras personas involucradas. ¿El juez avanzará con la indagatoria a declaraciones testimoniales?

El frente de la exfábrica FASACAL sobre calle 511. Foto: Pulso Noticias

El directorio FASACAL

El recorrido de la familia Larran precisa una nota aparte para desarrollar los múltiples lugares de poder que han ocupado. Actualmente el directorio de FASACAL S.A.C.I está integrado por Jorge Mario Larran como presidente y representante legal; Elsa Angela Spideni -su esposa- como Directora titular y Germán Larran -su hijo- como Director Suplente. Mientras que como síndico titular se encuentra Gustavo Adolfo Reboredo -especialista en practicaje- y Victoria Larran -su hija- como síndico suplente. 

Jorge Mario Larran fue funcionario civil de la Municipalidad de La Plata durante la última dictadura cívico militar, mientras que su hijo Germán, actualmente es el Subsecretario de Gestión Ambiental de la ciudad. 

A su vez, entre las memorias del Colegio de Abogados de La Plata figura que Jorge Mario Larran fue miembro del Tribunal de Disciplina durante el ejercicio de 1977 y 1978, en plena dictadura.

No callarse nunca más: denunciaron nuevos centros clandestinos de detención y tortura

Cabe mencionar que además de la causa federal por delitos de lesa humanidad que -según relata Juan Carlos Guillermet- se cometieron en la ex fábrica platense, hay una disputa del predio en la actualidad con un intento de desalojo.

La fábrica estuvo abandonada durante años y hasta llegó a convertirse en un basural a cielo abierto: fue denunciado por los vecinos por lo que desde hace diez años un grupo de jóvenes del barrio decidieron recuperar parte del predio como un pulmón verde de la zona. Desde ese momento funciona El Bosquesito, un vivero experimental donde hacen huerta, talleres, reproducen semillas libres y plantas de manera autogestiva. Ahora, Germán Larran denunció penalmente a las y los integrantes de El Bosquesito para que sean desalojados y así lo avaló la justicia. Aunque, debido a la Ley 15193 sancionada el pasado octubre en la cual se suspenden los desalojos judiciales en la provincia de Buenos Aires hasta el 31 de marzo, no podrán avanzar.

Muchas veces la justicia responde rápido a los reclamos de algunos sectores. ¿Avanzará para develar la verdad sobre qué pasó en FASACAL durante la dictadura y señalará a los empresarios que han sido cómplices de los militares? 

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