El vicejefe de Gabinete fue denunciado de haber favorecido a la compañía Farmacity como proveedora del Pami
Este viernes el fiscal Ramiro González imputó al vicejefe de Gabinete Mario Quintana para que se lo investigue por varios delitos de corrupción y conflictos de capitales luego que trascendiera su porcentaje de acciones en Farmacity, cuya cifra representa el 53% de los votos lo que le otorga el control de la cadena de esas farmacias.
Los festejos al interior de Cambiemos por el acuerdo logrado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de 50.000 millones de dólares parece no haberle durado mucho a la alianza gobernante.
La causa comenzada por el funcionario judicial, indica que uno de los hombres claves dentro del armado económico nacional, indica que Quntana tenía participación en las empresas Partner SA, la cual tiene porcentaje mayoritario de la tenencia de Farmacity, y de Pegasus S.A, nungina declarada ante la ley. Y que habría “abusado” del poder de su cargo para favorecer con diversos contratos a la empresa con la obra social de los jubilados y pensionados.
Además, el letrado denunció que se cometió adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana para la habilitación de sucursales Farmacity en provincia de Buenos Aires; influir ante la Corte Suprema de Justicia para evitar problemas judiciales; sumado a una violación a las normas de competencia comercial ya que los kioscos no pueden vender medicamentos y paralelamente aquella empresa sí podía.
El fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo una batería de medidas de prueba como ser el pedido a la Oficina Anticorrupción que informe sobre declaraciones juradas presentadas por Quintana desde 2015 a la fecha; si en el organismo hay actuaciones que lo tengan en la mira a él o bien a la empresa Farmacity.
Por otra parte, pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) informe sobre composición accionaria de las empresas Farmacity, Partner S.A y Pegasus SA; y al Ministerio de Modernización saber si esas empresas son proveedores del Estado, particularmente de la obra social PAMI. También reclamó que el PAMI informe sobre toda la normative vinculada a la contratación de los proveedores de Farmacia, y entregar en caso de haberlo el expediente de Farmacity.
Finalmente, pidió que la jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires informe los detalles sobre cómo fue la autorización para que la empresa Farmacity comience a operar en el territorio bonaerense.
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