El gobierno nacional derogó una norma del 2017, que ponía trabas en las reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas provenientes de otros países a la Argentina. ¿Qué significa para quienes llegan de otras latitudes?
El Gobierno nacional derogó hoy un decreto del expresidente Mauricio Macri sobre política migratoria, al considerar que los cambios efectuados bajo el gobierno anterior “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
Así lo establece el Decreto 138/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina.
La norma restituye “la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017” y dispone la creación de una “Comisión Asesora de Política Migratoria” que deberá “proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871”.
La ley establece modificaciones al régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país.
Entre las principales modificaciones, se citan “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
En el momento de la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía “impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”.
En carne propia
Juan Carlos Quesquén Rodríguez es un reconocido periodista que llegó a Argentina proveniente de Perú, para trabajar y estudiar en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Fue en esta ciudad donde conoció de cerca las necesidades de la comunidad peruana en el exterior, como así también de la del resto del colectivo migrante que llega a nuestro país en busca de oportunidades.
Consultado por Pulso Noticias sobre la derogación del decreto del gobierno de Macri, manifestó que “desde la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes recibimos con mucha satisfacción la noticias después de 4 años de lucha, es un gran triunfo del conjunto de los colectivos migrantes”.
“Desde enero de 2017 los diferentes colectivos migrantes nos movilizamos y estamos en las puertas de migraciones de La Plata, en el Congreso, para manifestar nuestro rechazo. Hemos estado movilizándonos en las calles con el ‘migrantazo’, el paro migrante, la olla popular migrante, junto a otros organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y culturales”, detalló Quesquén Rodríguez.
“Es un triunfo que este decreto se derogue y seguiremos atentos por la no aplicación del ‘falso turista’, que es una medida que le da cierto poder al personal administrativo en las fronteras para evitar el ingreso de algunos migrantes de países latinoamericanos”, agregó el periodista.
Más igualdad de derechos
El Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS) celebró hoy la decisión del gobierno nacional de derogar el decreto que modificaba la ley de migraciones, al considerar que vulneraba los derechos humanos, y destacó que implica “un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos”.
“Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años”, publicó el CELS esta mañana en su cuenta de Twitter.
Y agregó: “La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar”.
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