Fuerte predicción de las Asociaciones de Inquilinos de todo el país. Expresaron su preocupación ante la declaración de que no se prorrogará el decreto contra desalojos y congelamiento de alquileres a partir del 31 de Marzo.
Se trata de un comunicado de prensa firmado por colectivos de La Plata, Caba, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires; también las localidades de Lomas de Zamora, Lanús, Vicente López, Morón, Avellaneda, Quilmes, Mar del Plata, Tres de Febrero y CABA. La ciudad de Rosario, provincias de Córdoba, Santa Fé, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Usuahia, San Martin
Contaron que el miércoles hubo un anuncio público del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien expresó que no se volverá a extender el decreto 320/20, que congela alquileres y suspende desalojos, y que tiene vigencia hasta el 31 de marzo.
“Desde hace meses que organizaciones de inquilinos de todo el país venimos solicitando reunirnos con el ministro para aportar miradas y propuestas para garantizar el derecho a la vivienda y a un alquiler justo de todos los inquilinos”, expresaron al inicio del comunicado respecto al nulo diálogo con estas asociaciones de vecinas y vecinos.
A pesar de eso también agregaron que el gobierno “ha hecho un importante esfuerzo en esa dirección” ya que tanto el decreto 320 como la reciente reglamentación del registro de los contratos en AFIP “son muestra de eso”.
“Pero también venimos señalando que en el tiempo transcurrido se debió haber avanzado con políticas que permitieran ir transformando las condiciones de alquiler en la Argentina, en un momento crítico como la pandemia de COVID 19, donde se requieren soluciones urgentes e inmediatas”, describieron respecto al complicadísimo contexto para quien debe pagar un alquiler imposible con un sueldo que no llega a la canasta básica.
Entre las diferentes preocupaciones de los grupos que lograron articular un comunicado conjunto de manera federal, por un lado expresan la “situación de endeudamiento de muchísimos inquilinos” en el marco de las condiciones económicas que “apenas empiezan a despuntar tras más de un año de pandemia” y esto tiene un “impacto real en la recuperación del empleo y del poder adquisitivo llevará tiempo”.
“No es factible pensar que miles de inquilinos que han perdido su trabajo o visto disminuir drásticamente sus ingresos hoy puedan afrontar el pago de los aumentos más las deudas, aún en 12 pagos”, detallan.
Pero por otro lado los y las inquilinas del país organizadas también llaman la atención respecto a la inexistencia de organismos de control a los cuales recurrir: “son quienes puedan intervenir efectivamente ante situaciones de abuso o incumplimiento de la ley… sin estos los inquilinos seguimos indefensos frente al sector inmobiliario, que actúa impunemente”.
Tampoco observaron espacios de mediación del Ministerio de Justicia: “¿Piensan hacerlo en menos de un mes?” se preguntaron respecto a la pronta llegada del 31 de marzo y el fin del decreto: “Todo parece indicar que los desalojos serán una realidad cotidiana”.
Dejaron establecido una serie de medidas a pedir hacia el gobierno nacional, a saber:
1- Extensión del Decreto 320/2020 hasta en tanto y en cuanto se recupere la situación económica de los inquilinos/as.
2- Implementación de una política de desendeudamiento para todos los inquilinos en 24 cuotas, toda vez que se le garantice el precio del contrato anterior y la continuidad en la vivienda a cada inquilino/a.
3- Escalonamiento de los grandes, medianos y pequeños propietarios para el cobro de deudas: comenzar por los que menos viviendas tengan en alquiler, y que las grandes corporaciones absorban parte de las mismas. Es decir, que realicen una quita.
4- Congelamiento del precio de los alquileres por dos años hasta que mejore la situación económica del país, como lo realizó Francia, Alemania, parte de España, Inglaterra, Holanda y varios países de Centroamérica. Esta medida cuida el bolsillo de los inquilinos/as (que hoy destinan un 53% de sus ingresos sólo al pago del alquiler), y frena la inflación futura.
5 – Reglamentación del Programa Nacional de Alquiler Social para atender el problema de los inquilinos/as en forma urgente.
6- – Incorporación del valor de los alquileres en la canasta básica del INDEC.
7- Que exista desde el Estado una política de relevamiento de datos del sector, incluyendo censo de vivienda ociosa en condiciones de habitabilidad.
8- Tarifa de servicios públicos para inquilinos/as.
9- Control del Estado sobre la vivienda ociosa.
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