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jueves 25-04-2024

Telefonía, internet y cable seguirán siendo servicios públicos

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La justicia rechazó un planteo presentado por Telecom para suspender el decreto que declaró a esos servicios esenciales y estratégicos

La Justicia rechazó hoy un planteo de Telecom para suspender la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía móvil y fija, internet y TV por cable y estableció una prestación básica universal y obligatoria.

La decisión fue del juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa, quien se negó a dictar una medida cautelar contra la entrada en vigencia de esta norma y resoluciones vinculadas con los aumentos de tarifa.

“Habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante”, concluyó el juez en relación con el decreto de necesidad y urgencia 690.

En el fallo se refirió así a la resolución 95/2020 por medio de la cual el Senado de la Nación determinó la validez del Decreto.

Telecom, “más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía”, analizó el fallo que podrá ser apelado ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal.

La empresa “no ha explicado concretamente” cómo la norma afectaría “el estado de sus finanzas”, agregó.

El decreto de necesidad y urgencia fue dictado “en oportunidad que se encontraba vigente el ‘Aislamiento social, preventivo y obligatorio’, es decir en un contexto donde la única forma de conexión interpersonal era a través de los TIC”. y en el marco “de crisis sanitaria y social” por la pandemia de coronavirus, remarcó la sentencia de primera instancia.

Al contestar la demanda, el Estado Nacional pidió rechazar la medida cautelar y ratificó la “constitucionalidad” del decreto al remarcar que tuvo por objeto “posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.

El Estado explicó que “fueron detectadas serias limitaciones y dificultades al acceso al servicio de internet, que impidieron la educación a distancia” en los “sectores más vulnerables” durante la pandemia.

Además, sostuvo que tanto el decreto como las resoluciones del Enacom “constituyen una decisión política pública con el fin de proteger el derecho de acceso a la telefonía móvil y a los “Servicios de TIC””.

Con información de: Télam

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