La intendencia local avanza con la polémica propuesta de comprar 20 pistolas Taser. Pulso Noticias te cuenta cuáles son los números que maneja el Ejecutivo para acceder a estos dispositivos ¿Es prioritaria la compra de este armamento en un contexto de pandemia y crisis económica?
Por Walter Amori
El 6 de octubre el intendente Julio Garro anunció el envío de un proyecto al Concejo Deliberante para adquirir 20 pistolas Taser con fondos propios. Lo que había empezado como una batalla dialéctica en torno a la problemática de la inseguridad pasó a ser uno de los temas centrales en el debate desatado en el Concejo Deliberante local.
El proyecto, que lleva la firma de la concejala y presidenta de la Comisión de Seguridad, Romina Cayón, plantea autorizar al Poder Ejecutivo a realizar “las adecuaciones presupuestarias correspondientes” para la adquisición de estos dispositivos. El jefe comunal definió a estas armas como “una tecnología de gran utilidad para quienes tienen que cuidarnos”.
La propuesta de Garro no fue aislada, al mismo tiempo otros tres municipios de la oposición enviaron proyectos a los Concejos Deliberantes para avanzar con las compras: Lanús, Tres de Febrero y Vicente López.
Esta iniciativa asoma con contradicciones de todo tipo. En primer lugar, como refirió el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni (quien se manifestó a favor del uso de este armamento), los municipios no tienen potestad de decisión sobre las policías locales, ya que las mismas dependen de la Bonaerense.
Por otra parte, no hay agentes de la policía que estén capacitados para utilizarlas, ni hay (por el momento) voluntad de Axel Kicillof de incluir una partida presupuestaria para ello. “Lanús no tiene Policía y si quieren comprar pistolas Taser las podrán usar entre los funcionarios”, chicaneó Berni hace algunas semanas atrás, en referencia a los intendentes que promovían las compras de estos dispositivos. Otro aspecto técnico incongruente es que los agentes de seguridad municipal son una fuerza con poder disuasorio, sin uso de arma.
Además, como se informó en este medio, es un error referirse a las pistolas Taser como armas no letales. En enero de 2019 Amnistía Internacional (AI) advirtió al país sobre los riesgos de la utilización de este tipo de armamento, analizando particularmente las políticas de seguridad impulsadas por la ex ministra Patricia Bullrich.
Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina, explicaba en ese momento que el organismo “hace años investiga el uso de armas de electrochoque (como las Taser) y destaca dos preocupaciones principales en materia de derechos humanos, que han sido compartidas por otros organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU. En primer lugar, se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas. En segundo lugar, las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona”.
En el mismo sentido, la Comisión Provincial por la Memoria recordaba también en enero del año pasado que “en un estudio realizado por Amnistía Internacional en 2007, se informa sobre 269 muertes —sólo en EEUU durante un periodo de seis años— ocasionadas por el uso de estas armas”. En Canadá este estudio reflejó 15 muertes en 4 años.
Por otra parte, también es cuestionable la decisión de destinar recursos económicos para estas armas en el actual contexto y con las carencias que presenta la ciudad. Desde el bloque de concejales del Frente de Todos se criticó la propuesta, señalando que la gestión de Garro viene subejecutando las partidas en el área de seguridad y recordando particularmente que el año pasado apenas se ejecutó el 40% de lo presupuestado.
Además, también señalaron que en este contexto de pandemia y crisis alimentaria las prioridades deberían estar en otros aspectos y no en la compra de estas pistolas, aunque en ningún momento cuestionaron la posibilidad de utilización de las mismas, acompañando la línea del ministro Berni.
Desde la oposición también se había cuestionado fuertemente a la actual gestión en julio pasado, cuando el oficialismo presentó la Rendición de Cuentas. En esa ocasión el Frente de Todos votó en contra, señalando que por cuarto año consecutivo se observó una subejecución presupuestaria en áreas sensibles, objetando el bajo porcentaje de fondos destinados a salud, desarrollo social, violencia de género y seguridad. También se llamó especial atención sobre la nula ejecución presupuestaria para los 46 Centros de Atención Primaria a la Salud.
Con el blanco fijo
Pese a las críticas y las polémicas, Juntos por el Cambio se mostró decidido a avanzar en la compra de las pistolas. Lo que todavía es una incógnita es cuánto se terminará pagando por estas armas que, por el momento, no podrían ser usadas.
Hace dos semanas atrás el Secretario de Coordinación municipal, Oscar Negrelli, declaró en una entrevista a FM Cielo que el valor de cada una de las pistolas se ubica entre los 1800 y los 2000 dólares. Consultado por Pulso Noticias, el responsable del área de Seguridad local, Darío Ganduglia, habló de un presupuesto menor.
“Con cartuchos operativos y de práctica estaríamos entre 1100 dólares y 1800 si le adicionamos la cámara policial”, indicó Ganduglia. La diferenciación del funcionario municipal tiene que ver con que estas armas tienen la posibilidad de estar sincronizadas con cámaras corporales que llevan los agentes de seguridad y que se activan al momento de disparar.
Asimismo, el secretario de Seguridad y Justicia aclaró que todavía no se conoce exactamente el costo definitivo “porque tendría que ser a precio de mercado al momento de iniciar el proceso de compra”.
Teniendo en cuenta que el proyecto del Ejecutivo propone la compra de 20 pistolas, el monto total (de acuerdo a los datos aportados por Ganduglia) se ubicaría entre los 22.000 y los 36.000 dólares (casi 4 millones de pesos).
Si bien para las arcas públicas parecería no representar un monto excesivo, también resulta indicado resaltar que desde el gobierno municipal se aclaró que serán necesarias “adecuaciones presupuestarias”. Lo que cabe preguntarse es si es lo más correcto adecuar las partidas para la compra de estas armas cuando existe necesidades urgentes como la crisis alimentaria y sanitaria, el incremento del desempleo y mientras muchas de las áreas sensibles han sido en los últimos años subejecutadas.
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