Un conflicto que dura 30 años pero refleja la lucha y la paciencia ancestral. En 1992 una empresa papelera donó a la UNLP unas 6 mil hectáreas en el Valle de Cuña Pirú, Misiones, pero allí vivían comunidades guaraníes en resistencia. Tras protestas en La Plata, reuniones, el aval del Consejo Superior y un larguísimo juicio, la semana pasado hubo festejos y ceremonia. Para la UNLP el trámite aún no está terminado
Por Ramiro Laterza
En Misiones se encuentra una reserva natural protegida, en el parque provincial Salto Encantado del Valle del Arroyo Cuñá Pirú: senderos que atraviesan la Selva Paranaense, una flora y fauna única y algunas especies que sólo sobreviven en el lugar.
Durante décadas estuvo establecida allí la empresa forestal Celulosa Argentina, fabricante de pasta de celulosa, con lo que se produce papel de modo industrial. En 1991, la empresa decidió donar sus 6.039 hectáreas a la Universidad Nacional de La Plata.
Pero, poco tiempo después, a medida que la academia platense organizaba sus nuevos viajes de estudio a la selva misionera, se conoció que en la propia donación de tierras se incluía -cual cruda imagen de la esclavitud- el pueblo que las habitaba históricamente: los MBYA Guaraní, en sus respectivas 5 comunidades: Yvy Pyta, Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Yvytu Pora y Ka’aguy Miri Rupa.
Tras siglos de desterramiento, silenciamiento y resistencia, los pueblos originarios comenzaron en democracia hacer escuchar su voz. Así, en 1994 la Constitución Nacional actualizó el artículo 75, Inciso 17, donde reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y, a partir de esto, también la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
La lucha que no se abandona
En 2001 las comunidades comenzaron a trabajar junto a un grupo de abogados, el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), en un proceso que dura hasta la actualidad. Empezaron a viajar a La Plata, movilizaron, hicieron festivales y acamparon en el Rectorado, con apoyo de sectores estudiantiles y referentes de la cultura y derechos humanos como Perez Esquivel y Osvaldo Bayer. Por su parte, la Universidad armó en 2005 una Comisión y propuso quedarse con 700 hectáreas. Un tiempo después se produjo un momento de tensión en Misiones cuando la comunidad expulsó del Alto Valle de Cuñá Pirú a un grupo de estudiantes y docentes en viaje de estudio, de la Facultad de Naturales de la UNLP. Luego de esto la comunidad inició un juicio contra la institución académica y el Estado Nacional por daños y prejuicios y por el reconocimiento territorial.
En el año 2014 el Consejo Superior de la Universidad dio su aval para devolver la propiedad del territorio. Sin embargo el traspaso se siguió dilatando y se profundizó con su respectiva judicialización en 2017: “no lográbamos nunca terminar de ponernos de acuerdo en los términos, con un montón de idas y vueltas”, explicó a Pulso Noticias Julio Mazzotta, el histórico secretario legal del Rectorado – UNLP. “Siempre manifestamos que no le quitamos la tierra a nadie, recibimos una donación y no teníamos problema en hacer la restitución, el tema era cómo”, continuó. Una prevención de la “casa de Altos Estudios” era que el lugar es un área protegida, y que hay una biosfera que es Patrimonio de la Humanidad: “nuestra preocupación era salvaguardar eso”.
De todas formas esto está contemplado en aquella norma de la Constitución Nacional, en la cual ninguna de las tierras ancestrales será “enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”, es decir que son “sacadas del comercio” -añade Mazzotta – “no se pueden alquilar, vender, nada… solo vivir y conservarlas”, expresó el letrado -con un tono de frialdad legal- señalando el valor más importante para un pueblo originario.
Poseedores ancestrales
El traspaso y restitución del territorio a los MBYA es histórico. Para Roxana Rivas, una de las referentes abogadas de EMIPA, lo que las comunidades lograron no es que se les entrega la propiedad, sino que se les “reestituye un territorio” afirmó y explicó a Pulso Noticias: “es devolver a alguien que siempre fue dueño, está ese reconocimiento explicito de que han sido siempre los poseedores ancestrales de estos territorios”, en el sentido de lo que, en la práctica, ya está solucionado.
“Para los MBYA la palabra ´dueños´ es incongruente con su cosmovisión, para ellos el territorio es parte de ellos y ellos son parte del territorio”, agregó Rivas respecto a estas tribus de alrededor de 1500 personas.
Finalmente, en 2017, en una nueva audiencia de la Cámara Federal, la UNLP manifestó su verdadero problema con el acuerdo: “manifestamos que la única condición para cerrar el juicio de tierras era que la UNLP no tenía que correr con gastos, las costas del juicio, los abogados, etc… nuestra condición era que se arreglaran honorarios entre el Estado y las comunidades”, recordó Mazzotta.
A pesar de que el Estado Nacional no acordaba con esto, intervino la Provincia de Misiones y en 2019 el Juez aceptó la condición de sacar los gastos por parte de la Universidad. Y así finalmente cerró el juicio contra la UNLP, sin embargo, aún subsiste el juicio contra el Estado, ya no por las tierras, sino por daños y perjuicios.
Sobre las instituciones del Estado
Pasaron 30 años de la “donación” de las tierras con las comunidades incluidas. Fueron décadas de lucha, 10 años de proceso judicial y múltiples viajes de las comunidades a La Plata. Para la abogada de Misiones “este consenso tuvo mucho que ver con un proceso largo, productivo y constructivo, para lograr que la UNLP termine reconociendo estos derechos”.
“El Rol de la UNLP fue el mismo que tuvo el Estado en general, igual que la Universidad de Misiones, que también tiene territorio indígena a su nombre, y también vinculado a las concepciones de lo que es la propiedad”, opinó la abogada del Equipo de Pastoral Aborígen, y mencionó el trabajo particular del Dr Julio García, de dicho equipo, que condujo el proceso legal hasta marzo del 2019 cuando se consiguió la homologación del acuerdo con la UNLP.
Ritual, festejo y el concepto de “territorio”
El viernes pasado, 25 de Septiembre, se hizo un pequeño acto legal pero que tuvo gran significación simbólica. El Juez Federal José Luis Casals mandató al Juez de Paz del pueblo de Aristóbulo Del Valle, quien se acercó al lugar y entregó la Toma de Posesión, por la cual “desde marzo del 2019 las comunidades son las poseedoras dueñas y propietarias comunitarias de la tierra”.
Villalba estuvo presente allí y contó que más que un acto procesal se trató de una ceremonia, donde las comunidades “nos recibieron con sus rituales, su música y su danza”. Agregó que este acto genera un “efecto de publicidad”.
En relación a cómo vive la comunidad en el lugar, del cual nunca se fue a pesar de la empresa celulosa, la donación a la UNLP y todos los años que pasaron, la abogada “indígena” explicó el concepto de territorio: “Para ellos comprende no solamente la zona y las viviendas, sino todo lo que según su cosmovisión les permite subsistir y desarrollar sus vida según sus formas ancestrales… Entonces se delimitan zonas en las que ellos pescan, cazan, recolectan, siembran, lugares donde sacan productos para artesanias”, describió respecto a esas 6000 hectáreas y agregó que con esto conservan sus formas de vida, ademas de que “son cruzados por nuestra cultura y la tecnología” y que allí “desarrollan su espiritualidad”.
Una de las complicaciones es que durante esas décadas también hubo tomas e incursiones de otras personas en el lugar. Sin embargo, a partir de la restitución comunitaria estos ocupantes tampoco tienen derechos adquiridos, “porque los pueblos originarios tienen derechos imprescriptibles…no pueden negociar sobre esos territorios”, dijo Villaba y, en ese sentido, agregó que la restitución “es una garantía para ellos y un limite para los blancos, para no avasallar sus derechos”.
Por su parte, Mazzota desde la UNLP, respecto a que las personas que vivenen en el lugar sin ser parte de las comunidades dijo: “nosotros expresamos que no podíamos hacernos cargo de esa situación, tienen que pedirle al Juez que les de la posesión hasta hacer el título de propiedad, pero todavía no se pudo escriturar, porque faltan algunos papeles y trámites que les exigen a las comunidades… con esa posesión, podrán defender las tierras”, detalló.
Por eso, agregó, “la posesión se las entregaron legalmente para que puedan defenderlas, pero el título de propiedad todavía está a nombre de la Universidad”, incluso “hoy todavía el guardaparque es de la UNLP”.
“Nosotros queremos salir del medio de esto y terminarlo…hoy seguimos siendo responsables de las tierras, están inscriptas en la Universidad… cuando nos digan que tengamos que ir a firmar la escritura iremos para allí con el Presidente”, finiquitó el abogado platense respecto a su par, Fernando Tauber.
Por su parte, Villalba desde Misiones concluyó: “Ellos contaron que los que más les indignó es esto de ser incluidos en el paquete que se les donó de parte de Celulosa Argentina a la UNLP”.
Y desde su comunicado de prensa, el espacio de abogados EMIPA remarcó: “las comunidades indígenas lograron esta recuperación sin el apoyo de ningún estamento oficial, sufriendo presiones políticas y agresiones por parte de los intrusos que sí contaron con el respaldo de distintas autoridades, no obstante nunca cedieron porque tenían claro su objetivo: recuperar para sus nietos parte de su territorio ancestral”.
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