Así lo expresó Sandra Raggio, integrante de la mesa ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria en declaraciones a Radio Provincia. “Preocupa es la implicancia y el alcance de estas manifestaciones y de los acuartelamientos porque es un cuerpo armado el que se manifiesta”, afirmó
La integrante de la mesa ejecutiva de la Comisión Provincial de la Memoria, Sandra Raggio, manifestó hoy su preocupación por “la implicancia”, y el alcance de la protesta que policías bonaerenses llevan adelante en La Matanza y otros puntos del distrito, en demanda de mejoras salariales y laborales, que el Gobierno bonaerense anunció dará a conocer en las próximas horas.
“En el marco normativo actual, la Policía tiene prohibida la sindicalización”, dijo Raggio en declaraciones a radio Provincia y resaltó que “lo que preocupa es la implicancia y el alcance de estas manifestaciones y de los acuartelamientos porque es un cuerpo armado el que se manifiesta”.
Raggio admitió que “todo el que presta un servicio tiene el derecho a percibir un salario justo; pero, en el caso de la Policía, la forma en que expresa el reclamo no deja de tener una marca profundamente destituyente, porque rompe los marcos legales que hoy tiene el sector”.
“Sabemos lo que es la Bonaerense y su vinculación con los estados ilegales y sus prácticas violentas. Está en curso una investigación de desaparición forzada donde parte de la policía está implicada”, dijo Raggio y aseguró: “No hablamos de un cuerpo profesional que siempre ha tenido un apego a la legalidad”.
Asimismo, propuso “pensar a la policía dentro de un ordenamiento político más general y pensar en todo el poder que se le ha dado en todos estos últimos años de conservadurismo” y advirtió que “este es un problema estructural que hay que abordar de manera urgente”.
“Hay que volver a una conducción civil de la policía y promover un proceso de profesionalización de los agentes que es una deuda pendiente de todos los gobiernos de la provincia de Buenos Aires”, aseveró.
En esa línea, la Comisión Provincial por la Memoria había emitido un comunicado en el que se expresaba que “las políticas de otorgar mayor poder a la estructura policial, que se vienen produciendo desde hace varias gestiones, lejos de mejorar el funcionamiento de una institución atravesada por la corrupción estructural y la desprofesionalización, le da mayor poder que luego utilizan para funcionar como grupo de presión”.
“La policía bonaerense no puede funcionar por fuera de la ley, ni cuando actúa en los territorios ni cuando genera estos reclamos sectoriales. Este accionar agrede la democracia y el orden constitucional. Estos acuartelamientos y manifestaciones son ilegales, y así deben ser tratadas”, afirmaron desde el organismo.
Fuente: Télam
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