Diez años atrás a Julián Antillaca lo mató a golpes la policía de Chubut cuando salía de un boliche. La autopsia buscó instalar la versión de que había muerto por un coma etílico. Aún no se hizo justicia
Por Radionauta FM
El 5 de septiembre de 2010 los agentes de la policía provincial de Chubut, Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Pablo Morales levantaron a Julián Antillaca cuando salía de Ku, un boliche de las afueras de la ciudad y lo reventaron a golpes y patadas. Cuando lo subieron al patrullero ya estaba muerto. Después, tiraron su cuerpo al costado de la ruta. Hoy se cumplen diez años de su asesinato.
Julián tenía 19 años y la última vez que sus amigos lo vieron fue la madrugada del 6 de septiembre, cuando se fue caminando del boliche que estaba a las afueras de Trelew, la ciudad donde vivía. Cuando estaba cruzando la rotonda 5 de Octubre para volver a su casa, se encontró con los policías Abraham y Solís, miembros del grupo de patrullaje nocturno de la Comisaría 4ta de Trelew.
Esa noche, Julián había visto como esos mismos agentes habían atacado a los hermanos Sergio y Denis Aballay en Místico, el boliche que estaba enfrente de Ku. En la rotonda, Solís, Abraham, le pegaron patadas, con los puños y con elementos contundentes en la cara, la cabeza, el tórax, las piernas y le causaron lesiones cerebrales irreversibles.
Desde la primera autopsia, a cargo de la propia policía, se buscó instalar que Julián había fallecido de un coma etílico. Se montó una cadena de encubrimientos y complicidades que incluyó, con diferentes grados de responsabilidad, a peritos, policías, a la fiscal del caso y a los medios de comunicación.
Luego de una investigación a cargo de la Fiscal Mirta del Valle Moreno, la persecución de testigxs directxs y el desconocimiento de pruebas claves, se llegó a un primer juicio en 2012. En este proceso, ganó la versión policial de la muerte por coma etílico, a pesar de que los peritos forenses encontraron sangre en el patrullero. No bastó que una testigo directa declarara que esa madrugada había visto cómo dos policías golpeaban a un joven al que ella identificó como Julián y que, para que no la vieran, se escondió detrás de un árbol. En el primer juicio de 2012 los policías Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Pablo Morales, integrantes del grupo de patrullaje nocturno fueron absueltos.
“El tribunal nos sorprendió con una absolución escandalosa pese a que el juicio fue extenso y tuvo una gran cantidad de pruebas científicas, testimoniales y técnicas”, dijo César Antillanca, el papá de Julián. Luego de ese primer proceso y mucha lucha mediante, se consiguió impugnar el fallo y llegar a un segundo juicio en 2015 con las pruebas organizadas. En esta oportunidad, a partir de la presión social y las evidencias conclusivas, los cuatro policías fueron condenados, aunque tiempo después en los Tribunales de Casación sólo se definió condenar a prisión perpetua a Martín Solís y Jorge Abraham. Carlos Sandoval, la oficial a cargo del operativo de seguridad en la zona, Laura Córdoba, y el chofer del patrullero en el que fue trasladado Julián, Pablo Morales, fueron absueltxs.
Desde la familia dijeron que este segundo fallo es justo a medias: “Justicia sería que Julián no hubiera muerto”, y aseguran que estas condenas fueron arrancadas a la justicia, producto de la visibilización a través de las luchas sociales contra la impunidad. También, señalan las responsabilidades políticas de los diferentes niveles del estado detrás de todos los casos de represión institucional. A diez años del asesinato de su hijo, César considera que esta violencia se recrudece en el contexto actual: “Este período de la pandemia es terrible y pone al desnudo la violencia de los gobiernos, independientemente del signo del que sean, culpables de esta metodología de adiestramiento, de violencia territorial”, dijo.
Cualquier similitud con diferentes casos de gatillo fácil y represión policial e incluso desaparición de personas ocurridos antes y después del asesinato de Julián se inscribe en la práctica sistemática de detención, asesinato y ocultamiento que en democracia se llevó la vida de más de 7000 jóvenes en Argentina y que pone a Chubut en el 4to lugar en el triste ránking represivo. “La policía en un solo acto aprende, acusa, condena y ejecuta la pena”, dijo Antillanca que, a su vez, reconoce que el de su hijo no es un caso particular. “No lo podemos separar del resto de los casos, porque son el mismo caso que Arruga, Solano, el compañero Fuentealba, Atahualpa”, y se pregunta: “¿qué pasa con los que no conocemos y no podemos nombrar?”. De todas formas, se vuelve necesario que la represión sistemática no invisibilice el nombre y la historia de cada pibx violentado, conocer las singularidades atrás de los números, entender las modalidades de los agentes del Estado para salvaguardar la impunidad.
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
Sin laburo y con la intención de mantener nuestros puestos de trabajo, un grupo de periodistas, correctorxs, fotógrafes, locutorxs, productorxs audiovisuales y diseñadorxs decidimos organizarnos de forma colectiva.
