Duros de etiquetar: la industria alimentaria y los límites del engaño

El debate por un etiquetado frontal de alimentos es fundamental, en el marco de las políticas de salud pública y en la búsqueda de la soberanía alimentaria. Lo que comemos a diario explica buena parte de nuestras enfermedades no transmisibles, pero las empresas que llenan las góndolas de los supermercados no están dispuestas a que lo sepamos

Por Walter Amori

¿Comprarías las mismas galletitas que consumís en el desayuno si su envase te informara claramente que son perjudiciales para tu salud? ¿Le darías un determinado chocolate a tu hija si su packagging te indicara claramente que es altamente nocivo para una alimentación saludable? ¿Consumirías los mismos alimentos si se te informara adecuadamente que existe el riesgo de que contraigas enfermedades del corazón, cáncer o accidentes cerebro-vasculares con su excesiva ingesta?

Toda la evidencia recolectada indica que la respuesta a esas preguntas sería “no”. También nos dice que cada vez comemos peor, que contraemos cada vez más enfermedades producto de la mala alimentación y que Argentina sigue batiendo récords en cuanto al porcentaje de la población con sobrepeso y malnutrición, sobre todo cuando nos referimos a niñas y niños.

Pese a ello, hasta el momento han sido infructuosos los intentos en nuestro país para establecer una ley de etiquetado frontal de alimentos, que obligue a las empresas a brindarnos la información adecuada que tenemos que recibir como consumidores para poder decidir sobre nuestra salud.

En junio de este año ingresó a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de etiquetado frontal de alimentos por parte del oficialismo, que buscará transformarse en ley. La oposición de las empresas que son parte de la industria alimenticia (con una elevada concentración y poder de lobby) y la falta de decisión de una parte de la dirigencia política son hasta hoy las razones principales para que eso no suceda.

Blanco sobre negro

Cuando hablamos de etiquetado frontal nos referimos a la información que se presenta de manera gráfica en la cara principal o el frente del envase de los productos, con el objetivo de garantizar una información veraz, simple y clara a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos, para permitirnos mejorar la toma de decisiones de los productos que elegimos en nuestra alimentación.

Estudios comparativos exhaustivos llevados adelante desde el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad de la Secretaría de Salud, en 2018, así como los documentos elaborados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el etiquetado frontal es eficaz para promover una alimentación saludable.

Es una herramienta fundamental para prevenir el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades no trasmisibles relacionadas con la alimentación inadecuada como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebro-vasculares, la enfermedad renal crónica y el cáncer, entre otras.

Lo que sucede en la actualidad es que la información nutricional presentada por los productos es de difícil lectura y comprensión. A la vez, esa información coexiste con frases, eslóganes, mensajes de salud y de supuestas ventajas nutricionales en productos con altos niveles de azúcar, grasas y sodio.

El sistema de etiquetado más eficaz es el conocido como sistema de advertencia, cuyo ejemplo más claro lo encontramos en Chile. Consiste en el rotulado de rombos o sellos negros con letras blancas, de clara visibilización, los cuales nos informan sobre aquellos alimentos que tienen alto contenido de los componentes nocivos.

Etiquetado de advertencia

La normativa vigente en Chile fue sancionada en 2016, tras años de negociación y de férrea oposición de la industria, y tuvo una alta aprobación de la comunidad en ese país. Los sondeos realizados luego de su aplicación han demostrado que la utilización del sistema de advertencia fue útil para guiar el comportamiento de compra.

Según datos constatados a través del informe de la Secretaría de Salud, un 43,8% de los encuestados declararon comparar los sellos de advertencia al momento de la compra de alimentos y de estos un 91,6% reveló que tales sellos influyeron en su preferencia.

Asimismo, esa política fue acompañada con la prohibición de que el packagging de los alimentos contengan imágenes de dibujos animados o superhéroes e impulsó la reformulación de alimentos por parte del sector privado.

¿La ley del más fuerte?

Chile aparece como un faro en esta materia, pero sistemas muy similares ya se aplicaron en Perú, México y Uruguay, y Brasil va en ese camino. En este sentido, América Latina está un paso adelante en las normativas que se aplican, respecto a lo que sucede en Europa y Estados Unidos.

“La erradicación del hambre en el mundo ya no puede ser nuestra única preocupación. La obesidad y sus complicaciones, incluidos los infartos, los accidentes encefálicos, el cáncer, la hipertensión, la depresión y la diabetes, es otro de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad en materia de salud y de gasto público”, señaló la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe titulado “La ley chilena de etiquetado de alimentos”, en 2018.

Argentina, donde el consumo de sal es el doble y el de azúcar agregado es el triple del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud; donde 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen problemas vinculados al sobrepeso; donde la tasa de obesidad es las más alta de Latinoamérica, todavía carece de leyes adecuadas para revertir estas situaciones. Entre ellas la del etiquetado.

Desde la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niñas, Niños y Adolescentes denunciaron que las industrias argentinas “gastan millones de dólares en lobby en el Poder Legislativo” para que sus ventas no se alteren por esta medida.

En un informe detallado señalan distintas estrategias por parte de estas empresas: las acciones de marketing en los programas de responsabilidad empresarial, el patrocinio de estudios, talleres y conferencias que tienen como consecuencias la difusión de información sesgada, y los aportes económicos en la financiación de las campañas políticas, son algunas de ellas.

El proyecto ingresado en junio en Diputados por la legisladora del Frente De Todos, Florencia Lampreabe, sigue los lineamientos de la normativa chilena. “Toda ley es resultado de una correlación de fuerzas que se da en la sociedad. Más allá del rol que cumplimos quienes ocupamos una banca legislativa, se trata de generar las posibilidades a nivel social para poder avanzar en este tipo de decisiones que van a encontrar su resistencia. Hablamos del lobby de las empresas”, advirtió Leampreabe hace algunos días en una charla promovida por el canal de YouTube de la agrupación Sanar.

Florencia Lampreabe (Diputada Frente de Todos)

En el mismo sentido, el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, indica a Pulso Noticias que “hasta el momento, la sanción de una ley en Argentina fracasó, obviamente por la presión de las cámaras de industrias nucleados en torno a los productos alimenticios, principalmente aquellas que se dedican fundamentalmente a la producción de snacks y golosinas, que más allá de entender que quizás es el momento de girar hacia una producción de alimentos más sanos, redundan en su forma tradicional de comercialización”.

“Algunas de ellas son líderes no sólo en Argentina, sino en la región, con lo que obviamente controlan gran parte del mercado y quizás, en su entender, sean las que más tendrían para perder. Pero de lo que aquí se trata es de reconvertir toda la situación de la alimentación en la Argentina”, explica Martello.

Uno de los factores de poder de la industria es el alto nivel de concentración de la producción de bienes de consumo masivo en nuestro país. Un documento del Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA), al que tuvo acceso este medio, resalta que dicha concentración produce “diversos efectos negativos”. Entre ellos se menciona que “condiciona las opciones de compra de consumidores” y que “perjudica a pequeñas empresas mediante la imposición de condiciones abusivas”.

Walter Martello (Defensor Adjunto PBA)

“En esos contextos, no son las relaciones precio-calidad las que posibilitan mayores ventas, sino el poder de mercado de las principales firmas”, resalta el análisis del CEPA. “La alta concentración posibilita la consolidación de grandes grupos económicos con fuerza de mercado y capacidad de presión sobre condiciones del mercado y las políticas económicas”, agrega.

En la información relevada por el CEPA se resalta que empresas como Unilever, Arcor, Molinos Río de La Plata, Mastellone, Molino Cañuelas (entre otras) tienen un nivel de concentración alto o muy alto en el mercado además de poseer posición dominante en algunos de los productos que comercializan.

Un ejemplo claro de ello ocurre en el sector “Lácteos”, donde Mastellone reúne más de un tercio de la facturación, y junto a otras dos firmas (Sancor y Danone) explican el 75% de la facturación total. Y si reducimos el sector lácteo sólo a la venta de “Leche Líquida”, Mastellone acapara el 72% del mercado.

Otro caso contundente es el del rubro “bebidas sin alcohol”, donde Coca Cola Company tiene el 46% del total, y entre tres empresas (junto a ADA y Pepsico) concentran el 85% de la recaudación del sector.

Dentro del rubro de “Alimentos Secos” es de destacar la concentración de un producto tan básico como el aceite.  Allí la participación de mercado está liderada por Molinos Río de la Plata, con un 36%; Molinos Cañuelas, con el 30% y Aceitera General Deheza, con un 24%.  Esas tres firmas explican el 90% de la facturación del rubro.

Reclamo por el derecho a una alimentación saludable | Foto: Hernán Foullet

Tiempo de descuento

En un comunicado elaborado recientemente por Walter Martello, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, se remarca que “Argentina aún hoy sigue a la retaguardia respecto a la prevención del sobrepeso y de la obesidad. No sólo si comparamos con las políticas que se aplican en los países desarrollados, sino también respecto a las medidas que se llevan a cabo, desde hace años, en otras naciones de la región y Latinoamérica”.

En el texto de Martello se vuelcan los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, lo cuales muestran que a menor nivel educativo y de ingresos, mayores son los niveles de obesidad y sobrepeso, como consecuencia de la mala alimentación. Además, se destaca que el nivel de inversión pública durante 2018 y 2019 en actividades de Promoción de la Alimentación Saludable, Prevención de la Obesidad y Lucha contra el Sedentarismo “fue irrisorio”.

“El año pasado, según consta en la ejecución presupuestaria informada por el Ministerio de Economía de la Nación, se gastaron $2 millones, quedando sin ejecutar el 40% de los recursos presupuestados que, como si fuera poco, sufrieron un fuerte recorte del 23% respecto a lo que se le había asignado el congreso nacional a través de la Ley de Presupuesto 2019”, se detalla.

Y sobre la implementación del etiquetado frontal sostiene que “su aplicación no requiere demasiado esfuerzo, pero sí una fuerte decisión política de poner límites a algunos intereses corporativos”.

La aprobación de una ley de etiquetado frontal de alimentos es fundamental para proteger el derecho a la salud, una herramienta de protección para la información de los consumidores, un elemento clave de disputa de nuestra soberanía alimentaria.

Asimismo, toda medida destinada a mejorar la salud de la población y empoderar a los consumidores debe ser complementada debidamente por una campaña de educación y comunicación correspondiente.

Hoy en las góndolas de los supermercados la ausencia de un etiquetado adecuado está acompañada por estrategias de marketing en los envases de alimentos (como la presencia de superhéroes o personajes infantiles) producto de que no existe una normativa específica que restrinja la publicidad y promoción de alimentos no saludables.

Como indicara a Pulso Soledad Barruti, en el marco de lo que comercialmente se denomina ‘semana de la dulzura’, “lo que hay es una artillería pesada, creada y diseñada para condicionar nuestros gustos. La publicidad funciona muchísimo, más y mejor de lo que nosotros creemos. Y por eso las empresas gastan más plata en hacer la publicidad de los productos que en los productos en sí mismo”.

Barruti, desde su libro “Mala leche. El supermercado como emboscada”, cuenta que lo que nosotros creemos que son alimentos (yogures, postres, galletitas, jugos, cereales) no son más que productos ultraprocesados con químicos, saborizantes, colorantes y aromatizantes muy adictivos, que nos enferman y hasta causan la muerte.

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