Los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro objetaron el sostenimiento en funciones del Ministro de Seguridad Sergio Berni, a quien acusan de empantanar la investigación. Además, apuntaron a las irregularidades de las fuerzas de seguridad y del fiscal de la causa. “¿Por qué estamos usando a la policía para investigar policías?”, preguntó la perito Virginia Creimer
Las conclusiones de la reunión realizada esta mañana entre Cristina Castro y el Gobernador bonaerense Axel Kicillof, ponen a la Provincia en un marco institucional complejo si las irregularidades denunciadas no tienen respuestas concretas para modificar el curso de los hechos.
Encubrimiento policial y judicial, desidia estatal, complicidades con el accionar irregular de las fuerzas de seguridad, son algunos de los puntos oscuros que ligan al caso de Facundo Astudillo Castro con el de otras desapariciones forzadas y ponen al Estado provincial en la responsabilidad de revertir esta situación, o de perpetuarla.
Los abogados de la familia del joven desaparecido, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la experimentada perito forense Virginia Creimer y la integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Margarita Jarque, dieron una contundente conferencia de prensa este mediodía en la sede del mencionado organismo, donde ventilaron algunos detalles de la causa y de la reunión con el Gobernador.
En primer lugar, Aparicio dio algunos detalles de las numerosas irregularidades cometidas por las fuerzas de seguridad, refiriéndose no solo a la policía bonaerense sino también a los vínculos y complicidades inter-jurisdiccionales que alcanzan también a los efectivos de fuerzas federales y de la Policía Local de Villarino.
Margarita Jarque, Leandro Aparicio, Virginia Creimer y Luciano Peretto
Luego, Peretto, remarcó: “Las desapariciones forzadas son delitos complejos. Por supuesto que uno habla de lo inter-jurisdiccional, es decir, hay diálogo permanente entre Villarino y Bahía Blanca que son distritos vecinos, y lo que está mencionando el doctor Aparicio no es una cuestión menor. Ha habido incluso mal desempeño en la policía que tiene incluso la instrucción de la causa y la investigación. Si la propia policía federal ha vulnerado derechos de testigos sensibles, que son de vital importancia para la causa, y estamos hablando de un móvil policial que incluso tiene un GPS provincial, por eso se pudo detectar, por supuesto que hay diálogos entre las fuerzas de seguridad, que incluyen fuerzas federales, fuerzas bonaerenses y fuerzas de la policía local con asiento en Bahía Blanca”.
“Lo que no tenemos duda es que el hecho de la desaparición de Facundo se da en Villarino, se da entre Mayor Buratovich y Teniente Origone. El resto por supuesto que colabora y abona al encubrimiento de ese hecho que se está dando en un marco de impunidad, y que para nosotros es fácilmente desbaratable, porque fue muy burdo el plan de encubrimiento más allá de que tuvieron mucho tiempo para armarlo”, indicó.
Por su parte, Creimer –perito especializada en casos de desaparición forzada, que intervino en el caso de Luciano Arruga, entre otros– fue contundente en calificar como sumamente irregular que este hecho esté siendo investigado por fuerzas de seguridad, cuando el Estado provincial y nacional cuenta con laboratorios periciales propios, que ella misma diagramó durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
“Si tenemos un caso de muerte en custodia (policial), no lo puede investigar la policía, nada puede investigar la policía. La Provincia tiene cuatro o cinco laboratorios super equipados y a nivel nacional también. ¿Por qué estamos usando a la policía para investigar policías, si tenemos los equipos necesarios para apartarnos de esa profunda irregularidad?”, se preguntó.
Por otra parte, en torno a los primeros indicios que indicarían que el cuerpo encontrado pudo haber fallecido por “asfixia”, Creimer remarcó: “Desde el punto de vista de la perfilación criminal, que hace más de 20 años que realizo, de los distintos modos operandi de las fuerzas de seguridad de las distintas provincias, uno de los mecanismos más utilizados dentro de las muertes en custodia por la policía bonaerense es la asfixia”. De todas formas, señaló que todavía restan realizar más trabajos periciales para confirmar esos datos y también para establecer si se trató de una muerte violenta.
Kicillof y los gestos que faltan
En torno a la reunión con Kicillof, Peretto explicó: “Nosotros le hicimos unos reclamos del caso, que tienen que ver con medidas de prueba, que tiene que adoptar la Provincia de Buenos Aires. Sobre todo algunas cuestiones en las que tenemos certezas que hubieron irregularidades, y que también nos interesa que se corrijan de acá para adelante”.
“Hemos puesto en consideración del Gobernador, que no existen modulaciones de equipos de comunicación de la Policía Bonaerense, no pudieron ser informadas, no existe eso, cuando en realidad el respaldo tecnológico tiene que estar”, afirmó y aclaró que el Gobernador “dijo no estar enterado de que eso sucedía”.
“Cristina más que compromisos verbales, quiere gestos. No podemos hablar ya de lo que pasó, que es trágico, si no de lo que pasó después: es esta actividad periodística, mediática, que viene de la propia institución del Ministerio de Seguridad de la Provincia, descalificando las declaraciones de una madre, amenazando con juicios a los abogados, trayendo datos falsos… Yo puntualmente le dije: ‘señor Gobernador, usted está mintiendo, su ministro, al que usted sostiene, en una entrevista de veinte minutos dijo diez mentiras, va mejorando el promedio. Eso está dejando mal parada a la Provincia, es insostenible en un estado de derecho, que desde el propio Gobierno se digan mentiras, porque nos retrotrae a tiempos dictadura, donde las mentidas se hacían desde el Estado para tratar de encubrir hechos de violencia institucional. No podemos permitir que esto siga pasando’”, aseguró letrado.
En ese sentido, insistió en que “todo contacto estatal que tuvo Cristina desde el momento de la desaparición de su hijo ha sido nefasto. El fiscal ha tenido un desempeño deplorable”.
Por su parte, Jarque, directora del programa Litigio Estratégico de la CPM, completó: “La causa expresa, como tantas otras causas de violencia policial, la falta de medios técnicos, y también la renuencia del propio fiscal a valerse de los medios técnicos y los organismos que en la democracia se han cosechado, especializados en el abordaje de la violencia institucional, el análisis de datos, lo que ha dejado en manos de la policía federal (…) No estamos logrando que el fiscal escuche este reclamo”.
A continuación, parte de la conferencia de prensa brindada hoy en la CPM:
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