Fernández anuló expropiación de Vicentin y cargó contra el juez

El presidente anunció la derogación del DNU firmado hace un mes y medio. Responsabilizó al juez que interviene en el concurso y dijo que “el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa”

El presidente, Alberto Fernández, firmará en las próximas horas un DNU para anular la intervención y expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin y de ese modo dará por terminado el capítulo que se abrió para tratar de “salvar” a la compañía, para lo que argumentará que enfrentó una “fuerte obstrucción empresarial”.

En la víspera el Gobierno de Santa Fe dio por cerrada la negociación para la conformación del fideicomiso que buscaba darle continuidad a la operatoria de Vicentin, al no alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa en la segunda reunión de convocada por el juez del concurso de la agroexportadora, Fabián Lorenzini.

Si bien el titular del juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, las autoridades santafesinas dieron por “cerrado el capítulo” y aguardarán que el magistrado resuelva el planteo de intervención interpuesto por la provincia.

En ese marco, Fernández dará oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de la empresa, argumentando una “obstrucción” empresarial y con fuertes críticas a los accionistas de la compañía.

De esta manera, el Presidente volverá a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y sostendrá, en ese marco, la “inviabilidad de salvar a la empresa”.

Desde su anuncio, el Gobierno se enfrascó en una batalla política y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.

Entre esas motivaciones, la Casa Rosada alegaría, según confiaron, obstrucción de los accionistas, demora en la presentación de memorias y balances de la compañía, maniobras destinadas a entorpecer el estado real de la firma y el supuesto desvío de activos.

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