Lacalle: el retorno de la senda neoliberal al Uruguay

En pocos meses de gobierno el presidente Luis Lacalle Pou está logrando imponer su agenda de gestión neoliberal, no sin resistencias y sin algún conflicto en su coalición de gobierno. Aprovechando el envión de la victoria electoral, el congreso aprobó una Ley de Urgente Consideración (LUC) que el ahora opositor Frente Amplio calificó como una “restauración conservadora”

Por Adolfo Rocha

La ajustadísima victoria en el balotaje de la coalición de derechas cuyo eje principal lo constituyen los centenarios partidos Colorado y Nacional (también conocido como “Blanco”) no constituyó un límite para que avanzaran con velocidad en una agenda de reformas que tiene, como puntos centrales, las cuestiones de seguridad, los derechos laborales y el gasto público.

La pandemia en algún sentido también jugó a favor de Lacalle y la coalición. El presidente, dirigente del partido Nacional y portador de un apellido con recorrido en la política uruguaya – su padre, Luis Alberto Lacalle, ocupó el mismo cargo entre 1990 y 1995- tuvo el buen tino de rodearse de un equipo de científicos para gestionar la cuestión sanitaria. La fuerte reducción de la pobreza y la ampliación del sistema de salud público que son fruto de los 15 años de gestión del FA también jugaron a favor de la bajísima cantidad de contagios y fallecidos por Covid-19 que tiene el país. Lo que, paradójicamente, juega a favor de la buena imagen de la actual gestión.

Claramente la pandemia impactó fuertemente sobre la economía uruguaya, como en la amplia mayoría de los países del mundo. Como botón de muestra, entre mayo y junio de este año casi 200.000 trabajadores y trabajadoras se encontraban cubiertas bajo el seguro de paro- en un país de 3.000.000 de habitantes-,  en la mayoría de los casos bajo el formato tradicional – establecido por la legislación vigente- y una minoría cubierta por un seguro de paro de tipo parcial, establecido por el gobierno ante la emergencia del Covid.

Lo que poco se dice, al menos en muchos medios de comunicación, es que con un esfuerzo fiscal del 0,7% de PBI en medidas para mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia, Uruguay es el último de los en la lista de los 17 países latinoamericanos considerados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en su informe “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones” https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf.

Desde la central sindical PIT-CNT le vienen reclamando al gobierno un ingreso de emergencia para abordar la situación de la población laboralmente precarizada, cuentapropista y bajo la línea de pobreza. Muchos sindicatos tuvieron que aceptar convenios laborales con ajustes salariales por debajo de la inflación, y hay gran preocupación sobro cuantos trabajadores y trabajadores volverán a la actividad con la reapertura casi total que tienen las distintas actividades: estiman la pérdida de unos 80.000 puestos de trabajo, al menos inicialmente, personas que además pasarán a ser atendidas por el sistema de salud estatal y ya no por las mutualistas, algo así como las obras sociales en Argentina.

De hecho, desde la central sindical y la representación parlamentaria del FA señalan que uno de los objetivos de la Ley de Urgente Consideración, aprobada el pasado 8 de julio y ya en vigencia, es “restringir el derecho de huelga”.  La nueva norma establece una limitación a la ocupación de lugar de trabajo durante un paro, habilitando el desalojo con el uso de las fuerzas de seguridad. Esto en un momento en que, por los efectos económicos de la pandemia y por la agenda pro empresaria de la actual gestión, se pronostica conflictividad social en alza.

Otro aspecto de la LUC muy cuestionado por la oposición es la modificación de legislación en la línea punitivista. La cuestión “seguridad” fue un caballito de batalla de la campaña de Lacalle, que caló hondo en una porción importante del electorado. Y fue una de las principales banderas de Cabildo Abierto, corriente política liderada por Guido Manini Ríos, ex jefe del Ejército pasado a retiro por el presidente Tabaré Vázquez en marzo de 2019 cuando anunció que pretendía dedicarse a la política, luego de haber cuestionado varias veces públicamente medidas de gestión del FA. El discurso de Cabildo Abierto se aproxima al tradicional de las formaciones de extrema derecha, y el sorpresivo 10% de votos que sacó en las elecciones fue un aporte decisivo a la victoria de Luis Lacalle Pou.

De hecho, si bien la Ley de Urgente Consideración tuvo algunos puntos en los que fue votada por unanimidad, como la creación del ministerio de Medioambiente, y el Frente Amplio logró que no se modificara la legislación respecto a los delitos cometidos por menores – al demostrarse que, estadísticamente, los delitos cometidos por menores estaban disminuyendo, no aumentando- , la norma establece marcos para avanzar en la flexibilización laboral y la mercantilización del sistema educativo público.

Pero el avance de la coalición derechista no estuvo exento de conflictos internos. El mayor fue la reciente renuncia del canciller Ernesto Talvi, el dirigente del partido Colorado con más votos y menor recorrido en la política uruguaya. Talvi es un economista de larga trayectoria académica que ingresó al partido Colorado hace pocos años y tuvo un éxito electoral interno fulminante, derrotando en una interna al histórico líder Julio María Sanguinetti. Asumió el manejo de las relaciones exteriores como parte de los acuerdos entre los partidos integrantes del espacio. Sin embargo, luego del fuerte cortocircuito con el presidente Lacalle, que incluyó tanto cuestiones de concepción en la política exterior como roces de gestión cotidiana, Talvi fue desplazado de su cargo, luego de lo cual anunció hace 2 días que no asumirá su banca de senador y se retirará de la política: “no es lo mío” sentenció.

Por el lado del Frente Amplio, luego de 15 años de gobierno afronta el desafío de pasar a la oposición, en un momento en que a nivel continental las derechas – y extremas derechas- están en auge.

En lo coyuntural deberá revalidar en poco tiempo títulos en su histórico bastión, Montevideo, que afronta elecciones para renovar ejecutivo y legislativo local. En lo estructural, afronta un recambio generacional, bajo la sombra todavía presente de liderazgos históricos como los de José “Pepe” Mujica y Tabaré Vázquez. Pero quizás el desafío central es cómo encarar la resistencia y la propuesta de una renovada alternativa política, económica, social y cultural a la agenda de reformas neoliberales que encara Lacalle.

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