“Hay una decisión política de avanzar contra la venta ilegal”

Así lo aseguró la Secretaria de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad, Virginia Pérez Cattaneo, una de las voces consultadas por Pulso Noticias sobre el tema. Este lunes se vivieron momentos de tensión tras un nuevo operativo policial contra vendedores ambulantes en 8 y 50. ¿Quién da la orden de sacarlos? Y ¿por qué?

Por Facundo Diorio

Los trabajadores manteros, muchos de ellos de origen africano, se las siguen ingeniando para poder trabajar y generar un ingreso económico que les permita subsistir en medio de la pandemia. Están muy decididos a eso. Sin embargo, en las últimas semanas se sucedieron diversos operativos encabezados por agentes municipales y efectivos de la policía bonaerense que intentaron impedir su actividad.

El ejemplo más gráfico tuvo lugar en la mañana de este lunes, cuando un grupo de senegaleses que se encontraba con su mercadería en las inmediaciones de Tribunales se resistió a que se la decomisaran. Tras un operativo que incluyó forcejeos y artículos rotos sobre la vereda, uno de los vendedores fue arrestado, aunque no terminó detenido. Una excepción, si se tiene en cuenta el saldo de operativos anteriores.

“En principio ninguno de ellos quedó detenido ni le armaron causa penal; lo que pasa es que cuando la policía o Control Urbano organizan este tipo de operativos se llevan a uno o a varios vendedores para contar la mercadería, para quitárselas obviamente, librar el acta contravencional y después lo largan”, detallaron a este medio desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, sobre las características de estos procedimientos.

Sin ir más lejos, el pasado 10 de junio se desplegó un nutrido operativo policial en los alrededores de 7 y 46, que terminó con la detención de un vendedor de 45 años. Fue subido a un patrullero, acusado de resistirse a la autoridad. Al día siguiente, y tras una movilización de sus compañeros y organizaciones a las Fiscalías de avenida 7, fue liberado luego de pasar la noche en la Comisaría Primera.

¿Quién ordena los operativos?

Desde la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad explicaron a Pulso Noticias que los procedimientos son parte de una política que obedece “a un cambio de estrategia” en la materia, según detalló la titular de esa área, Virginia Pérez Cattaneo. “Hay una decisión política de avanzar contra la venta ilegal”, puntualizó la funcionaria, quien confirmó que los operativos son coordinados por su administración. “Esto es una decisión que está tomada”, reforzó.

Pérez Cattaneo hizo hincapié en los motivos por los que desde el municipio consideran ilegal a la venta ambulante. “Mientras los comerciantes hacen un gran esfuerzo y pagan sus impuestos, de ninguna manera podemos permitir esta venta ilegal”, deslizó. Según su opinión, el debate no está en los incidentes que se producen durante los operativos, sino en “la concomitancia de delitos” que involucra en sí misma la actividad. “De ninguna manera vamos a ser cómplices de una inequidad y una injusticia”, reafirmó.

“Me parece importante deslindar lo que es un vendedor en la vía pública y lo que es la organización que hay detrás de la venta ilegal que están llevando adelante”, agregó la ex delegada de Villa Elisa, quien adelantó que en las próximas semanas se desarrollarán nuevos operativos para combatir el “comercio ilegal” y el “transporte ilegal” en la ciudad.

La necesidad de trabajar

Pero incluso las disposiciones legales pueden chocarse con la realidad. En estos operativos es común observar cómo diferentes transeúntes se involucran en la escena para defender a los vendedores, oponiéndose centralmente a que les saquen la mercadería.  

Al igual que el resto de la sociedad, los trabajadores enfrentan las dificultades propias del Aislamiento, ya que desde el 20 de marzo pasado no han podido vender sus artículos, ni tampoco recibir la ayuda económica del gobierno argentino por su situación migratoria. Por eso, entienden que la situación es insostenible.

“A veces hay operativos, pero igual vamos a trabajar porque no nos queda otra. Hace cuatro meses que estamos en casa, ahora no me queda ni un peso para comer. Sí o sí tenemos que salir a trabajar”, respondió ante nuestra consulta Mustafá, uno de los vendedores senegaleses. Él llegó poco después de que se produjeran los forcejeos en 8 y 50. Pero le restó importancia a eso. Su único convencimiento es la necesidad impostergable de trabajar.

“Nunca nos dejan trabajar, ni antes ni ahora”, expresó a su turno Cheik, otro de los vendedores africanos. Con su español entrenado, relató las dificultades a las que se enfrentan a diario: “Ahora lo estamos sufriendo mucho, nos maltratan, nos hacen los que les da la gana”.

Y afirmó: “Nosotros sabemos muy bien que lo que hacemos no es lo mejor, pero preferimos hacer eso que ir robar o hacerle daño a alguien para sobrevivir. Cueste lo que cueste vamos a seguir haciendo esto”. “Muchos piensan que tenemos jefes que nos mandan a trabajar pero no es así, cada uno es jefe de uno mismo”, aclaró, rebatiendo la versión oficial.

“Si me sacan las cosas hoy el que pierde soy yo, y mañana voy a buscar la manera para conseguir otra mercadería, pero si mis compañeros no me ayudan no la voy a tener, no trabajamos para nadie, cada uno por su cuenta”, agregó. “El control sobre nosotros es el mismo de antes, con Macri y con Fernández, porque es el intendente Julio Garro el que sigue siempre igual”, concluyó.

En la vereda opuesta

Uno de los sectores que históricamente estuvo en desacuerdo con la venta ambulante es el de los comerciantes. Cuestionan las diferencias que existen entre cada una de las actividades, sobre todo en materia impositiva. Al menos así lo consideran desde la Federación Empresaria de La Plata, quienes dieron su opinión respecto a los operativos municipales.

“Nosotros desde la Federación Empresaria de La Plata y de los Centros Comerciales apoyamos totalmente el trabajo que está haciendo el municipio y la policía de todo esto”, indicó Alberto Catullo, presidente de la Comisión de Centros Comerciales, en diálogo con Pulso Noticias. “Hace años que venimos pidiendo que se haga cumplir la ordenanza que prohíbe la venta ilegal así que apoyamos y acompañamos lo que se está haciendo”, contó.

El dirigente aclaró que “entendemos que es un momento difícil y hoy todo el mundo necesita trabajar, pero desde el sector comercial que nosotros defendemos, somos comercios legalmente instalados que pagan impuestos, dan trabajo, pagan sueldos y tuvimos cerrado un montón de tiempo”.

Además, se refirió a la particularidad que atraviesan por la pandemia. “Tenemos que cumplir un montón de protocolos para poder abrir así que me parece que es justo. El comercio ilegal, la palabra te lo dice, es ilegal, no se puede, para eso están los comercios habilitados”, detalló. Y arriesgó: “También todo lo que se vende en la calle es un foco de infección”.

Un condimento racial

Damián Brumer, uno de los abogados de La Ciega que acompaña cada proceso contravencional que se abre contra alguno de los vendedores, explicó que estos operativos se dan hace mucho tiempo “y siempre han compartido la característica de ser operativos violentos”. “Es una situación que preocupa mucho porque se vienen desarrollando en La Plata desde hace muchísimos años y de forma sistemática”, detalló.

“Si bien están dirigidos hacia el conjunto de los vendedores ambulantes de la ciudad de La Plata, hay un especial énfasis en la persecución, en el hostigamiento y en la criminalización de la población migrante, y en particular de vendedores ambulantes de origen senegalés, lo que demuestra un perfilamiento racial que caracteriza las prácticas de las autoridades municipales y de la Policía Bonaerense”, agregó el abogado.

Por otro lado, se refirió al impacto de la pandemia en el colectivo de vendedores que radica en La Plata. “La comunidad migrante en general no ha recibido ningún tipo de ayuda económica de parte del Estado y hace que tengan que volcarse necesariamente a las calles para poder ganarse la vida, unos pesos, para sustentarse económicamente ellos y su familia que está en África”.  

Y cerró: “Otra de las cosas que preocupa es la cantidad de causas penales que se vienen armando alrededor de estos operativos que son ilegales en muchas oportunidades y que les deja esta consecuencia a muchos de los chicos senegaleses que es tener que atravesar una causa penal que dura mucho tiempo y que les perjudica a la hora de poder regularizar su situación migratoria, entre otras cosas”.

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