El acuerdo que habían alcanzado en abril incluía retomar las negociaciones en junio. Desde el gremio CICOP afirman que el bajo nivel salarial es el motivo principal de las dificultades para incorporar personal que cubra los puestos vacantes y para evitar la extensión del pluriempleo
Finalizó junio y el llamado a negociación paritaria de la Ley 10.471 -que rige la relación laboral del personal de salud de la Provincia- no se produjo. Según informaron desde el gremio CICOP, el acuerdo que habían alcanzado en abril expresaba taxitavamente que se debía retomar las negociaciones en ese mes.
En ese marco, señalaron: “en un contexto muy desfavorable, con salarios y condiciones laborales que siguen siendo bien deficientes, la decisión de incumplir el llamado y no reabrir las negociaciones que permitan avanzar en la situación de lxs profesionales de la Salud es un signo de alerta altamente preocupante de cara a las próximas semanas, sobre todo teniendo en cuenta la ‘esencialidad’ de la tarea que venimos realizando”.
“Sin dejar de resaltar la importancia de nuestra actividad, reafirmamos nuestro carácter de trabajadorxs, con una capacitación específica y una experticia relacionada con la atención integral del proceso salud-enfermedad. Lejos de denominaciones grandilocuentes como héroes/heroínas o salvadorxs, reclamamos una valoración que tenga directa vinculación con lo que somos y lo que hacemos. Ni más ni menos que trabajadorxs fundamentales para el funcionamiento de los servicios socio-sanitarios”, aseguraron a través de un comunicado en el que exigen la inmediata reapertura de la negociación paritaria.
Asimismo, describieron que el salario promedio se encuentra “por debajo del valor de la canasta básica fijada por lxs trabajadorxs de ATE-INDEC” y señalaron que tanto esa situación como el fraccionamiento del aguinaldo para aquellas categorías más antiguas son aspectos que “deben ser revisados”.
En ese sentido, indicaron que esos puntos “constituyen el motivo principal para las dificultades en conseguir incorporar personal que cubra los puestos vacantes en plantas y guardias”, y remarcaron: “necesitamos mejorar nuestros salarios para evitar la extensión del pluriempleo, circunstancia que ha quedado bien evidenciada en esta pandemia y que ha provocado gran parte de los contagios que padecemos. El último informe brindado por el Ministerio arroja 2.735 trabajadorxs infectadxs, siendo 895 del sector público provincial”.
Además puntualizaron sobre otras cuestiones que componen el núcleo de discusión paritario: “el incremento de los cargos disponibles, teniendo en cuenta que se han producido unos 650 ingresos y requerimos no menos de 2.000 más, la definición de la incorporación de todxs lxs residentes que egresan en setiembre de este año, la puesta en marcha de un nuevo reglamento para el funcionamiento de las residencias, la resolución de centenares de trámites demorados en la burocracia administrativa provincial y la implementación del Decreto de Desgaste Laboral son, entre otras, las que debieran ser prioritarias para resolver”.
A su vez, más allá de la vigencia del Comité de Crisis central, donde afirman que se han producido algunos avances tras los reclamos del gremio, insisten en que “hay problemáticas que aún no tienen respuestas positivas, tal como la ampliación de las licencias para lxs trabajadorxs que integran los grupos de riesgo, así como para lxs progenitorxs con hijxs a cargo, situación que compromete mayoritariamente a las mujeres”.
“También son preocupantes las demoras en los resultados de testeos en el personal de Salud, la escasez de medicación para el tratamiento de diversas patologías y las dificultades para que la ART se haga cargo de lxs trabajadorxs infectadxs. A la vez, la resolución de limitar el pago de la asignación estímulo de $ 20.000 a determinados sectores ha dejado a muchxs trabajadorxs que vienen sosteniendo a diario la atención sanitaria – incluyendo el abordaje de la pandemia en toda su dimensión – sin recibirla, connotando una discriminación inaceptable que debe ser revisada urgentemente por las autoridades”, reclamaron e informaron que convocarán a un plenario para dentro de diez días, en el que resolverán las acciones que llevarán adelante en función de sus demandas.
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