Un ex trabajador de la cerealera, que desarrollaba actividad sindical en la empresa, declaró esta semana haber sido secuestrado dos veces en 1976. Se espera que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe aporte información y datos para avanzar en la causa

La Fiscalía Federal de Reconquista investiga si en la empresa Vicentin hubo complicidad con el terrorismo de Estado durante la última dictadura, tras recibir esta semana la declaración de Oscar Zarza, un ex trabajador de la cerealera que contó que en 1976 fue secuestrado en dos oportunidades por su actividad gremial.

El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, escuchó el pasado jueves el testimonio de Zarza, quien contó que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año, informaron a Télam fuentes judiciales.

“Me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. Me llevaron a una sala y el que facilitó todo era un capataz que le decíamos “El Sapo” Vicentin, pero no era parte de la familia que era dueña de la firma”, señaló Zarza en declaraciones a Télam.

El trabajador, quien tenía actividad gremial en la firma, relató que lo liberaron en febrero de 1976 y que se reintegró a la empresa, pero el 2 de noviembre de ese año volvió a ser secuestrado en horas de la tarde, cuando retornaba del trabajo a su casa. Según el testimonio que brindó ante la Fiscalía, ese día las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que tenían actividad como delegados sindicales en Vicentin.

En su declaración aseguró haber visto a efectivos del II Cuerpo de Ejército, pertenecientes al batallón 621, que llegaron desde Rosario para llevar a cabo este operativo y señaló que

fue trasladado a la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe, una dependencia policial donde funcionó un centro clandestino de detención.

Zarza terminó “legalizado” en la cárcel de Coronda, a disposición del Poder Ejecutivo, y desde allí recuperó su libertad en la navidad de 1978.

Estos hechos le permitirán a la Fiscalía iniciar un segundo tramo de la causa 050, en la cual se investigaron delitos de lesa humanidad en la zona Reconquista durante la última dictadura militar. Por medio de un expediente que llevó adelante el fiscal Salum se pudo determinar en 2013 la existencia de un circuito represivo que comenzaba en la III Brigada de Reconquista, seguía en los centros clandestinos de detención ilegales cercanos a la capital santafesina y si los detenidos eran “blanqueados” concluía en las cárceles de Coronda, Devoto o algún penal del Sur del País.

Ahora, la fiscalía aguarda que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le aporte información y datos para avanzar en la investigación. En tanto, la Federación Aceitera, gremio de trabajadores del sector, adelantó su intención de revisar sus archivos para brindar datos que permitan avanzar con la investigación.

El sindicato pretende presentarse en esta causa como querellante, algo que hizo en 2014 en la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta de Avellaneda (Buenos Aires) de la empresa Molinos.