El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la provincia expuso ante diputados sobre la necesidad de un nuevo Código Procesal Penal. Además, planteó el desafío de un “cambio de paradigma en la política penitenciaria bonaerense”
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, planteó ante los diputados de las comisiones conjuntas de Asuntos Constitucionales y de Seguridad la necesidad de “trabajar juntos” en un nuevo Código Procesal Penal de la provincia y la modificación del Patronato de Liberados, al cual consideró “insuficiente”.
Tras un extenso diagnostico sobre la situación en la que encontraron el ministerio, el titular de la cartera de Justicia y DDHH solicitó la coordinación con el poder legislativo para amoldar normativas. Como por ejemplo, convertir en Ley el proyecto que diagrame la mesa de inclusión que está coordinando el programa “más trabajo, menos reincidencia” donde se encuentran organismos de la Provincia, intendentes, organizaciones sociales vinculadas al oficialismo y hasta el mismísimo arzobispo platense Víctor “Tucho” Fernández como representante de la Iglesia Católica.
En ese sentido, Alak planteó que “el antiguo Patronato de Liberados ya es insuficiente para atender los problemas que genera la sobrepoblación penitenciaria. El patronato ya no puede como antes dedicarse solamente a ver si el interno va una vez por mes a firmar y si está cumpliendo con la buena conducta”. Y explicitó que van a proponerle a la Legislatura, una nueva Ley del Patronato, hasta incluso cambie su nombre a Servicio de Inclusión Social”.
Para el ministro debe haber un cambio de paradigma en las políticas penitenciarias que apunten a superar la crisis humanitaria que se vive actualmente en las cárceles bonaerenses. Principalmente pretenden atender a la reinserción social del interno. “De nada sirve todo el esfuerzo que hace la Provincia en sostener el sistema penitenciario, que se hace con fondos públicos, y que el producto de este sistema es que vuelvan a cometer delitos”. Argentina tiene un nivel de reincidencia muy alto, según indicó el ministro oscila entre el 60% y 70%.
Otro de los desafíos dentro de ese cambio de paradigma tiene que ver con que la población penitenciaria estudie y capacite en oficios. También resaltó la importancia de mantener a las personas detenidas cerca de sus familias, por lo que se necesita una inversión en infraestructura y a su vez, mayor participación de los intendentes de cada distrito.
La sobrepoblación alcanza el 120% en el Servicio Penitenciario Bonaerense, por lo que insistió en acordar entre todas las fuerzas políticas una transformación en el sistema. Recordó que cuando él estaba a cargo de la cartera de Justicia a nivel nacional inició la reforma del Código Procesal Penal conjuntamente con Patricia Bullrich y “salió bien”, remarcó.
Ahora pretende llevar a cabo la reforma en territorio bonaerense: “tenemos que hacer un nuevo Código de Proceso Penal de la provincia, que ponga equilibrio en el sistema. Si lo miramos desde la política criminal es la cantidad de privado de libertad cada 100.000 habitantes, Buenos Aires tiene alrededor de 220 detenidos cada 100.000 y habíamos recibido la situación con 320 cada 100.000”, señaló.
Asimismo agregó que “hay que trabajar en la prisión preventiva” ya que la mitad de los detenidos no tienen una condena. “El porcentaje universal ideal es que no exceda el 25% y acá tenemos el 50%”.
Entre las reformas del código procesal mencionó una modificación en los delitos que no involucren a víctimas, es decir, permitirle a la gran masa que hoy se encuentra detenida por consumo de estupefacientes a cumplir su condena bajo prisión domiciliaria.
También se refirió a las acciones llevadas a cabo en el sistema penitenciario en el marco de la pandemia, las cuales fueron las entregas de elementos básicos de higiene como jabón y lavandina porque el pedido inmediato que realizaron las mismas personas detenidas; mejorar la conectividad y extender la red de internet; digitalizar informes para agilizar las resoluciones judiciales, entre otras.
Por último, la diputada Susana González (presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales), encargada de coordinación la reunión, agradeció la participación del ministro en dicho ámbito. Lo mismo hizo durante la apertura de la reunión virtual, el presidente de la Cámara de Diputados Federico Otermín.
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