Diputada oficialista repudió el espionaje ilegal durante la gestión de Vidal

Susana González denunció las tareas de inteligencia que llevaron a cabo desde Asuntos Internos de la Policía Bonaerense y apuntó responsabilidad contra el Procurador General, Julio Conte Grand. Según confirmó la fiscal de la causa tiene en sus manos una lista de 1500 personas espiadas

Por Estefanía Velo

“Por fin estamos viendo luz en los sótanos de democracia que padecimos durante el gobierno de Macri y podemos ver como operaba no solo la AFI, sino también los organismos dependientes de la ex gobernadora María Eugenia Vidal”, manifestó la diputada Susana Gónzalez sobre las acciones de espionaje ilegal reveladas en el marco de la causa contra el ex titular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo Berra, y la auditora sumarial patrimonial, María Sardiña.

La edil presentó este jueves un proyecto de declaración, acompañada por la firma de todos los diputados del Frente de Todos, para que ese cuerpo legislativo manifieste “su más enérgico repudio a las acciones de espionaje ilegal y tareas de inteligencia sin intervención judicial, llevadas a cabo durante el Gobierno de Vidal por la Auditoria de Asuntos Internos y la Dirección de Auditoría Patrimonial del Ministerio de Seguridad provincial, en perjuicio de personas físicas y jurídicas”.

Tal como informó este medio, la fiscal Cecilia Corfield a cargo de la investigación de “espionajes ilegales” por parte de Asuntos Internos procesó y llamó a indagatoria a Berra y a Sardiña. Con gran una cantidad de archivos hallados, peritajes informáticos y declaraciones testimoniales, la fiscal confirmó que ambos obtenían información y almacenaban datos de personas físicas y jurídicas que nada tenían que ver con su esfera de contralor. Son unas 1500 personas físicas y jurídicas, entre quienes se encuentran intendentes, funcionarios judiciales, instituciones, y muchas más.

Ante tanta magnitud, la diputada González apuntó a la permisión del funcionamiento de “toda una red de espionaje ilegal que se hizo con la anuencia de Vidal, del ex Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand”. “Eso sí tiene que ver con la infectadura” agregó al referirse a las tareas de inteligencia que “no solamente se desarrollaban desde el gobierno nacional, sino que también se desplegaron en la provincia”.

Susana González, diputada provincial por el bloque Frente de Todos. Foto Archivo Pulso Noticias, Hernán Foulliet

Cabe recordar que el 11 abril de 2019 la edil pidió una solicitud de informes al Ejecutivo para que explicara si había autorizado la instalación de bases operativas del “Plan AMBA” de los Servicios de Inteligencia de la AFI en territorio bonaerense; y en particular en la localidad de Ensenada. Allí denunció una operación de espionaje ilegal contra el intendente Mario Secco.

Esta presentación se realizó luego de la explicación que dieron los ex titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ante la comisión bicameral del Congreso de la Nación encargada de controlar los organismos de inteligencia, en el marco de la “causa de los sobres” donde aparecieron hasta informes de la propia ex gobernadora. Allí dejaron en claro que Vidal apoyó, en un primer momento, el despliegue de las bases de operaciones de la AFI en el Conurbano que tenían como objetivo realizar un mapa de delitos complejos. Sin embargo, fue la misma ex mandataria quien decidió levantar todas las bases de inteligencias del territorio bonaerense luego de ser espiada ilegalmente.

La denuncia realizada por la Interventora de la AFI, Cristina Caamaño, destapó las acciones ilegales del gobierno de Mauricio Macri. A través de la inteligencia estatal armó fichas de 400 periodistas, funcionarios de la actual y de la anterior gestión, dirigentes obreros, intelectuales, entre otros. Las tareas de espionaje ilegal también se desplegaron en territorio provincial, peor aún, a través de la máxima autoridad de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense durante 2015 y 2018.

Por último, la legisladora ensenadense dejó en claro que existió “un modus operandi común a los gobiernos nacional y provincial que viola sistemáticamente los derechos de las personas que fueron ilegalmente investigadas y espiadas como en las peores y más oscuras épocas de nuestro país”. En pocas semanas, la fiscal Corfield podrá ahondar sobre las responsabilidades mayores del espionaje ilegal en la provincia luego de indagar a Berra y Sardiña el próximo 29 de junio.

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