Espionaje provincial: hay un listado de 1500 personas físicas y jurídicas

La fiscal Cecilia Corfield procesó al ex auditor general de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo Berra, y a la auditora sumarial patrimonial, María Sardiña. Ambos son investigados por realizar “tareas de inteligencia sin previa autorización judicial” y con fondos públicos, entre 2015 y 2018

Por Estefanía Velo

Las tareas de espionajes durante el gobierno de Mauricio Macri parecen no sólo ser de la órbita nacional sino que también se desarrollaron en tierras bonaerenses: la Policía espió hasta a sus propios jefes, entre muchos otros. La denuncia radicada en los Tribunales de La Plata por el ex comisario Néstor Omar Martín, durante el año pasado, sobre presuntos “espionajes ilegales” abrió una caja de pandora.

En octubre de 2019 la fiscal a cargo de la investigación, Cecilia Corfield, ordenó el allanamiento de la sede de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense ubicada en calle 51 entre 10 y 11 donde secuestraron discos rígidos de varias computadoras. Este martes, la fiscal de la UFI 15 avanzó en la causa y pidió la indagatoria de la máxima autoridad de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, Guillermo Berra, y a la Auditora Sumarial Patrimonial,  María Sardiña, para el próximo 29 de junio.

“Tanto Berra como Sardiña, en fechas indeterminadas pero que pueden situarse entre los años 2016 y 26 de noviembre de 2019, y con un propósito que hasta el momento no ha podido ser determinado, y abusando de los deberes de su cargo, obtuvieron información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial enmarcada en la ley 13.982 ni en el decreto 1050/09”, expresó la fiscal en el llamado a indagatoria.

Guillermo Berra, ex titular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Foto: Telam

Según aseguró la fiscal Corfield a Pulso Noticias, tiene un listado de 1500 personas físicas y jurídicas que fueron “espiadas” por dicho organismo policial. “Todavía me falta recibir más informes”, señaló. Entre los mencionados se encuentran los intendentes Fernando Espinoza y Mario Ishi, de La Matanza y Jose C. Paz respectivamente, entre otros. También figuran diversos funcionarios judiciales, hasta la misma Suprema Corte de la Provincia, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, la Cámara de Senadores, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre otras instituciones oficialistas y de la oposición, como también entidades financieras.

La fiscal irá a fondo para develar para qué o para quién hacían este tipo de tareas de inteligencia sin ninguna autorización judicial. Las internas de Cambiemos en tierras bonaerenses están encendidas: otra vez, sale a la luz que se investigaban entre ellos mismos. “Hasta la mano derecha de Ritondo fue investigada”, dijo la fiscal haciendo referencia al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense entre 2015 y 2018, Marcelo Rocchetti. Toda la recopilación de datos enmarcados en esta actividad ilegal fue realizada con recursos humanos y económicos del gobierno provincial de Vidal, específicamente provenientes de las arcas de la cartera de Seguridad comandada por el actual diputado nacional Cristian Ritondo, según se expresó en la resolución.

Según pudo acceder este medio, algunas de las personas físicas investigadas son: Marcelo Hugo Rocchetti, Sergio Ricardo Maldonado, María Daniela Pezzutti, Daniel Jorge Pezzutti, María Cristina Sosa, Ana Claudia Amorosi, Máximo Zitti, Gonzalo Martín Pepe Fernández Bird, César Ricardo Melazo, Gastón Andrés Rueda, Mario Alejandro Mac Dougall, María Florencia Musich, Juan Pablo Mussi, Franco Daniel Schillaci, Tomás Fernando Espinoza, Juan Domingo Tomás Espinoza, Mario Alberto Ishi, María Florencia Alconada, Tomás José Gigli, María Alejandra Bellini, Diego Ariel Otero, Néstor Emilio Otero, Elías Mahli, Juan José Tocci, Daniel Alejandro Salcedo, Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, entre otros.

Mientras que entre las personas jurídicas se encuentran: la Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Matanza, Municipalidad de José C. Paz, Municipalidad de Berazategui, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A., Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad y Banco Santander Río S.A., entre otros.

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