A siete años del femicidio de Laura Iglesias

La trabajadora social del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires fue asesinada en 2013 en Miramar, donde desarrollaba su labor. Al día de hoy sólo hay un condenado. Su caso puso en evidencia la precarización laboral que expone la vida a altos riesgos. Familiares, amistades y compañeras piden justicia y que se investiguen a fondo las complicidades policiales

Por Estefanía Velo

Laura Iglesias tenía 53 años, tres hijas y una nieta; oriunda de Hurlingham, era trabajadora social y se desempeñaba en el Patronato de Liberados Bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, en la sede de Miramar. El 29 de mayo de 2013 apareció violada y asesinada en las afueras de esa ciudad balnearia. La justicia marplatense condenó a prisión perpetua a Esteban Cuello por femicidio sin embargo se insistió para que se profundice la investigación ya que la familia y amistades de Laura creen que ese joven no actuó sólo, y se sospecha de la complicidad policial.

Habían pasado dos años de que se instalara con una de sus hijas en Miramar. Previamente trabajaba en el Patronato de Liberados de Hurlingham, militaba en ATE Morón y era integrante del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia en representación de dicha regional. Era una mujer solidaria, comprometida, que pretendía una sociedad más justa y equitativa. Según denunciaron en la causa, Laura conocía muy bien los aprietes que recibían las personas con conflictos con la ley penal, principalmente de la Policía Bonaerense.

Salió una mañana con su auto, que se le quedó encajado en el barro pero ella siguió su rutina diaria: fue a una capacitación en el CIC de Miramar, luego una visita a un liberado y volvió a su casa. A las pocas horas, salió a buscar de su auto, esa fue la última vez que la vieron con vida. Al otro día, la Policía Bonaerense encontró su cuerpo a unos 200 mts de ese lugar.  

Las autoridades judiciales trabajaron las primeras horas del hallazgo con mucho hermetismo. Las compañeras y compañeros de trabajo de Laura enseguida se concentraron en la DDI de Miramar para saber qué había pasado con su compañera y decretaron inmediatamente un paro de 24 horas.

Rápidamente, la familia, amistades y trabajadoras del Patronato de Liberados de diferentes regiones de la provincia se acercaron a la ciudad balnearia. Decenas de acciones, intervenciones y actividades se realizaron en estos siete años para mantener viva su memoria y exigir justicia.

“Una de las primeras reacciones que tuvimos fue movilizar y ocupar la sede de Patronato –ubicada en La Plata- para pedir respuestas. Nos atendió el ministro de ese momento (Ricardo Casal), escuchó nuestro reclamo pero no brindaron las respuestas que esperábamos y el compromiso en relación al asesinato de una trabajadora de la provincia de Buenos Aires”, contó a Pulso Noticias la trabajadora social y delegada de ATE de dicho organismo, Romina Rosa. Y agregó: “Hasta juntamos firmas para pedir el corrimiento de la Bonaerense en la investigación. Intentamos hacer diferentes cosas para llegar a la verdad pero el juzgado nunca tuvo esa intención”.

La causa cayó en manos del Fiscal Rodolfo Moure hasta que luego pasó al mando de la fiscal Ana María Caro. En ese momento, “pensamos que iba a estar mejor encaminada”, dijo a Pulso Noticias Manuel Iglesias, hermano de Laura. El hombre enumeró la inmensa lista de irregularidades cometidas en la investigación, como por ejemplo negarles el peritaje de parte al abrigo de Laura el cual tenía una mancha blanca muy similar a semen. O no peritar sus manos, siendo que una tenía escrito un número, tampoco hicieron lo suyo con la PC de la trabajadora social.

En 2015 se llevó a cabo el juicio, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Mar del Plata condenó a Esteban Cuello de 19 años, quien ya tenía antecedentes de violación en Otamendi, a la pena de prisión perpetua por su femicidio. Quedaron decenas de indicios, rastros y relatos para que los agentes fiscales profundicen en la búsqueda de otros partícipes y cómplices que pudieron actuar junto a Cuello. Sin embargo, la causa está archivada a la espera de nuevas pruebas.

Complicidades y similitudes

Manuel Iglesias no dejó de repetir la similitud del modus operandi del femicidio de su hermana con el de Natalia Melmam, un caso emblemático ocurrido en 2001 en la misma localidad balnearia, y otros casos sucedidos en la costa bonaerense. “Violadas, golpeadas y ahorcadas con el cordón de sus zapatillas izquierdas”, señaló el hermano. Por el caso de Natalia Melman fueron condenados tres policías, quienes en el momento del femicidio de Laura tenían permitido salidas transitorias. En 2015 asesinaron a la adolescente Katherine Moscoso en Monte Hermoso, donde se pusieron en evidencia los vínculos del entramado policial y judicial. En ese momento el Secretario de Seguridad de Monte Hermoso era Ricardo Triches, un policía desplazado de la fuerza por haber encubierto a uno de los involucrados en el caso de Natalia Melman. Tres años más tarde, en la localidad de Santa Teresita aparece asesinada Mara Matheu, otra causa que involucra a policías.

Según relató Manuel, el maltrato por parte de los funcionarios judiciales para con la familia y amistades de Laura fue constante y hasta desoyeron los diferentes pedidos para develar la verdad. “Desconfiamos mucho de la Bonaerense. Se pidió el apartamiento pero siempre la mantuvieron”, contó.

Indignado de dicho trato, Manuel solicitó reunirse con el Fiscal General de Mar del Plata, la dependencia judicial que incluye entre otros partidos el de Miramar (General Alvarado), Fabián Fernández Garello. “Esta persona me trató muy mal, me preguntaba para qué estaba ahí, para qué le llevaba todos esos papeles (era el listado de irregularidades), que él ya había hablado con los fiscales por la causa. Y después me entero quién es este personaje”, relata.

Fabián Fernández Garello, actual Fiscal General de esa dependencia, está procesado por la Cámara Federal de San Martín por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció su desempeño en un grupo de tareas de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). A pesar de las pruebas, todavía no se avanzó en el jury debido a la poca voluntad política de legisladores bonaerenses.

No conforme con el desempeño de los funcionarios judiciales, Manuel insistió y se reunió con el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Julio Conte Grand. “Tuvo buena predisposición pero no se avanzó en nada”, comentó el hermano con una voz quebrada al recordar que no encontró respuestas.

Por su parte, la delegada de ATE recordó que viajaron a Mar del Plata, durante los días del juicio: “Allá nos encontramos con otras personas que habían vivido una situación tremenda. Había situaciones que se repetían como las formas del asesinato a esas mujeres o adolescentes; estaba la impunidad en el caso de Natalia Melman”.

“En ese marco, nos parecía importante profundizar la investigación. Pero ni para el patronato (a cargo Alejandra López), ni para el ministro, ni para el gobernador Daniel Scioli fue importante. Lo único que hicieron todo el tiempo fue descomprimir”, aseguró la trabajadora social.

Esteban Cuello nunca declaró. Siempre ejerció su derecho de mantener silencio. Sin embargo, según confirmaron tanto Manuel Iglesias como Romina Rosa, una compañera de trabajo fue a visitarlo a la cárcel y allí le confesó que él la había violado pero no matado. Ya con esa afirmación la fiscal pudo avanzar en otras líneas investigativas para develar las complicidades, pero prefirió dejarla archivada hasta que aparezcan nuevas pruebas. Pero… ¿no es la justicia quién debe investigar?

Marcha Ni Una Menos, La Plata 2019. Foto: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)

La precarización laboral que cuesta vidas

“A partir de lo que pasó con Laura empezamos a problematizarnos las condiciones de trabajo que teníamos. Empezamos a visibilizar las necesidades de las personas con las que trabajamos, visibilizar la inserción laboral de esa población, de construir seres con derechos, que puedan acceder a una vivienda digna, que tengan otras posibilidades en la vida, y que no sea arriesgar su propia vida”, relató la trabajadora social. “Se deben un montón de dinero de programas que ya fueron solicitados para personas que salen de estar detenidas o personas con serias necesidades y conflicto con la ley penal. Seguimos denunciando que se discrimina a nuestra población, es una matriz que se repite. Y no se repiensan espacios de abordajes diferentes”.

El Patronato de Liberados tiene la función de lograr la “inclusión social” de personas en conflicto con la ley, realizar acompañamientos entre otras misiones pero según denunció Rosa no cuentan con los recursos necesarios.

La delegada gremial aseguró que seguirán denunciando la precarización laboral que atravesó a Laura, a muchas trabajadoras y “que aún hoy está configurada en el organismo”. En ese sentido, relató una situación vivida por una trabajadora social de la costa, a quien en plena pandemia le pidieron realizar visitas sin ningún tipo de protocolo de bioseguridad. “No queremos más asesinatos laborales, es decir, muertes que son prevenibles, en nuestras jornadas de trabajo”, enfatizó. Y agregó: “Seguimos denunciando que el ahorro en las condiciones laborales de nosotras, como de muchas otras compañeras estatales, sigue siendo nuestra muerte, se sigue configurando nuestra muerte”.

Para la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires, Mirta Rivero, “la lucha de Laura no sólo estaba atada a su lucha gremial para mejorar sus condiciones laborales en las que se encontraban como trabajadores del Estado; sino también buscar siempre cómo construir una mirada más considerada de las condiciones en las que estaban los detenidos cuando adquirían una medida excarcelatoria”. Según contó a Pulso Noticias, todos los 29 de mayo realizan jornadas de lucha para reflexionar sobre las condiciones de la profesión.

Según informó a este medio el actual presidente del Patronato de Liberados bonaerense, Anibal Hnatiuk, les envió un comunicado a sus trabajadores y trabajadoras rememorando esta fecha. “Sabemos que no es una fecha más para las trabajadoras y trabajadores de nuestro organismo, por eso queremos recordarla como ejemplo por su lucha por una sociedad más equitativa y por su compromiso con las personas a las que el patronato debe asistir”, concluyó el texto.

Las políticas públicas del Estado son dirigidas por los funcionarios de turno. En este caso, las trabajadoras del Patronato de Liberados, principalmente aquellas trabajadoras sociales que realizan su labor de campo piden que sus cuerpos no sean la política pública: “Tenemos que pensarnos como laburantas, pensarnos de otra forma en una sociedad patriarcal, planteando que la política pública tiene que tener una planificación que tenga una perspectiva de género para las trabajadoras también”.

Marcha en La Plata. Foto: Gentileza Romina Rosa

Un eje a destacar del fallo es que le indicó al Ejecutivo que evalue las condiciones de exposición de las y los trabajadores de ese organismo y avance en el cuidado de los mismos. “Reivindicamos a nuestra compañera. Laura era una de nosotras, una gran luchadora”, afirmó la delegada de ATE. Mientras que el hermano de Laura enfatizó que seguirá buscando justicia hasta el último día de su vida.

Los femicidios crecen pero la mayoría quedan en la impunidad. Según un informe de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá), desde el 1° de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019 se registraron 2.749 víctimas de femicidios; (mujeres de manera directa, travesticidios; mujeres y niñas víctimas de femicidios vinculados) y 264 víctimas de femicidio vinculados de niñas y varones. Laura no es un número más, es un símbolo de lucha. Tarde o temprano se llegará a la verdad.

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