A través de un decreto, la administración de María Eugenia Vidal rechazó a los magistrados la posibilidad de equiparar sus haberes a los mismos importes que perciben por cargos iguales o similares los magistrados de la Justicia Federal
En las últimas semanas, el personal que compone el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia en Nación y de la Suprema Corte en suelo bonaerense, vienen solicitándole al poder político un aumento sustancial en sus presupuestos para poder llevar adelante sus funciones.
Hoy, a través del decreto 2018-540, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió rechazar que se instrumenten desde la administración pública las medidas administrativas necesarias para equiparar sus haberes a los mismos importes que perciben por cargos iguales o similares los magistrados de la Justicia Federal.
La medida interpuesta en su momento por un grupo de magistrados bonaerenses, pedía que se liquiden y abonen las diferencias entre las remuneraciones percibidas y las que les hubieran correspondido conforme el artículo 110 de la Constitución Nacional, con carácter retroactivo al período quinquenal no prescripto, y que en su caso se liquide y abone por el mismo período a quienes les pudiera corresponder, el equivalente a un año de antigüedad que les fuera descontado a quienes eran Magistrados en el año 2000, todo esto con la actualización económica más intereses, restableciendo la “garantía de intangibilidad del salario” contemplada en el artículo mencionado.
En el decreto sancionado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, se sostiene que “en las presentes actuaciones no ha quedado debidamente probado el ostensible deterioro sufrido por las remuneraciones de los magistrados en su proyección en la relación de desempeño de la función judicial”.
Además, se sostiene que a lo largo del proceso intervino Fiscalía de Estado señalando que, “más allá de lo expuesto por la Dirección Provincial de Economía Laboral del Sector Público, los magistrados reclamantes no mostraron su disconformidad con las normas de carácter general que fijaron anualmente sus remuneraciones, por lo que las mismas se consideran aceptadas por ellos, concluyendo que deben rechazarse los reclamos formulados por improcedentes, puesto que las pautas de política salarial para los magistrados del Poder Judicial Provincial dictadas por el Poder Ejecutivo han respetado el principio constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones”.
La protesta había sido interpuesta hace dos años por los Doctores Elbio Raúl Ramos, Marcelo Javier Goldberg, Edgardo Horacio Salatino, Mabel Edith Irigoyen, Federico Facundo Merlini, Viviana Edith Frois, Félix Gustavo Roumieu, Mario Daniel Caputo, Gustavo Darío Farina, Alberto Elio Ojeda, Pablo Eduardo Pereyra, Juan Martín Mata, Andrea Vanina Calaza, Víctor Osvaldo Zafarana, Bárbara Velasco, Alejandro Marcelo Ruggeri, Jorge Esteban Saizar, Sebastián Lucio Videla, Ariel Darío Rivas, Claudia Eugenia Brezovec, Lorena del Valle Iacono, Lorena Yanina Montiel, Mauricio Damián Odriozola, Guillermo Adrián Conigliaro, Mariana Daniela Rodríguez y Natalio Gargiulo.
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