Coronavirus: crece la polémica por las excarcelaciones

A raíz de las protestas en el penal de Devoto, la muerte del joven en la U23 de Florencio Varela, y las exigencias inmediatas por parte de los presos ante el temor de propagación del Covid-19 dentro de las cárceles se profundiza el debate sobre la respuesta a la superpoblación carcelaria

La oposición ataca al gobierno nacional de contar con un plan para liberar masivamente a las personas privadas de su libertad, sin embargo, dentro del mismo oficialismo hay posiciones contrapuestas y apuntan al poder judicial. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos piden una solución inmediata a la situación de crisis carcelaria que se vive desde hace años con una superpoblación altísima.

Tal como viene informando este medio, las medidas de fuerza dentro de las unidades penitenciarias crecen por el temor que existe de que se propague el Covid-19 en lugares donde están hacinados, no tienen elementos de limpieza, y cuentan una indigna atención médica.

El fallo dictado por Casación ordena el beneficio de arresto domiciliario a aquellas personas que hayan cometido delitos leves, grupos de riesgo o con prisión domiciliaria. En ese sentido, Roberto Cipriano García, autoridad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) señaló en declaraciones radiales que hay alrededor de 3000 personas que están presas con enfermedades graves (VIH, tuberculosis, cáncer, diabetes), el año pasado murieron 150 personas en las cárceles bonaerenses por no recibir atención médica. “Queremos que se cumpla el fallo de Casación. El porcentaje de contagio entre las personas en encierro es 10 veces mayor al promedio”, señaló.

“Este es un sistema carcelario que viola los derechos humanos donde la tortura es una práctica sistemática, hay superpoblación y hacinamiento, y la corrupción es funcional al sistema”, señaló Cipriano. Y agregó: “La ley dice que nadie puede estar preso sin haber sido condenado por un juez competente y la mitad de los presos están con prisión preventiva”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, le quitó la responsabilidad al Poder Ejecutivo provincial y apuntó contra el Poder Judicial. “Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias. Los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial. Asimismo de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales”, expresó en su red social. Y agregó: “Por lo tanto el Poder Ejecutivo provincial no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad”.

En tanto, su par de la cartera de Seguridad, Sergio Berni, se manifestó en esa misma línea y aseguró que nadie está en condiciones de decir si es que se libera masivamente presos. “Yo no creo que se cometa esa irresponsabilidad. Eso es una definición que toma la Justicia. La libertad del detenido está en manos del juez de Ejecución Penal, no está en manos de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo”, señaló en declaraciones radiales.

Al mismo tiempo, dejó sentada su posición personal: “Todos sabemos que están en condiciones de hacinamiento, pero soy de los que creo que ninguno de ellos está ahí porque sacó un boleto fortuito y fue a parar a la cárcel. Están porque violaron leyes, algunos de manera muy grave. Me parece que eso no amerita que se los deje en libertad. Creo que la Justicia tiene otros medios para implementar por el tema del coronavirus”.

En tanto, el ex juez de la Corte Suprema Eduardo Zaffaroni salió al cruce del ministro de Seguridad provincial considerando su discurso como de “populacho vindicativo”. “El discurso Berni es del populacho vindicativo que llenó las cárceles de gente en prisión preventiva”, lanzó Zaffaroni en diálogo con FM Futurock. Y apuntó: “Hay gente que tiene pocas neuronas y dice cualquier cosa sobre las prisiones domiciliarias. Estas recomendaciones las dio la OMS y muchísimas otras instituciones y organismos de derechos humanos”.

Para el fiscal federal Federico Delgado, la discusión por el tema presos se está simplificando de una “forma muy peligrosa que asusta”. En declaraciones radiales remarcó que “si el virus entra en las cárceles va a causar estragos humanos”.

En tanto, el ex ministro de seguridad bonaerense y actual diputado por Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo manifestó que “esto es una locura”. Y enfatizó: “Lo más fácil para el recluso es el aislamiento, si se utiliza el protocolo del servicio penitenciario de no estar en contacto y no entra un preso nuevo. Esto es ideológico, quien me sucedido en el cargo, que es Berni, se ha manifestado en contra. No podemos poner 2600 policías en la casa de cada uno. Tiene que haber un turno de 3 policías por día. Necesitas 9 mil policías”.

¿Y lo violadores?

Familiares de víctimas de femicidios manifestaron su descontento sobre la posibilidad de libertad a los femicidas, violadores y abusadores. Cabe mencionar también que son muy pocas esas personas femicidas y violadores que están condenados bajo esas caratulas debido al desinterés de la justicia por abordar de forma integral esos delitos.

Las actrices argentinas emitieron un comunicado repudiando la excarcelación de detenidos por femicidios, abusos o violaciones, señalando que “el accionar de algunos jueces trasgredió las especificaciones estipuladas” por el fallo del juez Violini de Casación.

En declaraciones radiales, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabet Gómez Alcorta, manifestó que el 20 de marzo envió una nota a los tribunales manifestando la preocupación respecto a qué iba a pasar con los causas de violencia de género y qué iba a pasar respecto a las posibles liberaciones de acusados por delitos contra la integridad sexual y femicidas.

Por último, Gómez Alcorta resaltó: “En la provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Política criminal, hizo dos presentaciones: una al Procurador general provincial y otra en la que estaban previendo qué iba a pasar con las personas que estaban presas. En ambas, respondieron que no iban a liberar a violadores y femicidas. Nos fuimos enterando que han liberado y eso depende de los jueces. Nosotros no estamos de acuerdo y es una preocupación grave que tenemos”.

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