Inquilinos piden extender las medidas de protección por 24 meses

La Federación Nacional que los nuclea advirtió sobre las presiones de las inmobiliarias para no prorrogar contratos y las amenazas de aumentar los valores a partir de octubre. Le enviaron una carta a la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa

Las medidas de protección para inquilinos implementadas en todo el territorio nacional a partir de la sanción del Decreto 320/20, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, tienen vigencia hasta el 30 de septiembre. Las asociaciones que defienden a las personas que alquilan –calculadas en 9 millones a nivel nacional– ya están pidiendo una prórroga ante las amenazas y presiones de las inmobiliarias.

Cabe recordar que entre los beneficios para el sector que estableció la medida publicada el 29 de marzo pasado figuran la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios de alquileres, entre otras.

En ese marco, la Federación de Inquilinos Nacional le envió una carta a la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, en la que piden la extensión por 24 meses del mencionado decreto presidencial y el “urgente tratamiento de la Ley de Alquileres en el Congreso de la Nación”.

“Como usted sabrá, y como le hemos informado en reiteradas ocasiones, las inmobiliarias no se apegan a la ley ni siquiera en estos tiempos de crisis y emergencias, y en donde la población en su conjunto comienza a atravesar una terrible situación económica, consecuencia de esta particular pandemia”, afirman en el texto de la nota.

Según informan, en las principales ciudades del país se concentra el 70% de los inquilinos, que “se ven obligados a pagar por la vivienda más del 50% de los ingresos que obtienen legítimamente”. La situación que advierten en el sector es de una presión de las inmobiliarias “para que no adhieran a la prórroga del contrato”, por lo que “son conminados a firmar contratos nuevos con aumentos abusivos y comisiones inmobiliarias que no corresponden y ningún organismo público controla”.

Además, remarcan que “las inmobiliarias amenazan a los inquilinos con subir el precio luego de octubre, con los aumentos que no pudieron concretar en estos seis meses, cuestión que tendrá un drástico impacto en el bolsillo de cada familia”.

Por su parte, la Asociación Platense de Inquilinos (API) cuestionó las presiones del sector inmobiliario a las autoridades provinciales y nacionales para que se les permita abrir sus locales. “En la Provincia las inmobiliarias piden abrir sus locales para garantizar los cobros. Anteponen la salud de los inquilinos por evitar gestionar un CBU. Los inquilinos se exponen mucho al pagar el alquiler. Deben ir al cajero o banco varias veces para retirar el efectivo, movilizarse y ¿qué esperan? ¿Que hagan fila con todo efectivo en la calle? Una locura”, afirmaron desde sus redes sociales.

“Encima aducen que el problema es que los locadores son jubilados que no saben manejar el sistema bancario. ¿Presentan cifras? ¿Cómo sabemos que no es una maniobra para seguir evadiendo?”, agregaron. Desde la API remarcan que “el problema es haber mantenido todo en negro durante años y obviamente no se soluciona en un mes. Pero la solución debe ser seria, acotada a aquellos que realmente necesitan y no pueden cobrar. No vamos a permitir que se use la imagen de un jubilado para que los grandes propietarios evadan. Digan quienes son los propietarios y que la AFIP revise los casos. Si se animan”.

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