A ocho años de la presentación de un recurso extraordinario, la Suprema Corte bonaerense le dio la razón a la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. A partir de ahora, el Estado está obligado a cumplir con una serie de acciones que garanticen su atención y protejan su imagen en los medios. No obstante, desde la organización popular son escépticos y se amparan en la historia reciente ¿Podrá La Plata priorizar de una vez por todas a sus pibes y pibas en situación de calle?
Por Lautaro Castro
La Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, conformada por numerosas organizaciones barriales y actores de la sociedad civil, se conformó en 2008 con el objetivo de defender los derechos de los niños y niñas desde una perspectiva de Derechos Humanos y trabajar junto a aquellos en situación de calle en la ciudad de La Plata. En julio de ese año, luego de la represión sufrida por un grupo de pibes y pibas que dormían en la glorieta de Plaza San Martín, comenzó su actividad.
A raíz de ese episodio, la APDN comenzó a trabajar con los chicos y sus familias y presentó un amparo en el que exigía al Estado –entre otras cosas- la puesta en marcha del Sistema de Promoción y Protección Integral para la Niñez, contemplado en la Ley Provincial 13.298. Esa demanda daría inicio a un largo camino, marcado por la lentitud de los tiempos judiciales y las reiteradas apelaciones de los gobiernos provincial y municipal, responsables primarios en materia de infancia.
Días atrás, no obstante, la Asamblea recibió una buena noticia. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires le dio la razón en la causa “Asociación Civil Miguel Bru y otros c/ Ministerio de Desarrollo Social y Otro s/ Amparo”. Se trata de dos cuestiones centrales que habían sido revocadas por la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de La Plata en 2012 y que, a partir de ahora, son de cumplimiento obligatorio por parte del Estado. En primer lugar, la creación de un Centro Hospitalario especializado en salud mental y adicciones; en segundo, la asignación de una parte de la pauta oficial a la difusión y promoción de los derechos de niños y niñas, así como un mayor control de los discursos criminalizadores en los medios de comunicación.
Carola Bianco es docente de Sociología Jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata e integra la APDN desde sus comienzos. En 2011, participó de la creación del Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Publicas, perteneciente a la Secretaria de Extensión de dicha unidad académica. Respecto a la decisión de la Corte, admite estar contenta, aunque toma sus recaudos: “El trabajo que hacemos es colectivo, tanto dentro como fuera del proceso judicial. Es algo muy serio para nosotros y así lo corrobora el fallo de la Corte. Pero ahora precisamos que la sentencia se cumpla. Si bien dice que tenemos razón, explica muy poco. Por ejemplo, no dice cómo el Estado debe cumplir con las reglas”.
La historia jurídica reciente en torno a cuestiones de niñez dice que la Argentina adhirió en 1990 a la Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional de las Naciones Unidas que establece que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y que, por ende, son una obligación para el Estado. En 1994, con la Reforma Constitucional, dicho pacto ingresó dentro del bloque normativo, hasta que en 2005 se promulgó la Ley Federal 26.061. Paralelamente, la Provincia de Buenos Aires hizo lo propio con la mencionada 13.298.
Pero, ¿cuánto ha avanzado nuestra ciudad en materia de Niñez durante estos 15 años? A juzgar por Bianco, muy poco: “Hay desfinanciamiento y faltan recursos. Las personas que trabajan en infancia lo hacen en condiciones de mayor precarización que el resto de los trabajadores del Estado. Tampoco vemos que haya una política pública que ponga a les pibes como protagonistas de contar lo que les pasa, lo que precisan. Es necesario cambiar el enfoque del problema, abordarlo de manera integral. Dependerá de la ciudadanía poner en agenda este reclamo, porque difícilmente el Estado lo haga por sí mismo”.
Si de responsabilidad se trata, la misma es compartida entre la Provincia y el Municipio. Los programas de asistencia son provinciales y deben llegan a los barrios a través de los servicios locales. La articulación, sin embargo, nunca ha sido la ideal y estuvo marcada por los conflictos, en especial durante las administraciones de Daniel Scioli y Pablo Bruera, respectivamente: “Eso representa un gran problema, porque el perjuicio siempre es para los más vulnerables. Los dos gobiernos tienen distintas responsabilidades en el marco de sus funciones y ninguno de los dos cumplió. De hecho, siguen incumpliendo. La responsabilidad es política, sea el orden estatal que sea”.
Desde la presentación del amparo hasta el reciente fallo de la Corte pasaron doce años, tiempo suficiente para que la vida de muchos de los pibes y pibas que formaban parte de “La Banda de la frazada” fuera arrancada violentamente. Por caso, Omar Cigarán y Mauricio Andrada resultaron víctimas de gatillo fácil; Johana Ramallo desapareció en 2017 y apareció sin vida dos años después; otros están en la cárcel o quedaron sumidos en las adicciones. En estos años, definitivamente, primaron el abandono y el punitivismo, en detrimento de la contención y el protagonismo de los y las jóvenes.
—Más allá de la inacción gubernamental, ¿qué responsabilidad le cabe al Poder Judicial?
—En un sistema democrático, el Poder judicial -como parte del Estado- debe garantizar lo que se llama “Bloque Constitucional”. Es el garante de su vigencia y, para ello, debe actuar con la debida diligencia. Además, en relación a las interpretaciones posibles del discurso jurídico, es quien tiene la última palabra. Después de nuestras experiencias en infancia, nosotros no vemos que esta institución pueda ser un actor que genere un control del poder de turno -cualquiera sea el que lo esté ejerciendo- cuando omite política pública en cuestiones urgentes y de derechos fundamentales. En ese sentido, dejó bastante que desear y nos desilusionó. Las muertes de muchos de estos pibes fueron por causa del Estado. Está todo comprobado y la Corte nos dio la razón. Pero, a la vez, no dice que el Estado tiene que pagar por eso. Debe haber una reparación.
Luego de que la máxima autoridad judicial se expidiera, el Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Publicas convocará a una mesa trabajo a la Fiscalía de Estado y a otros actores del campo de la infancia y los DD.HH., a fin de avanzar en el cumplimiento de la sentencia. De la misma participarán, además de autoridades, los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Ellos esperan, de una vez por todas, que la frase “Lo primero son los niños” no sea solo un lema bonito y se traduzca en políticas concretas. El tiempo dirá, una vez más.
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