La oficina pericial de la Corte Bonaerense responsabiliza a funcionarios del Poder Judicial de La Plata de violentar a un sobreviviente de abusos eclesiásticos, tanto por inacción en el proceso como por obligarlo a cruzarse con el abusador
Por Estefanía Velo y Daniel Satur*
La lucha contra los múltiples delitos sexuales cometidos durante décadas por el cura y excapellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense Eduardo Lorenzo no claudica. En 2008 se registró la primera denuncia penal. Desde ese momento hasta hoy se multiplicaron las pruebas en su contra, desde extensos testimonios (muchos ya incorporados al expedientes judicial, otros lo harán en el futuro) que confirman las denuncias, hasta amenazas y amedrentamiento de parte del acusado y su entorno sobre denunciantes y testigos. Pero no así justicia para las víctimas.
Desde hace una semana se encuentra a disposición de la fiscal Ana Medina y de la jueza Marcela Garmendia el informe pericial realizado al excapellán –medida ordenada por la misma fiscal que instruye la investigación-, en el cual se plasman los rasgos psicológicos del cura denunciado por múltiples abusos sexuales con acceso carnal y corrupción de menores. Allí se establece que Lorenzo tiene una “personalidad con características de manipulación, elevado autocentramiento y egocentrismo” y una “presentación obsesiva de imagen grandilocuente de sí que encubre una estructura psicopática perversa”.
Pero desde más tiempo aún las mismas funcionarias judiciales tienen en sus manos otra pericia, realizada también por la Dirección General de Asesoría Pericial de la Suprema Corte de la provincia sobre el joven Diego Pérez, primer denunciante de Lorenzo, entre cuyas conclusiones se plantean duros cuestionamientos a las conductas de la fiscal y los jueces que atendieron en la causa. Allí se expresa que el accionar del Poder Judicial en el caso ha generado una “victimización secundaria” del denunciante, es decir, su revictimización luego de haber sufrido los atroces ataques sexuales de Lorenzo.
El informe pericial primero indica el destrato cometido por el Poder Judicial que ha dilatado la investigación, y lo sigue haciendo, durante once años sin resolución alguna.
Vale recordar que la misma fiscal Medina es quien recibió la primera denuncia en 2008 y, teniendo multiplicidad de víctimas nombradas para tomarles declaración, no llamó a declarar a los protagonistas. Por el contrario, a los poquísimos meses dio por archivada la causa. En ese momento el denunciante era un adolescente, que recién este año se animó a contar su historia públicamente, y nunca fue resguardado ni por las autoridades judiciales ni por la curia. Junto a Medina, también son responsables de la injusticia los jueces Juan Pablo Masi y Marcela Garmendia.
Masi es el titular del Juzgado de Garantías Nº 4 de La Plata. En su despacho recayó originalmente la causa y allí se mantuvo (gran parte del tiempo archivada) entre 2008 y principios de 2019. De reconocidos y estrechos lazos con el Arzobispado platense, a mediados de abril Masi decidió excusarse de seguir al frente de la causa, que tres semanas antes había sido desarchivada. Sus explicaciones fueron casi una confesión de parte. Dijo que no podía seguir al frente por sus convicciones religiosas y porque lo une con Lorenzo una amistad. Es decir que durante una década, esas mismas razones de religión a amistad fueron garantía de impunidad para el acusado.
A fines de setiembre Masi fue suspendido en sus funciones por la Suprema Corte bonaerense, acusado de cometer “prevaricato” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterados” en otra causa. Según el máximo tribunal provincial, en 2009 Masi absolvió al entonces gobernador Daniel Scioli y demás funcionarios en una causa por irregularidades en el funcionamiento del casino flotante de Buenos Aires y del Instituto Provincial de Loterías y Casinos. El abogado de Scioli era nada menos que Alfredo Gascón, el mismo que hace años defiende a Lorenzo.
Cuando Masi decidió sacarse de encima la causa de su amigo Lorenzo, ésta recayó en el Juzgado de Garantías N°5, a cargo de Marcela Garmendia, quien desde el mes de abril se transformó junto a Medina en la nueva garante de impunidad para el excapellán penitenciario.
Victimización secundaria
Luego de haber sido denunciada públicamente de sus inacciones por parte de la querella, la fiscal Medina ahora es señalada por un organismo oficial del propio Poder Judicial. Las peritos oficiales manifiestan sin dudar la violencia ejercida por parte de los funcionarios judiciales sobre el denunciante, al obligarlo a exponerse en el mismo lugar en el que se encontraba su victimario.
Durante la feria judicial de invierno la querella denunció malos manejos de Ana Medina al comprobar que ésta había convocado a varias personas a dar declaración testimonial sin notificar a esa parte interesada, beneficiando en los hechos al acusado Lorenzo. Al quedar en evidencia, la medida siguiente de la fiscal, acompañada por la jueza de Garantías Garmendia, fue determinar un “bozal mediático” para ambas partes -víctimas y victimario-. Luego, sucesivamente y como si se hubiera despertado de un largo letargo, lanzó una serie de medidas investigativas, entre ellas, declaraciones testimoniales, inspección ocular y pericias psicológicas.
El 24 de septiembre se realizó la inspección ocular en los lugares donde sucedieron los hechos relatados por el denunciante: la casa parroquial y el mismo templo de la Iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet. Allí se desplegó un amplio operativo encabezado por la Policía Científica Bonaerense y dirigido por el personal de la UFI 1, en el que se le permitió al propio denunciado cura Lorenzo presenciar todo el allanamiento caminando a metros del joven sobreviviente de sus abusos. Para las peritos oficiales, ese hecho atacó a la subjetividad de Diego Pérez.
A ello se suma el sometimiento a nuevas declaraciones y evaluaciones periciales obligándolo a revivir esas experiencias traumáticas, lo que consideran victimización secundaria.
A todo lo anterior hay que agregar el corporativismo cómplice de las autoridades eclesiásticas, que hace rato vienen dejando en claro que ni el arzobispo Víctor Manuel Fernández pretende dialogar con las víctimas ni mucho menos otros sacerdotes que ha contactado este medio. Para ellos, “que sea la justicia la que investigue y luego se conocerán los resultados”. Lo mismo hizo el arzobispo emérito Héctor Aguer desde que se enteró de la denuncia en el 2008.
Aunque sus autores viajen en autos de alta gama y se codeen con la alta sociedad en banquetes providenciales, esos planteos parecen de la Edad Media. En tiempos donde el feminismo y un conjunto de movimientos que luchan por sus derechos se anclaron en la sociedad y facilitaron que las víctimas se expresen, se las comprenda y acompañe, dicha institución prefiere cuidar a la oveja de su rebaño aunque haya al menos cinco víctimas manifestando sus sufrimientos provocado por Lorenzo. Recordemos que el excapellán ahora reside en una “suite” preparada especialmente para él en la sede central de Cáritas La Plata (4 entre 49 y 50).
El informe pericial también aconseja determinadas acciones para llevar adelante un juicio sin revictimización. Eso, obviamente, si es que realmente la fiscal Medina y la jueza Garmendia procesan, detienen y elevan a juicio a esta causa.
Según pudo conocer este medio, las conclusiones periciales del denunciante y de Lorenzo eran las pruebas más esperadas para definir el cauce y avanzar hacia esas medidas procesales más que obvias ante las pruebas existentes. Sin embargo los días siguen corriendo, la fiscal se pidió licencia personal y la jueza aduce no tener en su poder las pericias para resolver. ¿Lorenzo pretende pasar las fiestas libremente? ¿El Poder Judicial será garante de eso?
“Cómo la Iglesia platense incubó y protegió a un monstruo es un capítulo tan incomprensible como el de una cobertura judicial que lleva más de una década y que le permite al cura Lorenzo mantenerse en entera libertad sin restricción alguna, pese a la prueba abrumadora y a las conclusiones forenses que imponen su inmediata detención”, expresó a este medio el abogado querellante Juan Pablo Gallego.
“Cada minuto de demora de la justicia es un nuevo capítulo de vergüenza que originará responsabilidad internacional del Estado”, enfatizó Gallego. En ese sentido, al final de la semana pasada (y como ya lo hicieron varias veces las querellas a lo largo de este año), el abogado de Diego Pérez volvió a cursar una denuncia de “gravedad institucional” y un pedido de “detención urgente” de Lorenzo, a fin de garantizar el derecho a obtener justicia a la brevedad y terminar con este largo proceso de revictimización de su patrocinado. ¿Otra vez Medina y Garmendia van a mirar para otro lado?
*Una producción de La Izquierda Diario y Pulso Noticias.
Más conocida como “Tefa”, nació en Mar del Plata en 1989. Trabajadora de prensa, periodista y Licenciada en Comunicación Social (egresada de la UNLP). Buscadora de la aguja en el pajar: le apasiona el periodismo de investigación. Trabajó en prensa institucional, en diversos medios privados de La Plata, y colaboró en medios alternativos como ANRed. Actualmente escribe notas vinculadas a los derechos humanos, política y cada tanto entrevista a personajes de diversos territorios. También integra el área audiovisual, En Foco, como productora periodística. Siempre redactando con las gafas violetas puestas. Desde 2018 forma parte de la cooperativa Pulso Noticias, donde aprendió a vender publicidad, gestionar pautas y hasta armar un gran escritorio en madera.
