La capital de la Provincia arrastra problemas de larga data y complejidades que son producto de su historia reciente. En esta nota, un repaso de algunos de ellos. Desocupación, pobreza, planificación del crecimiento urbano, políticas de género, caída de la actividad económica, entre otros
La capital de la Provincia de Buenos Aires encara su aniversario número 137 con varias cuentas pendientes a la hora de mirar al futuro. Algunas las arrastra desde hace más de dos décadas -como las vinculadas al desarrollo urbano- y otras tienen que ver con nuestra historia reciente, pero todas en conjunto trazan un panorama complejo.
Entre los problemas más urgentes está la desocupación, que pegó un salto en la ciudad durante los últimos dos años. Basta citar las últimas cifras difundidas por el Indec para tener una dimensión: en el Gran La Plata (que abarca todo el partido junto a Berisso y Ensenada), las personas que tienen problemas de empleo -ya sean desocupadas o subocupadas– ascendieron a 104.000 en el segundo trimestre de 2019. En los tres meses anteriores eran 96.000, y hace exactamente un año eran 76.000.
En porcentaje, esto significa que un 10,5% de la población en la región está desocupada y un 13,2% están subocupadas, es decir, que trabajan menos de 35 horas semanales porque no consiguen otra fuente laboral pero quisieran trabajar más horas.
Por otro lado, los datos oficiales reflejan la magnitud de la desigualdad entre mujeres y varones a la hora de acceder a las fuentes de trabajo en la región. La desocupación para el caso de las primeras es superior a la media, alcanzando el 12,7%, e inferior en el caso de los segundos, llegando al 8,8%.
A su vez, el desempleo tiene porcentajes mayores entre la población más joven, de menos de 29 años. En el segmento de mujeres de esa edad el desempleo asciende a 21,7%, más del doble de la media general, mientras que en los varones alcanza el 17,7%.
Pobreza
En este marco de falta de oportunidades laborales, bajos salarios y desplome del consumo, según datos oficiales para el primer semestre del año, en la región hay 36.000 personas más bajo el nivel de pobreza que el año pasado y 2.700 más bajo la línea de la indigencia.
La pobreza alcanza al 22,7% de los hogares y al 31,9% de las personas en el Gran La Plata. El año pasado, los porcentajes eran de 21,2% y 28,1% respectivamente. Esto implica que en la región actualmente hay 245.070 personas y 71.000 hogares pobres.
Mientras, la indigencia también se incrementó comparando los primeros seis meses del año pasado con el primer semestre de 2019. Hoy el porcentaje llega al 4,4% de los hogares y al 6,5% de las personas. Esto implica 13.881 viviendas y 57.089 personas indigentes.
Actividad económica en baja
Un estudio de la Fundación Nuevo Milenio, que relevó entre julio y agosto 4.691 locales ubicados en las distintas zonas comerciales de la ciudad, detectó un 16,09% que se encuentran cerrados o en alquiler, mientras que en el relevamiento que la misma institución había realizado en julio del año pasado el porcentaje alcanzaba un 9,40%. Esto implica que la cantidad de comercios cerrados aumentó 71,17% en doce meses.
En esa línea, el último informe del Indicador de Actividad Económica del Partido De La Plata, producido por Facultad de Ciencias Económicas, correspondiente al segundo trimestre del año, muestra que la actividad económica en la región disminuyó 5,2% interanual, acumulando cinco trimestres de caída.
A su vez, la última encuesta realizada por esta casa de estudios a 500 comercios de la ciudad, muestra que en el tercer trimestre las ventas disminuyeron 19% en promedio respecto del mismo período del año pasado. Las caídas se registraron en todos los rubros.
En el mencionado relevamiento los comerciantes hacen referencia a los bajos salarios, como uno de los puntos que es necesario revertir para hacer crecer el consumo. En ese sentido, el pasado 8 de noviembre, en el Día del Empleado Municipal, el gremio ATE denunció en la puerta de la Municipalidad que “dos trabajadores municipales, con sus sueldos básicos, no llegan a cubrir la canasta familiar para poder llevar lo mínimo a su casa. Tenemos más del 50 por ciento de los trabajadores que no están en planta permanente con contratos trimestrales”.
Con salarios todavía más bajos se encuentran los alrededor de 5.000 cooperativistas municipales que realizan tareas de barrido, limpieza, recolección y reciclado en la ciudad, quienes en promedio tienen sueldos de $6.250, y vienen realizando protestas sistemáticas durante los últimos años buscando incrementar sus haberes y pidiendo el acceso a poder realizar obra pública. A esto se sumó que en la última semana hubo además intentos de despidos.
Los riesgos de crecer sin planificar
Entre las cuentas pendientes de larga data que tiene la ciudad se encuentra el desarrollo de una planificación del crecimiento urbano que permita el acceso a la vivienda, frene la especulación inmobiliaria y cuide el medio ambiente en el que vivimos.
Al igual que en el resto de la Provincia, en la ciudad el precio de los alquileres se lleva hasta el 48% del salario, en promedio, según un relevamiento realizado por la Federación Nacional de Inquilinos. Las tomas de tierras volvieron a tener un ascenso este año, impulsadas ante la desesperación de decenas de familias que no tienen un lugar donde vivir.
Aún así, la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU), normativa central para planificar el crecimiento a futuro, nunca fue modificado, y se continuó con la aprobación de mega emprendimientos inmobiliarios incluso en terrenos inundables.
En realidad, el Intendente Julio Garro sí realizó recientemente cambios en el COU, pero no lo hizo impulsando una ordenanza para que sea debatida en el Concejo Deliberante, si no a través de un decreto. El mismo fue objetado tanto por especialistas como por concejales de la oposición, que critican la autorización de desarrollos inmobiliarios en terrenos productivos y la no contemplación del riesgo hídrico, entre otros puntos.
La precariedad de las políticas de género
Las políticas implementadas en las áreas destinadas a combatir la violencia de género, tanto a nivel municipal como provincial tienen un denominador común: la precariedad. Salarios por debajo de la línea de pobreza, contratos temporales, falta de insumos, ausencia de una mirada integral y reducción de equipos de trabajo, son solo algunas de las características que las trabajadoras del sector vienen denunciando.
Según indican las empleadas de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad (DPGyD) de la Municipalidad y del Instituto de Género y Diversidad de la Provincia (del que depende la línea telefónica 144), para un correcto funcionamiento ético y profesional de los equipos de atención, se necesitan instancias de reuniones de equipo, supervisión, capacitación, operadoras debidamente formadas que puedan acompañar a las mujeres durante la llamada “ruta crítica”, prioridad en maternales y jardines municipales para mujeres víctimas de violencia, todas herramientas que hoy brillan por su ausencia.
A su vez, en la última protesta que realizaron denunciaron que la situación en el Hogar de Protección Integral municipal “es de altísima gravedad: problemas edilicios, condiciones de falta de higiene extrema, escasez o ausencia de alimentos y recursos básicos para garantizar el funcionamiento cotidiano del hogar (no hay una caja chica para recurrir ante cualquier eventualidad). Ausencia de medidas de seguridad, no se cuenta con la pertinente seguridad ante el posible acercamiento de algún agresor”.
Espacios culturales sin oportunidades
Por último, entre otras de las dificultades que atraviesa la región, se encuentra el desarrollo de espacios culturales, que han sido una característica de la ciudad en términos educativos, recreativos y artísticos.
Según informó la Red Multicultural, en los últimos dos años cerraron alrededor de 40, al no poder afrontar los costos de las subas sistemáticas de los servicios públicos y sufrir las consecuencias de la inflación y falta de acceso a subsidios y becas.
De hecho, vienen reclamando el pago de los subsidios municipales adeudados a los centros culturales que ya completaron su proceso de regularización, así como también la respuesta de la comuna para poder continuar con la habilitación de los alrededor de los alrededor de 40 que siguen estando en una situación de fragilidad (tanto legal como económica).
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