No callarse nunca más: denunciaron nuevos centros clandestinos de detención y tortura

En los últimos meses se conocieron dos testimonios reveladores sobre hechos sucedidos en nuestra ciudad entre 1974 y 1979. Organismos de Derechos Humanos exigen la inmediata investigación en el predio de la  exfábrica Fasacal y en el edificio de la Escuela Superior de Sanidad ubicada en 4 y 51

Por Estefanía Velo *Nota publicada en edición impresa

 A fines de julio y principios de agosto se dieron a conocer por este medio (en una producción conjunta con La Izquierda Diario) dos denuncias que señalaron dos lugares particulares de nuestra ciudad como posibles centros clandestinos de torturas y/o secuestros de personas durante la última dictadura. Se trata de la exfábrica Fasacal de Hernández, y de la actual Escuela Superior de Sanidad, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en calle 4 esquina 51.

Tras más de 40 años del último genocidio en nuestro país, sobrevivientes de aquella tenebrosa época decidieron poner en palabras y relatar sus recuerdos del terrorismo de Estado. Entre 1975 y 1978, Liliana Rodríguez estudiaba Psicología y trabajaba en la parte administrativa de la ex Escuela de Técnicos (actualmente, Escuela de Sanidad) perteneciente al gobierno de la Provincia. Ella contó los maltratos recibidos por el interventor de ese momento, Miguel Ángel Maldonado, y relató los dichos de sus jefes sobre “operativos nocturnos” que realizaban desde ese lugar. También puso en relieve la existencia de un ambiente al cual tenían el acceso prohibido todos los trabajadores de la Escuela, y que podría haber funcionado como un centro de detención o traslado de personas. En su visita al lugar, pudo divisar que “ese sector prohibido incluía un patio con garaje y acceso de vehículos de manera independiente para los funcionarios, y también un sótano”. Por ello, exigen junto a la querella de Justicia Ya! la inmediata investigación del edificio público.

Algo similar sucedió en Hernández, donde un vecino de la exfábrica Fasacal (511 y 25) denunció que, entre 1974 y 1979, observó que “ingresaban personas detenidas, las torturaban e incineraban en los hornos del establecimiento”. En su declaración, radicada en el Tribunal Federal Nº 3, detalló esos traslados, y apuntó a la complicidad del dueño Jorge Larrán, quien también fue el secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata desde 1976 a 1983. La complicidad civil es de público conocimiento, aunque son muy pocos los condenados, en suma con el actual gobierno se acomodaron en lugares de poder. Por ejemplo, Germán Larrán, su hijo, es el actual subsecretario de Gestión Ambiental local.

Aunque pasen los años, los sobrevivientes no pierden la memoria, se llenan de valentía y cuentan la verdad. “Sabemos que es un momento difícil pero por suerte este gobierno está en agonía, en retirada. Seguimos luchando, seguimos esperando que cumplan con juzgar a todos los genocidas y a sus cómplices, civiles también. Sabemos que en la Escuela de Técnicos había civiles que colaboraban con la dictadura y en Fasacal también los dueños tendrán parte de culpa en lo que ahí ocurría”, expresó a este medio María Laura Bretal, sobreviviente del genocidio y militante de Derechos Humanos del colectivo Justicia Ya!.

En tanto, la abogada Carolina Vilchez (integrante del colectivo de abogadxs La Maza y Justicia Ya!), patrocinante del vecino de Hernández, aseguró a este diario que “el proceso de lucha que sostenidamente dieron y dan los organismos de Derechos Humanos y el pueblo en su conjunto exigiendo memoria, verdad y justicia, hizo que muchos sobrevivientes se animarán a denunciar”. Y agregó: “La fuerza organizada de un pueblo que nunca dejó las calles levantando las banderas de los 30.000 y exigiendo justicia, es lo que fue allanando el camino a quebrar el miedo individual y transformarlo en denuncia por una justicia colectiva”.

Los Derechos Humanos de un pueblo no se negocian, la memoria y justicia no se concilian. Por ello, la importancia de denunciar cada secuela e injusticia cometida por los crímenes de Estado y condenar a los responsables.

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