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miércoles 04-10-2023

Vecinos, personas trans y zona roja: territorios en disputa

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La Asamblea de El Mondongo señala a las travestis por la inseguridad en su barrio y pide “reubicarlas”. El rol de la Policía, el cupo laboral trans y la violencia social sobre la comunidad LGBT

Por Facundo Montiel *Nota publicada en edición impresa

“No soy autoritario, soy policía”. Esa noche de julio de 2018 el jefe de la Comisaría Novena de La Plata, Matías Záez, levantó el tono de voz y cortó la discusión. Había subido la temperatura en la biblioteca del tradicional colegio del barrio, donde la Asamblea de Vecinos de El Mondongo reclamaba por la inseguridad y pedía, una vez más, el traslado de la zona roja.

Hoy el comisario es otro, Martín Cáceres, pero el reclamo persiste y los vecinos organizados muestran la carta de la rebelión fiscal: no pagarán más impuestos hasta que corran a las personas trans del barrio, a quienes señalan por ejercer la prostitución y estar involucradas en el negocio narco y la delincuencia.

Para le abogade Aramis Lescano la zona roja es un territorio “controlado y gestionado por la Policía para la venta de drogas a partir del año 2012 – 2013”, pero la Asamblea ha demandado políticas de seguridad poniendo el foco de los problemas en “quienes ocupan los eslabones visibles, riesgosos, no violentos e intercambiables en las redes de comercialización de drogas y no en la Policía, que se encarga de permitir, pautar y gestionar escenarios y prácticas delictivas”.

Patrullajes policiales, poda de árboles, iluminación: “Las estrategias del Estado implementadas (agrega Aramis) no han tocado la caja ni la estructura montada por la Policía”, ni han abordado las “alternativas de trabajo para las chicas trans y travestis”. Para el abogado, “es un problema de análisis y diagnóstico. A su vez, es rentable para quienes gestionan las políticas de seguridad, ya que permite apuntar a chivos expiatorios y redefinir y consolidar el rol de la Policía en la gestión diferencial del delito”.

“Nos dejan solas en la esquina”

Son las dos de la madrugada y está oscuro en la vereda de 1 y 67. Alta y morocha, erguida pese al frío. Está sola y no pasan autos. La imagen podría ser una tesis: la calle, la sexualidad y la crisis. Pero hay una cadena antes de llegar a esta esquina: la escuela que las expulsa, la familia que no comprende, la migración (la huida) hacia las grandes ciudades. “El Estado es responsable, pero también la sociedad que legitimó cada una de esas conductas violentas en los lugares donde antes estábamos. Nos dejan solas en la esquina a la noche”, dice Valentina Pereyra, activista puta trans feminista del Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Añade: “Nos matan de las peores maneras y la sociedad es responsable, porque lo que vivimos es producto de su indiferencia”.

Algunas cifras: según el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, en 2018 hubo 147 crímenes de odio hacia la comunidad en Argentina, en su mayoría dirigido a personas trans. Los datos muestran que los ataques crecen año a año, que Buenos Aires es una de las provincias más violentas y que el 41% de los crímenes suceden en la vía pública. Según un trabajo complementario de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans, el 48% de los autores de violaciones a los Derechos Humanos de esta comunidad son funcionarios del Estado (fuerzas policiales y servicio penitenciario). La expectativa de vida es de 35 años.

Un caso testigo: Mónica Mego fue torturada en una cárcel de la Provincia. El Servicio Penitenciario le negó la atención durante meses, hasta que intervino la Justicia y la trasladaron al hospital San Martín de La Plata. Ya era tarde: quedó parapléjica, sin control de esfínteres por el resto de sus días. Los médicos dijeron que, de tratarse a tiempo, se habría evitado. Nacida en Perú hace 36 años, Mónica está internada hoy en el San Juan de Dios.

Tal vez por todo esto, Lohana Berkins, histórica militante travesti, decía que “la lucha es urgente”. En lo inmediato, la comunidad LGBT reclama la inmediata reglamentación del Cupo Laboral Trans, aprobado hace casi cuatro años pero frenado por el gobierno de María Eugenia Vidal. Valentina Pereyra concluye: “El Estado siempre ha estado para meternos presas, pero no para restituirnos derechos. Las personas trans queremos tener posibilidades reales para decidir qué hacer con nuestros cuerpos”. 

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