El cura Lorenzo pide cárcel por la pintada de un mural

En la denuncia que el cura acusado de abuso sexual infantil presentó en marzo pasado, pidió la investigación y el procesamiento a periodistas, pero también a los artistas que realizaron el mural en su contra, en la esquina de 5 y 44. El arte en la mira de la Justicia y la Iglesia, como en épocas del histórico artista León Ferrari

Tal como viene informando Pulso Noticias, en la investigación periodística que lleva a cabo que junto a La Izquierda Diario, la libertad del cura Eduardo Lorenzo pende de un hilo. Tras las denuncias realizadas por las víctimas –hay tres relatos contundentes– quienes detallan los abusos sufridos durante su niñez entre 1993 y 2008, la Justicia reabrió su causa y el Concejo Deliberante local expresó un repudio a la denuncia penal elevada por el párroco contra los y las periodistas que daban voz a estas víctimas.

Pero la causa iniciada el 11 de marzo por quien fuera jefe de los curas de todas las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, y que actualmente está a cargo de la iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet, no solo denuncia a los trabajadores de prensa, sino que también pide una investigación para quienes pintaron un mural en su contra.

Para Lorenzo, se trata de una “campaña difamatoria orquestada”, por lo cual pide al fiscal una Instrucción Penal Preparatoria donde avance con medidas probatorias y el procesamiento de los responsables. Así fue que el Fiscal Marcelo Romero, a cargo de la Fiscalía N°6 tomó el pedido y pidió las imágenes de las cámaras de seguridad, para dar con el paradero de aquellos artistas que el 9 de marzo pintaron la pared de la esquina de 44 y 5 con la cara de Lorenzo y la frase: “Desde el Vaticano a La Plata, basta de curas violadores…Eduardo Lorenzo, Denunciado por abuso, promovido a director de escuela católica”.

El delito de “coacción”, el cual pide Lorenzo, según el artículo 149 bis del Código Penal reza: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión (…) si las amenazas fueren anónimas”.

El pedido de procesamiento para artistas culturales es una medida que avanza sobre derechos humanos mínimos, y significa un intento de censura por parte de la Iglesia Católica. ¿Qué otros casos similares existen?

La obra de una Virgen, secuestrada por la Justicia y el Ejecutivo

En mayo de este año se realizó la muestra “Para todes, tode – Plan de Lucha” en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en Buenos Aires. La “María Feminista”, de la artista Coolpa (Silvia Lucero), era una de las cien obras presentadas. Pero tras una semana de exposición, la Justicia dio lugar a una acción de amparo de un abogado y dictó la censura parcial de la obra: ordenó su traslado a una oficina cerrada, con la prohibición de ingreso a niñes y adolescentes; para verla, se debía solicitar permiso en mesa de entrada. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a cargo de Claudio Avruj profundizó el pedido y ordenó que la obra fuera quitada de forma definitiva sin saber adónde fue trasladada.

En aquel momento el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien patrocinó la defensa de la artista, explicó que “la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dejado en claro que la libertad de expresión protege justamente a aquellas expresiones que chocan, irritan o inquietan a lxs funcionarixs públicxs o a cualquier sector de la población. Los estándares internacionales de derechos humanos ordenan proteger las expresiones de arte crítico, incluso cuando se cuestionan símbolos venerados, como los símbolos patrios o religiosos”. Hoy en día el Estado no da respuestas sobre dónde está la obra de Silvia Lucero.

Una muestra completa cerrada por 18 días

En noviembre del 2004, el reconocido artista plástico fallecido León Ferrari, presentó la muestra “Retrospectiva 1954-2004” en el Centro Cultural Recoleta. Un grupo católico denominado Cristo Sacerdote presentó un pedido de cierre porque constituía “una injerencia arbitraria en la vida privada” de los ciudadanos y la Justicia ordenó el cierre de la muestra completa: la censura de más de 400 obras.

Finalmente, diez días después y con movilizaciones de todo el sector de los derechos humanos, la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña aceptó la apelación del Gobierno de la Ciudad y dejó sin efecto la clausura dispuesta por la jueza de primera instancia Elena Liberatori.

La exposición contenía unas 400 obras de los 50 años de trabajo de Ferrari, las cuales algunas habían sido calificadas como “blasfemas” por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio; y también hubo muchas agresiones contra la muestra y más de una decena de presentaciones judiciales que exigían la clausura. Tras 18 días de censura, ya en los primeros días del 2005, la muestra reabrió.

Comentarios