Lo hizo tras el pedido de la Comisión Provincial por la Memoria, para que se indagara sobre al intervención del Ejecutivo municipal en los momentos posteriores a los hechos, para saber si conocía o fue parte de las acciones de encubrimiento registradas en la investigación
El fiscal Lisandro Damonte, de la UFI Nº de Cañuelas, pidió la apertura de una investigación penal contra la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, en el marco de la causa por la masacre en la que murieron cuatro jóvenes tras ser baleados por efectivos de la Policía bonaerense en aquella localidad.
Según indicó Agencia DIB, el pedido se concretó luego de que la Comisión Provincial por la Memoria y familiares de las víctimas advirtieran sobre la necesidad de indagar sobre la intervención del Ejecutivo en los momentos posteriores a la masacre, para saber si conocía o fue parte de las acciones de encubrimiento registradas en la investigación.
La masacre de Monte ocurrió el 20 de mayo pasado, cuando Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez y Rocío Quagliariello (13) viajaban en un auto Fiat 147 conducido por Carlos Aníbal Suárez (22).
“Por razones aún no determinadas, un grupo de policías comenzó a perseguirlos hasta que, al llegar a la ruta 3, el vehículo impactó contra el acoplado de un camión estacionado, provocando la muerte de cuatro de ellos y heridas graves en Quagliariello. Las autopsias revelaron que si bien cuatro de los cinco jóvenes murieron a raíz de las lesiones producidas por el impacto, uno de los fallecidos también presentaba una herida de bala en un glúteo”, remarcó DIB.
La agencia señala además que “la causa tiene 13 imputados: cuatro policías bonaerenses por homicidio y otros ocho por encubrimiento. Entre ellos, está también el exsecretario municipal de San Miguel Monte acusado por encubrimiento e incumplimiento de deberes del funcionario público”.
La apertura de la nueva investigación incluiría a la intendenta Mayol y a Nelson Barrios, un funcionario del cuerpo de bomberos municipal, por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
A mediados de agosto, fuentes de la causa le habían advertido a DIB que podía haber “más responsables” por el hecho. Entre las posibilidades, mencionaron al jefe de los bomberos, en relación al traslado de cuerpos tras la masacre.
Esta línea de investigación surge por la declaración de la policía Melina Bianco, quien señaló que el subcomisario Franco Micucci ordenó que se levantaran los restos de los fallecidos del lugar de los hechos. “Se limpió la escena”, detallaron las fuentes consultadas a DIB.
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