Cinco ediles expresaron su preocupación por la negativa del Poder Ejecutivo a responder a los pedidos que realizó la UFI Nº17 en el marco de la causa que investiga al ex titular del Concejo Deliberante Fernando Ponce, quien fuera denunciado por coacción sexual y acoso laboral.
Cinco concejalas de la oposición manifestaron su preocupación por la negativa de la Municipalidad a brindar información que oportunamente la Justicia le requirió en el marco de la causa que investiga al ex presidente del Concejo Deliberante Fernando Ponce, quien fuera denunciado por coacción sexual y acoso laboral por parte de una ex empleada municipal.
“Las concejalas abajo firmantes queremos hacer pública nuestra preocupación sobre los hechos de los que tomáramos conocimiento a partir de la nota que la Dra Sofía Caravelos, ingresara a este Concejo Deliberante el día 12 de junio del corriente año”, expresa el principio del escrito firmado por Virginia Rodríguez, Lorena Riesgo, Ana Castagneto, Victoria Tolosa Paz y Florencia Rollié.
La nota que mencionan fue enviada por la Dra Caravelos a la recientemente creada Comisión de Género y Equidad del Concejo Deliberante (ver fotos adjuntas), buscando que las ediles “puedan tener conocimiento de las variadas dificultades que aparecen en la tramitación de una causa cuando el sindicado resulta ser funcionario público y miembro del sector gobernante, que dispone de recursos institucionales para demorar -como en este caso- la investigación”.
La presentación de las concejalas remarca: “La Dra Caravelos, abogada de la joven ex empleada municipal Anabella Beltraccini quién a fines de 2018 denunciara en sede penal al concejal Fernando Ponce por los delitos de coacción sexual y acoso laboral, manifiesta en su nota que a comienzos de abril se solicitaron distintas medidas de prueba, testimonial, documental y de informes para acreditar los hechos de la denuncia que afectaran la integridad sexual de Anabella y explica que hasta la fecha el municipio no ha enviado información alguna lo que representa una dificultad enorme para el avance de la investigación en curso y un claro perjuicio para la víctima”.
En ese marco, le solicitan al Intendente Julio Garro “que arbitre los mecanismos necesarios para que a la brevedad se provea a la justicia de toda la información requerida de manera que quede claro que el estado municipal vela por los intereses de las víctimas y no protege a los victimarios”.
A su vez, señalan: “respecto de lo que describe la Dra Caravelos en referencia a la dificultad que manifiestan los potenciales testigos en aportar datos debido al temor por las represalias que podrían sufrir (ya que en su mayoría son empleados municipales) requerimos al Intendente Garro a que adopte las medidas necesarias de manera de garantizar la integridad personal y laboral de todas aquellas personas que tengan voluntad de suministrar información para que la justicia pueda llevar a cabo su tarea de esclarecer los hechos y castigar al o los culpables”.
“La verdadera conciencia de género no se expresa a partir de declamaciones políticas sino con la realización de acciones concretas para combatir los delitos que vulneran los derechos de las mujeres y castigar a los verdaderos culpables sin importar su filiación política ni el cargo que ocupen”, concluyen las ediles.
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