Los trabajadores del organismo, junto a los de otras dependencias del Ministerio de Gobierno, se encuentran reclamando una urgente recomposición de sus haberes: cobran por debajo de la canasta básica y sus sueldos son menores a los del resto de la administración bonaerense. Desde febrero se encuentran sin respuestas.
El prolongado conflicto salarial que mantienen los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Gobierno con la Gobernación de la Provincia, y que continua sin resolución desde febrero, hace que varias de las actividades que se desarrollan en sus dependencias estén esta semana semi paralizadas a raíz de las medidas de fuerza que el personal necesita tomar para visibilizar la situación.
Desde ayer se encuentran realizando una retención de tareas en la sede central del Registro de las Personas de 1 y 60, la Dirección de Políticas y Seguridad Vial, los juzgados y las delegaciones del interior bonaerense (entre 50 y 60 se adhirieron a la medida). Hoy se movilizaron a la Gobernación y mañana realizarán un paro total de actividades. El jueves, por ser el día del empleado estatal, estas dependencias -al igual que el resto de la administración pública- permanecerán cerradas.
Casi una semana entera en que la atención en estos organismos se ve reducida ante la falta de soluciones de fondo a un reclamo concreto: sus trabajadores y trabajadoras cobran por debajo del resto de los estatales bonaerenses y además sus salarios no alcanzan ni siquiera la canasta básica.
“Hoy un compañero del Ministerio de Gobierno está cobrando, en un régimen de 30 horas, $19.000, y en el régimen de 40 horas, $21.000. La canasta básica está en $30.000. En el resto de la administración el salario está por arriba de ese número. El Ministerio de Gobierno, el Registro de las Personas y todas las dependencias vienen siendo discriminadas en el proceso de recomposición salarial”, relató a Pulso Noticias Juan Portillo, delegado gremial de ATE en el sector.
“El reclamo que estamos sosteniendo tiene que ver con cobrar lo mínimo e indispensable que es la canasta básica”, sintetizó y explicó que si bien llevan varios meses de conflicto hasta el momento todas las respuestas de las autoridades provinciales han sido informales. “Nosotros queremos que se haga una propuesta formal. Que se haga una mesa técnica con los gremios y las autoridades de la provincia y se pueda discutir, como se hace en cualquier otra parte de la administración pública. A partir de ahí podemos descomprimir el conflicto y encontrar una solución, no queremos más reuniones informales si no una reunión formal que por lo menos deje ver un horizonte de resolución”, remarcó.
En ese marco, el personal de estos organismos reclama un porcentaje del 125% sobre el básico del salario por régimen de horario y tareas administrativas, que no perciben respecto a otros empleados alcanzados también por la Ley 10.430, que rige a los estatales bonaerenses.
La disparidad salarial de gran parte de los trabajadores que actualmente dependen del Ministerio de Gobierno se profundizó en 2017, tras la promulgación de cambios en la Ley de Ministerios por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. Varios organismos que pertenecían a Jefatura de Ministros, pasaron a la órbita de Gobierno, y en este cambio los trabajadores de Jefatura comenzaron a percibir un salario superior respecto de los del segundo, diferencia que promedia los $7000.
A su vez, se suma la situación de que algunas de estas dependencias son organismos recaudadores, como el caso del Registro de las Personas, que dirige José Etchart, actual candidato a Senador provincial por Juntos por el Cambio. Sus trabajadores, a diferencia de la mayoría de los organismos de este tipo, no reciben bonificaciones porcentuales por los trámites que allí se realizan, como los DNI, Partidas de nacimiento, Certificaciones como Declaración jurada de Domicilio, Denuncia de Extravío y Certificado de Supervivencia, entre otros.
Actualmente las tasas que deben pagar los ciudadanos por sus trámites se elevaron un 800% respecto a 2018, situación que genera aún mayor malestar en los trabajadores del Registro que ven que la brecha de sus salarios aumenta en desproporción a quienes se desempeñan en los demás ministerios de la Provincia.
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